Estas son las reformas en pensiones y el mercado de trabajo que el Gobierno ha enviado a Bruselas

El Gobierno ya ha enviado esta semana a Bruselas los planes que tiene para el mercado de trabajo y las pensiones. Eran las dos fichas ¡ªde 30¡ª que le faltaban por remitir a la Comisi¨®n Europea para empezar a recibir los 70.000 millones del plan de recuperaci¨®n. No ha sido f¨¢cil encontrar un acuerdo entre los dos socios que componen la coalici¨®n. De hecho, no puede decirse que haya un punto com¨²n en pensiones. La ampliaci¨®n del periodo de c¨®mputo ¡ªahora sin concretar¨D sigue planteada. S¨ª que hay un texto de encuentro, con cierta ambig¨¹edad en la redacci¨®n, en el mercado de trabajo.

El texto ambivalente que se env¨ªa a Bruselas en materia laboral puede contentar a la vicepresidenta tercera, Nadia Calvi?o, y a la ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz, las dos caras del choque de posiciones que se ha dado en el seno del Ejecutivo. Pero tambi¨¦n es cierto que la enumeraci¨®n de los aspectos que se proponen reformar y el punto de partida ¡ªla legislaci¨®n laboral que dej¨® el PP en 2012¡ª llevan a concluir que los cambios solo pueden ir en una direcci¨®n: la que se apunta en el pacto de Gobierno alcanzado a finales de 2019.

La concreci¨®n de los cambios planteados llegar¨¢ en el di¨¢logo social y el Parlamento, puesto que los textos entregados a los agentes sociales el martes, a los que ha tenido acceso EL PA?S, dejan margen suficiente a la negociaci¨®n.

Alguna de las reformas a las que se ha comprometido el Gobierno, en realidad, ya se han materializado, como la ley del teletrabajo o el desarrollo de los reglamentos de igualdad. Pero hay m¨¢s. Estos son los puntos m¨¢s importantes que se plantean:

Luchar contra la temporalidad. 37 a?os despu¨¦s de facilitarse los contratos temporales, Espa?a sigue padeciendo el abuso de la eventualidad. Desde entonces, casi todas las reformas laborales se han justificado con ese argumento: reducir la temporalidad, que se da en el 25% de la poblaci¨®n asalariada. Pero el ¨¦xito, hasta ahora, ha sido escaso. La receta que pone el Gobierno sobre la mesa para combatir ese exceso de eventualidad pasa por exigir una justificaci¨®n m¨¢s clara a la hora de contratar de forma temporal.

Un fondo tripartito para los ERTE. Tras la experiencia de los ERTE (Expediente de Regulaci¨®n Temporal de Empleo) durante la pandemia, el Ejecutivo se plantea ¡°establecer un modelo permanente¡± con las lecciones sacadas. Los ERTE no son un mecanismo nuevo en la legislaci¨®n laboral, pero la regulaci¨®n extraordinaria y las ayudas aparejadas han favorecido su uso estos meses. En esta l¨ªnea, el Ejecutivo propone ¡°un fondo tripartito¡± (Gobierno, sindicatos y empresarios) para financiar las prestaciones y la compensaci¨®n de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. Tambi¨¦n fortalecer la formaci¨®n de los afectados.

Cambios en los convenios. Este ha sido uno de los puntos que m¨¢s fricciones ha provocado en el seno del Ejecutivo. Para orillar el problema se ha optado por una redacci¨®n ambigua: ¡°abordar [¡­] la ultra-actividad de convenios, la relaci¨®n entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociaci¨®n en los supuestos de modificaci¨®n sustancial de las condiciones de trabajo¡±. Nada dice de en qu¨¦ sentido piensa el Gobierno ¡°abordar¡± estos puntos, pero tambi¨¦n es cierto que el punto de partida es la reforma laboral de 2012, que en la ¡°relaci¨®n entre convenios¡± otorga toda la primac¨ªa al de empresa. Es decir, lo probable es que los cambios vayan en favor de los convenios sectoriales, como dice el pacto de Gobierno. Lo mismo puede decirse de la ultraactividad, (pr¨®rroga de los convenios hasta su renovaci¨®n), que en 2012 se limit¨® a un a?o. La concreci¨®n, como en todos los aspectos de pensiones y del mercado de trabajo, llegar¨¢ en el di¨¢logo social.

Frenar la precariedad en la subcontrataci¨®n. Los cambios en la regulaci¨®n de las condiciones laborales de las empresas son un tema abierto desde hace a?os. La legislatura pasada estuvo a punto de lograrse un cambio. Finalmente no fue posible. Ahora la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra o servicio favorece las intenciones del Ejecutivo. Tambi¨¦n hay que aclarar qu¨¦ convenio ¡ªy por tanto, qu¨¦ condiciones laborales¡ª es el de referencia para las empresas subcontratistas, si el del sector o el propio de la empresa principal.

