El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula el ERE de Alcoa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG) ha anulado este jueves el despido colectivo a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario de Alcoa en la localidad lucense de Cevo. El TSXG informa de que la compa?¨ªa deber¨¢ reincorporar a todos los empleados afectados y abonar los salarios que debieron percibir, aunque Alcoa matiza que no har¨¢ falta porque los despidos no llegaron a ejecutarse. El tribunal acept¨® los argumentos de los sindicatos CC OO, UGT y CIG de que la empresa llev¨® con ¡°mala fe¡± las negociaciones para el ERE y la posibilidad de venta de la f¨¢brica al grupo brit¨¢nico GFG Alliance o a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La direcci¨®n de la estadounidense considera que actu¨® de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley, por lo que revisar¨¢ el fallo para determinar sus pr¨®ximos pasos.

La decisi¨®n podr¨ªa ser la clave para el futuro de los trabajadores y la comarca de A Mari?a, altamente dependiente de la f¨¢brica. Sin embargo, los problemas a¨²n no acaban. La empresa asegura que la necesidad de reestructurar la planta de aluminio persiste porque las razones que la motivaron siguen: los altos costes de la energ¨ªa en Espa?a y la fluctuaci¨®n en los precios del aluminio. El tribunal cree que estas razones no son las que est¨¢n verdaderamente en el centro del ERE, sino una decisi¨®n estrat¨¦gica para mejorar los beneficios de la multinacional: ¡°El fin ¨²nico y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la f¨¢brica de la manera m¨¢s rentable posible¡±, indican en la sentencia.

La compa?¨ªa insiste en que su intenci¨®n era mantener una parte de la planta operativa, por lo que dejaron fuera del ERE a 99 trabajadores que se har¨ªan cargo del ¨¢rea de fundici¨®n. Sin embargo, la sentencia considera ¡°sumamente significativo¡± que el n¨²mero de trabajadores afectados por el despido haya sido el necesario, seg¨²n las regulaciones laborales, para ¡°consolidar las ayudas recibidas de las administraciones p¨²blicas sin tener que devolverlas, a la vez que ejecutar el cierre de las cubas¡±. De esta forma, el tribunal pone en duda que la empresa no fuese a despedir a los dem¨¢s trabajadores, una vez superados los plazos de garant¨ªa de estas subvenciones.

La sentencia llega tan solo dos d¨ªas despu¨¦s de que el Consejo de Ministros haya aprobado el estatuto que regula los costes el¨¦ctricos, lo que podr¨ªa tambi¨¦n influir en los pr¨®ximos pasos de la empresa. Los empleados y la firma lo han reclamado desde 2012, y estuvo en el centro de las conversaciones para el despido ¨Cque empezaron en mayo y contaron con la mediaci¨®n de la Xunta y el Gobierno, sin ¨¦xito¨C, hasta ser desplazado por la oferta de GFG Alliance, interesada en mantener la producci¨®n a pesar de los elevados gastos. Los trabajadores pusieron su esperanza en la venta, pero las empresas no lograron alcanzar un acuerdo para el traspaso en las seis semanas que dur¨® la negociaci¨®n. El Gobierno respondi¨® al desacuerdo entre las firmas con la propuesta de que la SEPI comprara la f¨¢brica para asumir las conversaciones con el grupo brit¨¢nico, algo que la estadounidense rechaz¨®. El secretario de Industria, Ra¨²l Blanco, advirti¨® de que con eso se abri¨® un ¡°escenario menos amistoso¡±.

El Ministerio de Industria y la Xunta participaron como partes interesadas en la demanda. Durante el juicio, las Administraciones reafirmaron su posici¨®n de que la empresa se esforz¨® en bloquear las negociaciones de traspaso para garantizar el futuro de la planta. Adem¨¢s, se refirieron a numerosos errores durante los contactos con los trabajadores, entre ellos, la presentaci¨®n de documentaci¨®n en ingl¨¦s y la negativa a frenar el proceso durante el estado de alarma, como pidi¨® la autoridad laboral.