La vulnerabilidad frente a los desahucios: ¡°No estamos viviendo, estamos sobreviviendo¡±

¡°Llevo 17 a?os en Espa?a y jam¨¢s he pedido ayudas. Hasta que lleg¨® la pandemia, y tuve que pedir todas¡±, dice Yerkenia Ortiz, de 39 a?os y en paro, preocupada de que la echen del piso en el que vive junto a sus cinco hijos, en el distrito madrile?o de Puente de Vallecas. ¡°Me despierto cada ma?ana sin saber si dormiremos esa noche en la calle¡±, lamenta esta mujer dominicana. Ortiz entr¨® a vivir en el piso con un contrato falso, un caso de estafa com¨²n: te alquila la casa alguien que no es el due?o, y luego desaparece.

Un portavoz de Uni¨®n de Cr¨¦ditos Inmobiliarios (UCI) explica que el piso ha sido vendido a un nuevo propietario, quien ha ofrecido retirar la denuncia si se marcha. ¡°Si no tengo dinero para comer, ?c¨®mo voy a tenerlo para pagar un piso? No estamos viviendo, estamos sobreviviendo¡±, explica Ortiz, que ha declinado la oferta. Pilar Clua, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, se?ala que la pandemia no ha incrementado los casos de estafa, sino que los ha destapado. En plena crisis, los afectados no pueden presentar un contrato de alquiler y por tanto no se benefician de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para paliar la crisis. Ortiz lleva tres a?os en paro y no entra dentro de los criterios de vulnerabilidad por covid, porque su situaci¨®n ya era precaria antes. ¡°El subsidio de 430 euros se me termin¨® en marzo. Desde agosto solo cobro 285 euros del Ingreso M¨ªnimo Vital. Con cinco hijos a mi cargo, deber¨ªa estar en los 1.015 euros, pero hay un caos administrativo¡±, se queja. ¡°Estoy abandonada por el sistema¡±.

¡°Se han olvidado de la gente vulnerable antes de la pandemia¡±, sentencia Natalia Palomar, abogada de la organizaci¨®n Provivienda. La pobreza genera muchas veces una gran factura emocional. ¡°Siento que soy una m¨¢quina. Sin ocupaci¨®n, dependiendo de otros, y siempre preocupada por si ma?ana me quitar¨¢n la casa. Siempre agitada¡±, narra entre l¨¢grimas Ortiz.

¡°Nos tratan como n¨²meros, no como personas¡±

A Maite Badenes, de 45 a?os, la desahuciaron el 11 de noviembre del piso de Fuenlabrada en el que viv¨ªa junto a su madre ¡ªpropietaria del domicilio desde 1980¡ª y sus dos hijas menores. Badenes pidi¨® un cr¨¦dito de 27.000 euros en 2015 para abrir un restaurante. El negocio quebr¨® y no pudo devolver el pr¨¦stamo, con lo que se ejecut¨® el aval hipotecario: la casa de su madre. La vivienda entr¨® a subasta y la adquirieron en 2019 tres fondos. Maite intent¨® llegar a un acuerdo con ellos, sin ¨¦xito. Le ofrecieron 3.000 euros y una noche de hotel si se marchaban. ¡°La pandemia ha precipitado el desastre¡±, explica.

¡°Nos tratan como n¨²meros, no como personas¡±, denuncia esta madrile?a. Badenes es v¨ªctima de violencia de g¨¦nero y vive con miedo desde que su agresor sali¨® en octubre de la c¨¢rcel. Actualmente se aloja con su madre en el domicilio de una amiga, vecina de Fuenlabrada. Sus dos hijas viven temporalmente con compa?eras del colegio. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Madrid les ofreci¨® un piso de acogida, pero Badenes lo rechaz¨®. ¡°Quer¨ªan enviar a mi madre a una residencia. Nos ofrecen parches¡±, explica la afectada. Y a?ade: ¡°Antes de producirse un desahucio, deber¨ªan obligar a las dos partes a negociar y mirar las condiciones personales de ambas¡±.

¡°Cuando te echan de tu vivienda no acaba el proceso, comienza otro muy tortuoso¡±, se?ala Daniel Vega, portavoz de la plataforma Stop Desahucios. Vega remarca la dificultad de los ciudadanos vulnerables para acceder a viviendas a precio de mercado, un problema que ya exist¨ªa, pero que se ha agudizado con la crisis de la covid-19. Maite Badenes cuenta que ha conseguido un alquiler en Torrijos (Toledo), que pagar¨¢n con el subisidio que recibe y la pensi¨®n de su madre. ¡°Gastaremos m¨¢s de la mitad de los ingresos en el alquiler. No nos queda otra que malvivir¡±, denuncia.

¡°Solicitamos ayudas econ¨®micas que nunca llegan. Hay un vac¨ªo legal¡±

¡°Llevamos seis a?os en este piso, y nos quieren echar en plena pandemia¡±, dice Ismael Garrig¨®s, de 43 a?os. ¡°Me da miedo pasar las navidades en la calle¡±, agrega su pareja, Dilcia Aguilar, de 36 a?os. Viven en un piso del distrito madrile?o de Legazpi junto a sus dos hijos menores desde 2014, cuando la PAH negoci¨® con la gestora Solvia un alquiler social en 11 inmuebles. Ahora el contrato se ha acabado y el banco propietario ofrece como alternativa venderles el piso, pero los 48.000 euros que pide son inasumibles para ellos. El ¨²nico ingreso estable es el sueldo de ¨¦l: 733 euros netos como vigilante de seguridad. Para Aguilar, empleada de limpieza que encadena contratos temporales y precarios, el trabajo se ha vuelto m¨¢s incierto con la covid. ¡°Han puesto la vivienda a la venta por un precio ¨ªnfimo, buscan desentenderse lo antes posible¡±, denuncia Garrig¨®s, quien sabe que esa venta acelera su salida.

La familia recibe apoyo de organizaciones como la PAH o Cruz Roja. ¡°Nos asesoran legalmente, nos dan comida, le ofrecen a nuestro hijo refuerzo escolar gratis¡±, explica la pareja. ¡°Se est¨¢ dando una atenci¨®n desde servicios sociales, cuando lo que se tiene que dar es recursos y apoyo desde las pol¨ªticas de vivienda¡±, abunda Natalia Palomar, de Provivienda. La solicitud de ayuda al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) que la familia ha enviado hace meses sigue sin recibir respuesta. ¡°La vivienda deber¨ªa ser la primera medida sanitaria para protegernos de la enfermedad. Ahora mismo los desahucios son un peligro para todos¡±, zanja Garrig¨®s.