La empresa que paraliz¨® la mina de Aznalc¨®llar suma conflictos en cuatro comunidades aut¨®nomas

Las sombras de la sospecha planean sobre Emerita Resources, la empresa de matriz canadiense que paraliz¨® la explotaci¨®n de la mina de Aznalc¨®llar (Sevilla), al ser admitida a tr¨¢mite la denuncia de cohecho que present¨® contra los miembros de la mesa de contrataci¨®n y cargos directivos de la Junta de Andaluc¨ªa tras no lograr su concesi¨®n en 2015. La investigaci¨®n del caso, reabierto por la Audiencia Provincial el pasado octubre tras haber sido cerrado dos veces, ha descubierto una operativa que pone en tela de juicio a la compa?¨ªa, que tambi¨¦n arrastra conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logr¨® la adjudicaci¨®n de explotaciones que luego no ha desarrollado. Los informes de auditor¨ªa revelan, adem¨¢s, que carece de capacidad para afrontar las inversiones a las que se hab¨ªa comprometido, seg¨²n se ha desvelado durante el proceso judicial.

Emerita Resources es una empresa minera canadiense que cotiza en el mercado burs¨¢til de Toronto para firmas mineras de peque?a dimensi¨®n dedicadas a la exploraci¨®n y explotaci¨®n de materias primas. La filial espa?ola tiene su sede en Sevilla y su cara visible es el ge¨®logo Joaqu¨ªn Merino, quien gan¨® notoriedad por la denuncia que present¨® en 2015 contra la adjudicaci¨®n por la Junta de Andaluc¨ªa de la mina de Aznalc¨®llar al gigante minero Grupo M¨¦xico. La denuncia ha sido reabierta dos veces por la sala s¨¦ptima de la Audiencia Provincial, que preside la juez Mercedes Alaya, tras prosperar los recursos presentados por Emerita. La juez, que cobr¨® popularidad por instruir el caso de los ERE, consider¨® que quedaban asuntos por investigar y orden¨® reabrir el caso en octubre.

Ante eso, la juez titular del juzgado n¨²mero 3 de Sevilla, Patricia Fern¨¢ndez, volvi¨® a llamar a los imputados, que mantuvieron sus declaraciones anteriores. Entre ellos figura Vicente Fern¨¢ndez, quien era secretario general de Innovaci¨®n, Industria y Energ¨ªa de la Junta cuando se realiz¨® la adjudicaci¨®n y que tuvo que dimitir de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta circunstancia. Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se remiti¨® al informe realizado en las investigaciones anteriores, durante las cuales sali¨® a la luz el modus operandi del grupo minero. Ahora, una vez terminada la instrucci¨®n, se est¨¢ a la espera de que la juez Fern¨¢ndez dicte el auto que se presume definitivo.

Todo se remonta al concurso celebrado en 2015. En contra de lo que estim¨® la mesa de contrataci¨®n a la que acusa de cohecho, Emerita considera que es ¡°el ¨²nico licitador cualificado restante en el concurso de Aznalc¨®llar y que, de acuerdo con la legislaci¨®n espa?ola, deber¨ªa adjudic¨¢rsele el proyecto¡±. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada porque no contaba con la solvencia econ¨®mica ni t¨¦cnica que se exig¨ªa en el concurso, seg¨²n se apreci¨® entonces. En las bases del citado concurso se establec¨ªan, entre otros requisitos, unos fondos propios de al menos el 30% del importe del proyecto (es decir, 196 millones de euros) y una cifra global de negocios en los ¨²ltimos tres a?os superior al triple del importe del presupuesto del anteproyecto.

Exigencias que, seg¨²n calific¨® la mesa, no cumpl¨ªa Emerita Espa?a: en el ejercicio 2015 tuvo unas p¨¦rdidas de 402.889 euros, que se acumulaban a las de a?os anteriores, y su patrimonio neto era negativo en 1,7 millones. En a?os posteriores sigui¨® obteniendo p¨¦rdidas que obligaron a la sociedad a realizar ajustes contables y saneamientos. La matriz tambi¨¦n acumula p¨¦rdidas (casi 17 millones de d¨®lares canadienses, unos 10,9 millones de euros, en el ¨²ltimo trimestre) con un alto nivel de endeudamiento que hace necesario obtener financiaci¨®n para continuar con su actividad, seg¨²n sus informes de gesti¨®n.

Inversiones que no llegan

El proceso judicial ha permitido desvelar que los informes de auditor¨ªa de sus cuentas, realizados por la firma McGovern Hurley, incluyen una advertencia expresa que pone en duda la ¡°capacidad de la empresa para continuar sus actividades¡± y llega a afirmar que, con los estados financieros de 31 de diciembre de 2019, ¡°Emerita Resources Corp. y sus filiales no cumplen con el requisito exigido por la Bolsa de Valores de Toronto de disponer de recursos financieros suficientes para el desarrollo de su actividad¡±. Seg¨²n estos, se pone en duda la propia viabilidad de la compa?¨ªa. Y subraya que no ten¨ªa solvencia para llevar a cabo las millonarias inversiones anunciadas en diferentes explotaciones en Espa?a. Este peri¨®dico ha tratado, sin ¨¦xito, de recabar la versi¨®n de la empresa.

