Alcoa recurre al Tribunal Supremo la anulaci¨®n del ERE a 524 trabajadores de la planta de San Cibrao

Alcoa ha iniciado el proceso para apelar ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el despido colectivo que afectaba a 524 trabajadores de la f¨¢brica de aluminio de la empresa en Cervo (Lugo). La estadounidense est¨¢ en desacuerdo con la decisi¨®n de los magistrados gallegos, que aceptaron los argumentos de los sindicatos CC OO, UGT y CIG de que la empresa llev¨® con ¡°mala fe¡± las negociaciones para el ERE y la posibilidad de venta de la f¨¢brica al grupo brit¨¢nico GFG Alliance o a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La compa?¨ªa asegura que la necesidad de reestructurar la planta de aluminio persiste y que llev¨® el proceso de consulta con los trabajadores de manera ¡°justa y conforme con los requisitos legales¡±.

La multinacional asegura que, tras estudiar los problemas de falta de competitividad de la planta, decidi¨® apagar las cubas donde se produce el aluminio primario, y conservar solo un ¨¢rea de fundici¨®n, por lo que dej¨® fuera del ERE a 99 empleados; los necesarios para mantener esa parte de la f¨¢brica en marcha. Los jueces apuntaron que la compa?¨ªa conserv¨® el n¨²mero preciso de personal para no tener que devolver las ayudas que ha recibido del Estado, pero al mismo tiempo detener la producci¨®n. Por esto, el tribunal cree que no hay garant¨ªas suficientes de que la empresa vaya a mantener los puestos de trabajo despu¨¦s de que venza el plazo para la retribuci¨®n de estas subvenciones.

La directiva de Alcoa mantiene que la planta de San Cibrao seguir¨¢ en p¨¦rdidas a pesar de que el Gobierno haya aprobado el Estatuto del consumidor electrointensivo, ya que creen que no garantiza un precio competitivo de la energ¨ªa, ni resolver¨¢ las p¨¦rdidas de la f¨¢brica. El TSXG considera que estas razones no son las que est¨¢n verdaderamente en el centro del ERE, sino una decisi¨®n estrat¨¦gica para mejorar los beneficios de la multinacional. Los letrados de la empresa calificaron este argumento como ¡°teor¨ªas de la conspiraci¨®n¡± cuando los sindicatos lo expusieron en el juicio.

El Ministerio de Industria y la Xunta participaron como partes interesadas en la demanda. Durante el juicio, las Administraciones reafirmaron su posici¨®n de que la empresa se esforz¨® en bloquear las negociaciones de traspaso para garantizar el futuro de la planta. Adem¨¢s, se refirieron a numerosos errores durante los contactos con los trabajadores, entre ellos, la presentaci¨®n de documentaci¨®n en ingl¨¦s y la negativa a frenar el proceso durante el estado de alarma, como pidi¨® la autoridad laboral.