La Audiencia Nacional propone juzgar al presidente de Urbas y otras 15 personas por estafa

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama ha propuesto juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ib¨¢?ez, y a otras 14 personas f¨ªsicas y 7 jur¨ªdicas por presunta estafa y delito societario en la ampliaci¨®n de capital por un importe de 384 millones de euros de julio de 2015.

El magistrado pone fin con el auto a una instrucci¨®n que se inici¨® en 2017 mediante una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre las supuestas irregularidades en la ampliaci¨®n de capital, que se aportaron mediante activos ¡°sobrevalorados¡± de Aldira Inversiones Inmobiliarias. Entiende que se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y los consumidores, delitos societarios y administraci¨®n desleal. En su resoluci¨®n, adem¨¢s de las personas f¨ªsicas, Calama propone juzgar a siete mercantiles, entre ellas Urbas Grupo Financiero SA y Grant Thorton SLP.

Calama explica que el origen de este procedimiento es la ampliaci¨®n de capital de Urbas Grupo Financiero, sociedad cotizada en la Bolsa de Madrid, mediante aportaciones no dinerarias aprobadas en la junta general celebrada el 10 de julio de 2015 para absorber a la mercantil Aldira Inversiones Inmobiliarias SL. Se?ala que los accionistas de Aldira recib¨ªan el 92% de las acciones del capital de la sociedad resultante (Urbas), una vez integradas las combinaciones de negocios, trat¨¢ndose, por tanto, de una adquisici¨®n inversa de combinaciones de negocio.

As¨ª, la operaci¨®n ten¨ªa el objetivo de absorber a Aldira, una sociedad de ¡°nueva creaci¨®n titular de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades¡±. En este proceso, a?ade, una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad vinculada, y un porcentaje superior al 70% de las nuevas acciones de Urbas correspond¨ªan a entidades vinculadas a los administradores.

En uno de los informes emitidos por el consejo de administraci¨®n ante la ampliaci¨®n de capital, recoge Calama, se aseguraba que hab¨ªa unas ¡°plusval¨ªas no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operaci¨®n¡± en las sociedades integradas en Aldira.

¡°Ciertamente el enga?o es el nervio y alma de la infracci¨®n¡±, afirma el magistrado, que ve indicios de delito por la vinculaci¨®n estrecha entre las sociedades antes de la integraci¨®n y porque los accionistas mayoritarios de ambas firmas eran las ¡°mismas personas¡±.

Esto se une, a?ade el juez, a la ¡°grosera sobrevaloraci¨®n¡± de los inmuebles contenida tanto en los informes emitidos por el consejo de administraci¨®n de Urbas como de la firma asesora Grant Thorton. Adem¨¢s, insiste el auto, ¡°la mayor¨ªa de los informes de tasaci¨®n de los inmuebles integrados en Urbas se encontraban caducados en el momento de emitir el informe¡±.

Enga?o a los accionistas

Para el juez, los informes se expidieron ¡°con conocimiento de que conten¨ªan una ficticia sobrevaloraci¨®n de los activos inmobiliarios de Aldira y, por tanto, conllevando un enga?o hacia los accionistas de Urbas, obteniendo a trav¨¦s de estos mendaces el voto favorable de los socios a la propuesta de ampliaci¨®n¡±. Dicha irregularidad habr¨ªa servido adem¨¢s para justificar la posterior puesta en circulaci¨®n de las acciones creadas.

La ampliaci¨®n tambi¨¦n generaba ¡°un evidente perjuicio a todos los socios que no tuvieran participaci¨®n en Aldira¡±, ya que dilu¨ªa su participaci¨®n en Urbas. Adem¨¢s, Calama investiga la presunta venta irregular de cuatro fincas a Urbas por valor de 11,2 millones de euros, el mismo d¨ªa que hab¨ªan sido adquiridas por terceros por 562.240 euros, una operaci¨®n en la que la mercantil result¨® perjudicada en m¨¢s de 10 millones de euros.

As¨ª, el auto afecta al entonces presidente de Urbas, Juan Antonio Ib¨¢?ez, el que fuera su n¨²mero dos y ahora presidente de la firma, Juan Antonio Acedo, y otras 14 personas f¨ªsicas y 7 jur¨ªdicas.