A ello hay que a?adir que Emerita, una empresa creada en 2009 y presente en Espa?a desde 2012, no contaba con experiencia en la explotaci¨®n minera a la que se enfrentaba, seg¨²n consider¨® la mesa de contrataci¨®n. En el sector es conocido que, adem¨¢s de este episodio judicial que ha paralizado durante cinco a?os la actividad en Aznalc¨®llar, apenas ha desarrollado ning¨²n trabajo de investigaci¨®n o de extracci¨®n de minerales a las que se hab¨ªa comprometido en otras tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria), donde gan¨® adjudicaciones que posteriormente no ejecut¨®, dejando inactivas las comarcas mineras que se hab¨ªan esperanzado con las inversiones prometidas.

En el caso de Cantabria, Emerita desembarc¨® en 2017 anunciando que reabrir¨ªa la mina de zinc existente en el municipio de Reoc¨ªn, cerca de Torrelavega, que explot¨® durante d¨¦cadas Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo canadiense, en una joint venture con la constructora Aldesa, anunciaron la creaci¨®n de m¨¢s de 2.000 empleos y una inversi¨®n superior a los 600 millones de euros. Tras ganar la adjudicaci¨®n que sac¨® a concurso el Gobierno regional frente a otros seis candidatos y conseguir los oportunos permisos, asegur¨® que realizar¨ªa 145 sondeos mediante la inversi¨®n de los primeros 17 millones. Sin embargo, solo consum¨® seis que, al no dar los resultados esperados, frenaron los siguientes experimentos. El flagrante incumplimiento de los compromisos llev¨® a la Administraci¨®n regional a denegar la pr¨®rroga de los permisos, que se hab¨ªan concedido por un periodo de 13 meses, en febrero de este a?o. Tres a?os perdidos para la posible reanudaci¨®n de la explotaci¨®n minera, que hab¨ªa creado expectativas adem¨¢s en municipios vecinos (Alfoz de Lloredo y Ud¨ªas) con explotaciones cerradas.

Llov¨ªa sobre mojado. En Asturias, en 2015, Emerita hab¨ªa dejado de ejecutar uno de los permisos de investigaci¨®n otorgado por el Gobierno del Principado al no afrontar el pago de la fianza de algo m¨¢s de 12.000 euros que exig¨ªa la legislaci¨®n minera. Todav¨ªa es m¨¢s significativo que desde 2017 hasta el pasado 31 de julio, la filial espa?ola de la empresa canadiense haya dejado de investigar los recursos mineros de oro y cobre existentes en 2.600 hect¨¢reas de Pola de Allande, en el occidente asturiano, donde tambi¨¦n han visto desvanecerse las expectativas.

En Extremadura, por su parte, fue el fondo Forbes & Manhattan el que solicit¨® el permiso para investigar yacimientos de oro en los municipios de Casas de Don Pedro y Talarrubias y luego se los cedi¨® a Emerita que, sin embargo, no desarroll¨® ninguna actividad. El pasado enero la Junta de Extremadura resolvi¨® cancelar su relaci¨®n por el incumplimiento de plazos y condiciones tras varios requerimientos ocho a?os despu¨¦s de la concesi¨®n de los permisos mineros que hab¨ªa concedido.

Mismo patr¨®n

En los tres casos los c¨¢nones de actuaci¨®n siguen el mismo patr¨®n. La empresa ¡ªrespaldada por el citado fondo de inversi¨®n tambi¨¦n canadiense Forbes & Manhattan, cuya existencia al igual que la Emerita fueron verificadas por las autoridades auton¨®micas antes de la concesi¨®n¡ª presenta un proyecto en el que se compromete a investigar los recursos mineros. Sin embargo, una vez obtenidos los correspondientes permisos, entra en una situaci¨®n de impasse, mientras especula en el mercado burs¨¢til de empresas mineras junior existente en Toronto para multiplicar su valor. Fuentes relacionadas con el caso refieren, adem¨¢s, que en la p¨¢gina web de la empresa y en la informaci¨®n ofrecida a la Bolsa de Toronto la empresa afirma que contin¨²a ostentando derechos mineros que ya le han sido caducados. As¨ª, por ejemplo, contin¨²a simulando, apoy¨¢ndose en fotograf¨ªas y presentaciones corporativas, que ostenta los permisos de investigaci¨®n del mineral de zinc que el Gobierno de Cantabria le retir¨® en febrero de este a?o.

Este comportamiento, en el que se mantiene la cotizaci¨®n de sus acciones, puede significar la comisi¨®n de un presunto delito de fraude tipificado en el C¨®digo Penal, pues ofrece a los peque?os inversores la apariencia de ostentar derechos mineros que les fueron retirados por las Administraciones p¨²blicas ante la completa par¨¢lisis en que hab¨ªan sumido a los territorios donde dec¨ªan que estaban investigando el mineral.

En todo caso, la operativa es motivo de preocupaci¨®n de las administraciones mineras, que subrayan que las resoluciones de las Administraciones auton¨®micas que han expulsado a Emerita de sus territorios no siempre est¨¢ al alcance de todos los potenciales inversores, quienes pueden, en cambio, confiar en la apariencia de solvencia de esta clase de empresas. Puede dar fe de ello el presidente c¨¢ntabro, Miguel ?ngel Revilla, quien el pasado 10 de febrero afirm¨® contundentemente: ¡°Nosotros no sabemos de miner¨ªa, son ellos [Emerita Resources] los que dijeron que hab¨ªa unas buenas perspectivas¡±.