Andaluc¨ªa convoca otra ronda de ¡®contratos expr¨¦s¡¯ por orden de llegada y excluye a embarazadas o mayores de 60 a?os

A las 15.00 horas de este mi¨¦rcoles expiraba el plazo de 24 horas otorgado por la Junta de Andaluc¨ªa para inscribirse en una convocatoria p¨²blica para cubrir 278 plazas de funcionarios interinos al cuerpo general de administrativos. Se trata de la ¨²ltima tanda de contratos expr¨¦s que el Gobierno regional ha ofertado en los ¨²ltimos meses en los que las plazas se adjudican por riguroso orden de presentaci¨®n de la solicitud, que carecen de anuncio previo y que excluye a mujeres embarazadas o en per¨ªodo de lactancia, a los mayores de 60 a?os y a quienes sufran un determinado tipo de enfermedades, como la diabetes o la hipertensi¨®n.

La Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa ha abierto ya una investigaci¨®n sobre este tipo de contrataciones a instancia de una denuncia formulada por CGT. El PSOE y los sindicatos CC OO y CSIF han presentado tambi¨¦n sendas denuncias ante el Tribunal Contencioso Administrativo para paralizar estas convocatorias y sus efectos, mientras que Adelante Andaluc¨ªa ha pedido a la C¨¢mara de Cuentas que indague sobre la legalidad de este peculiar mecanismo de contrataci¨®n.

Estos procesos de selecci¨®n, cuya convocatoria desaparece de la web casi antes de que expire el exiguo plazo de 24 horas para presentar las candidaturas, que solo prima el orden de llegada, sin reconocer criterios como el m¨¦rito o la capacidad, y que adem¨¢s excluye a un amplio sector de la poblaci¨®n por considerarlo de riesgo - cuando la propia Administraci¨®n regional tiene teletrabajando esos colectivos- son puestos en duda, no solo por los grupos pol¨ªticos y los agentes sociales, sino por expertos y profesionales en derecho que cuestionan su constitucionalidad y advierten de una falta de transparencia que aviva las sospechas de ¡°enchufismo¡±.

La Junta de Andaluc¨ªa defiende este sistema de selecci¨®n ampar¨¢ndose en que est¨¢ avalado por un acuerdo suscrito en el arranque de la pandemia con los sindicatos para articular un procedimiento que agilizara los tr¨¢mites para la contrataci¨®n de interinos y personal temporal en el marco de la emergencia de la salud p¨²blica ocasionada por la covid. Sin embargo, las m¨¢s de mil plazas -seg¨²n las estimaciones de los sindicatos- ofertadas a trav¨¦s de estas convocatorias expr¨¦s exceden el ¨¢mbito de esa emergencia sanitaria ya que se han ofertado puestos para archivero, arquitectos, t¨¦cnicos de pesca, veterinarios, ingenieros agr¨ªcolas, t¨¦cnicos en prevenci¨®n de riesgos laborales o conservadores de patrimonio.

¡°Es un absoluto desprop¨®sito¡±, explica Jes¨²s Cruz Villal¨®n, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. ¡°Se puede hacer un sistema m¨¢s ¨¢gil y m¨¢s flexible para la contrataci¨®n, pero no sin respetar la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que las convocatorias dentro de la Administraci¨®n P¨²blica deben someterse al principio de igualdad, no pueden tener sesgo discriminatorio y el procedimiento debe ser de concurrencia y por m¨¦rito y capacidad. Nada de esto se da en ning¨²n caso¡±, concluye.

Los sindicatos se han desmarcado de la justificaci¨®n ofrecida por la Administraci¨®n. ¡°El acuerdo se firm¨® a mediados de marzo, en pleno estado de alarma, para cubrir de manera r¨¢pida las bajas o las necesidades de hospitales, residencias, centros sociosanitarios o de menores, que eran los que estaban m¨¢s expuestos al covid, pero cuando pas¨® esa situaci¨®n, reclamamos que se volviera a la normalidad¡±, explica Esperanza Morales, secretaria de Administraci¨®n Auton¨®mica y Sector P¨²blico Andaluz de UGT. La Junta modific¨® el decreto en abril y extendi¨® la posibilidad de realizar estas convocatorias mientras durara el ¡°estado de emergencia sanitaria¡±. El consejero de la Presidencia, El¨ªas Bendodo, lleg¨® a asegurar a mediados de julio que su Gobierno utilizar¨ªa este sistema para realizar 1000 contrataciones temporales para ¡°agilizar la carga administrativa de proyectos vinculados a la recuperaci¨®n econ¨®mica y la creaci¨®n de empleo¡±.

