El nuevo decreto antidesahucios incluir¨¢ a personas vulnerables sin contrato de alquiler

La negociaci¨®n del nuevo decreto antidesahucios avanza. Las conversaciones entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que tiene las competencias estatales en Vivienda) y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales ¡ªdirigidos respectivamente por el PSOE y Unidas Podemos, las dos almas del Ejecutivo de coalici¨®n¡ªhan sido continuas en los ¨²ltimos d¨ªas para perfilar un acuerdo en el que quedan escollos por superar. Pero uno de ellos ya no estar¨¢ sobre la mesa en la reuni¨®n prevista para este mi¨¦rcoles. Seg¨²n fuentes de Transportes, hay coincidencia en que la norma contemple tambi¨¦n casos de personas que ocupan viviendas en precario, es decir, sin contrato de alquiler ni ning¨²n t¨ªtulo jur¨ªdico que les habilite para residir en esa casa.

Esta era una condici¨®n que pon¨ªa Unidas Podemos, de hecho se contemplaba en la enmienda presupuestaria que present¨® junto a ERC y Bildu, y era considerada hasta hace poco como uno de los principales obst¨¢culos para el acuerdo por ambas partes. Seg¨²n las fuentes antes citadas, partiendo siempre de la base de que nadie se quede en la calle en un momento en que las autoridades piden a la gente que permanezca en casa por la pandemia, la propuesta del Ministerio que preside Jos¨¦ Luis ?balos es que el decreto contemple dos situaciones diferentes, en funci¨®n de si el hogar al que se pide desahuciar tiene o no contrato de alquiler.

En el primer caso, que b¨¢sicamente se refiere a inquilinos que no pagan, la novedad consistir¨ªa en ampliar las medidas actuales a personas que ya eran vulnerables antes de la emergencia sanitaria. El pasado marzo el Gobierno aprob¨® medidas que impiden expulsar a inquilinos vulnerables por la pandemia, que luego se ampliaron en dos ocasiones y actualmente contemplan su aplicaci¨®n hasta el 31 de enero. Pero para que esa moratoria sobre el desalojo surta efecto, el arrendatario tiene que demostrar que su vulnerabilidad deriva de la covid (por verse afectado por un ERTE o despido posterior al inicio del primer estado de alarma y que sus ingresos hayan ca¨ªdo sustancialmente). El futuro decreto simplificar¨¢ eso y bastar¨¢ con acreditar la vulnerabilidad para que el juez suspenda la ejecuci¨®n del lanzamiento temporalmente. ?Hasta cu¨¢ndo? La propuesta de Transportes es hacerlo hasta la fecha en que finaliza el actual estado de alarma, el 9 de mayo.

La segunda parte de la normativa antidesahucios debe dar respuesta a aquellas situaciones en que las familias desahuciadas se encuentran en circunstancias tan precarias que ni siquiera tienen un contrato de alquiler. Transportes busca que este supuesto se diferencie claramente del anterior y se encauce de manera distinta, por lo que falta por definir mucha letra peque?a en el pacto. El Ministerio propone que el juez pueda paralizar temporalmente un desalojo hasta que la familia tenga un lugar alternativo donde vivir. Actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la ejecuci¨®n de los lanzamientos por parte de los juzgados, ya contempla algo parecido, aunque solo durante un periodo de tiempo determinado (un mes si el propietario es un particular y tres si es una empresa) tras el cual el proceso contin¨²a aunque no se haya encontrado una alternativa.

Alternativa ¡°efectiva¡±

Ese es precisamente uno de los aspectos que faltan por definir, seg¨²n una fuente conocedora de las negociaciones. Unidas Podemos cree que debe haber ¡°una alternativa habitacional efectiva¡±. En ocasiones sucede que una familia es desahuciada cuando ya tiene concedida una vivienda social, pero dicho derecho todav¨ªa no se ha hecho efectivo. La manera de garantizar que ninguna persona familia sea expulsada de una casa sin tener otra y tambi¨¦n el periodo en el que se aplicar¨¢n estas medidas est¨¢n por acordarse.

S¨ª hay coincidencia en que solo se aplicar¨¢ a hogares en los que los servicios sociales determinen una situaci¨®n de vulnerabilidad. Este es un requisito imprescindible para que la futura norma no se confunda con una validaci¨®n de otras formas de ocupaci¨®n ilegal de viviendas. A Transportes le preocupa que una regulaci¨®n demasiado laxa al respecto cree ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± y esta redunde en que algunos propietarios retiren casas del mercado de arrendamiento, lo que reducir¨ªa una oferta ya de por s¨ª escasa en algunas ciudades.

Tambi¨¦n hay qu¨®rum en que deben ser las comunidades aut¨®nomas las principales responsables de poner sobre la mesa esas alternativas habitacionales. La mayor¨ªa de competencias de vivienda est¨¢n transferidas y son estas las que gestionan los parques p¨²blicos. Espa?a, con solo un 2,5% de vivienda social, tiene uno de los parques m¨¢s escasos de Europa, lo que complica la soluci¨®n al problema. Pero el Gobierno recuerda que recientemente se modific¨® el plan estatal para reforzar este aspecto y se han dotado fondos especiales por la covid que de momento solo han puesto en marcha unas pocas autonom¨ªas (Andaluc¨ªa, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura).

¡°Nos hemos acercado mucho¡±, valoran las citadas fuentes de Transportes, que creen que en la hip¨®tesis m¨¢s optimista el acuerdo podr¨ªa cerrarse este mismo mi¨¦rcoles. La otra fuente consultada apunta sin embargo a lo que todav¨ªa queda por definir como prueba de que el pacto a¨²n puede envenenarse. Y recuerda que el decreto debe incluir tambi¨¦n medidas para evitar el corte de suministros b¨¢sicos (agua, luz, gas), para lo que se llevan en paralelo conversaciones entre representantes de Unidas Podemos y del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica, dirigido por la socialista Teresa Ribera.