Opacidad y falta de justificaci¨®n

¡°Para poder llevar a cabo la contrataci¨®n de personal funcionario interino en los t¨¦rminos que se pretende, sin valorarse siquiera la trayectoria profesional de los aspirantes, su capacidad al puesto ni sus conocimientos, se deber¨ªa de haber acreditado una emergencia en su contrataci¨®n y que el servicio a prestar resultara ser esencial en las circunstancias sanitarias que atravesamos. Sin embargo, ninguna justificaci¨®n se ha producido al respecto¡±, asegura Antonio Ben¨ªtez Ostos, abogado especialista en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, quien asegura que estas convocatorias ¡°pueden presentar vicios de nulidad de pleno derecho¡±. En el caso de la convocatoria de 24 horas -del 8 al 9 de julio- para cubrir 10 plazas de conservador de patrimonio, el abogado incide: ¡°No se justifica que quede enmarcada en la situaci¨®n de emergencia de salud p¨²blica ocasionada por la covid, ni la urgencia o la necesidad imperiosa en su contrataci¨®n ni su relaci¨®n con la pandemia, lo que impedir¨ªa, por tanto, hacer uso del procedimiento de selecci¨®n extraordinario que se est¨¢ siguiendo¡±.

Los sindicatos han solicitado a la Administraci¨®n que se les facilite el orden de recepci¨®n de las solicitudes, pero la Junta esgrime el derecho a la protecci¨®n de datos para no entregarlo. ¡°El riesgo de que estas convocatorias se las comuniquen primero a conocidos es enorme, porque no se puede controlar que los aspirantes no tengan informaci¨®n privilegiada para presentarse antes, dada la poca anticipaci¨®n con la que se publican los anuncios y el poco tiempo para presentarse¡±, argumenta el profesor Cruz Villal¨®n. ¡°La sospecha no es por ser maledicente y para evitarlas establece la Constituci¨®n los requisitos de igualdad, concurrencia, m¨¦rito y capacidad, para evitar enchufismos¡±, a?ade.

La opacidad no solo est¨¢ en el control del orden de llegada de las presentaciones, sino en que previamente a la adopci¨®n de este mecanismo de selecci¨®n debe acreditarse que no hay aspirantes en las bolsas de interinos de las distintas administraciones. ¡°No hay forma de poder averiguar si se ha agotado la lista, desde la Administraci¨®n pueden alegar que se les llam¨® y no estaban en casa¡±, explica Pablo L¨®pez del Amo, coordinador del sector de Administraci¨®n Auton¨®mica de CC OO Andaluc¨ªa. Los sindicatos consultados aseguran que a finales de julio, cuando ya se hab¨ªan publicado varias convocatorias expr¨¦s hab¨ªa candidatos en casi todas las bolsas de trabajo relacionadas con las plazas ofertadas.

Tambi¨¦n excluidas del teletrabajo

Otro de los reproches de sindicatos y partidos pol¨ªticos es la falta de control previo por parte de la Administraci¨®n, ya que estos contratos no est¨¢n sujetos a la fiscalizaci¨®n previa por parte de la Intervenci¨®n General, tal y como se estipula en la orden que los regula. Para Adelante Andaluc¨ªa esta circunstancia podr¨ªa incentivar una malversaci¨®n de los fondos p¨²blicos.

La decisi¨®n de excluir de estos procedimientos de selecci¨®n a los que padezcan ¡°diabetes; enfermedad cardiovascular, incluida hipertensi¨®n; enfermedad hep¨¢tica, pulmonar, renal, neurol¨®gica o neuromuscular cr¨®nicas, inmunodeficiencia, c¨¢ncer¡± o ser ¡°mujer embarazada o en per¨ªodo de lactancia o mayor de 60¡±, ha sido argumentada por la Junta en que son colectivos de riesgo a los que se trata de proteger y que estaban reconocidos en la Resoluci¨®n de la Secretar¨ªa General para la Administraci¨®n P¨²blica de 13 de marzo de 2020. En aquella disposici¨®n se les ofrec¨ªa a estas personas la posibilidad de teletrabajar. De los 270.094 empleados p¨²blicos de la Junta de Andaluc¨ªa, el 13% est¨¢ autorizado a trabajar desde casa. Entre ellos se encuentran los m¨¢s vulnerables ante el coronavirus. En la ¨²ltima convocatoria que expiraba esta tarde, sin embargo, para los puestos expr¨¦s se ha introducido espec¨ªficamente la condici¨®n de que los aspirantes deber¨¢n "trabajar presencialmente

¡°La exclusi¨®n de estos colectivos supone tambi¨¦n una discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, edad y discapacidad¡±, advierte Cruz Villal¨®n. ¡°El Tribunal Constitucional en un caso en el que la Administraci¨®n no contrat¨® a una mujer embarazada por tener un embarazo de riesgo dictamin¨® que esto era discriminatorio y que hab¨ªa que contratar y luego asignarle un puesto adaptado a las circunstancias y sus dificultades¡±, abunda. El profesor recuerda que para las personas de riesgo en la funci¨®n p¨²blica se establece la posibilidad del teletrabajo, otra opci¨®n que las convocatorias expr¨¦s de la Junta soslayan.