Regulaci¨®n laboral de las plataformas digitales. Este cambio es el que m¨¢s pronto puede resolverse, pues el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales llevan meses negoci¨¢ndolo. En la ¨²ltima oferta del departamento que dirige Yolanda D¨ªaz se propon¨ªa fortalecer los elementos que dictan que colectivos como los riders (repartidores en bicicleta) son asalariados y la posibilidad de que los representantes de los trabajadores tengan derecho de consulta en los aspectos laborales de los algoritmos que utilizan las empresas (horario, calificaciones¡­).

Pol¨ªticas activas y formaci¨®n. Las fichas enviadas a Bruselas plantean el tema por separado. El primero es uno sobre los que Bruselas reclama reiteradamente cambios. La propuesta del Ejecutivo es dise?ar ¡°trayectorias individualizadas de orientaci¨®n, el impulso a la capacitaci¨®n digital y a los nuevos nichos de empleo relacionados con la transici¨®n verde¡±. Tambi¨¦n plantea la modernizaci¨®n de los servicios p¨²blicos de empleo ¡°mediante la digitalizaci¨®n, el perfilado de desempleados y el an¨¢lisis de vacantes¡±. Otra l¨ªnea es la revisi¨®n de las bonificaciones a la contrataci¨®n, de las que el examen reciente de la Autoridad Fiscal ha destacado su ineficacia, pese a ser la principal partida de gasto de las pol¨ªticas de empleo.

Financiaci¨®n con impuestos de los gastos impropios de la Seguridad Social. El Ejecutivo cifra en 20.000 millones el coste que asume el instituto previsor y que no deber¨ªa asumir, porque, entiende el Gobierno y el Pacto de Toledo, son gastos no contributivos. Ese dinero se pagar¨¢ con impuestos y no con cotizaciones, y se marca el plazo para hacerlo en 2023.

Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. La intenci¨®n del Ejecutivo es negociar con los agentes sociales un mecanismo que ate la evoluci¨®n de las pensiones a la marcha del IPC. Adem¨¢s, la Seguridad Social plantea que, sin bajar nominalmente las prestaciones, se tenga en cuenta los a?os en que las pensiones suben m¨¢s que los precios para evitar ganancias en el poder de compra, como ha sucedido este ejercicio.

Acercar la edad real de jubilaci¨®n a la edad legal. Uno de los principales mecanismos de contenci¨®n del gasto es retrasar la edad real de jubilaci¨®n. Ahora la edad legal se sit¨²a en 66 a?os, para quienes han cotizado 37,5 a?os (llegar¨¢ a los 67 en 2027). Mientras que la real est¨¢ en torno a los 64 a?os. Elevar esta ¨²ltima es uno de los objetivos del departamento que dirige Jos¨¦ Luis Escriv¨¢ a trav¨¦s de incentivos a la jubilaci¨®n demorada voluntaria y con restricciones en las jubilaciones anticipadas.

Incrementar el periodo de c¨®mputo. Tomar m¨¢s a?os para calcular la pensi¨®n es otro de los elementos puestos sobre la mesa. Finalmente no se ha concretado cu¨¢nto tiempo, pese a que se ha hablado de 35 a?os. Esto supone, de media, una pensi¨®n inicial m¨¢s baja para los nuevos jubilados. Para compensarlo, tambi¨¦n se permitir¨ªa descartar los peores a?os en la cotizaci¨®n.

Un nuevo factor de sostenibilidad. La reforma de las pensiones de 2013 dise?¨® un factor de sostenibilidad que ligaba la pensi¨®n inicial a la evoluci¨®n de la esperanza de vida, rebaj¨¢ndola si se viv¨ªa m¨¢s a?os. Ahora, la Seguridad Social propone una vuelta a lo planteado en la reforma de 2011, que hablaba de un mecanismo que, partiendo de la variaci¨®n de la esperanza de vida, afecte a otros par¨¢metros de la pensi¨®n. Aunque no se especifica, entonces se hablaba de la pensi¨®n inicial, el n¨²mero de a?os cotizados o la edad de jubilaci¨®n. El objetivo es ¡°liberar a las generaciones m¨¢s j¨®venes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilaci¨®n de cohortes de trabajadores m¨¢s pobladas¡±.

Cotizaci¨®n de los aut¨®nomos seg¨²n su nivel de ingresos. El 85% de los aut¨®nomos cotiza por las bases m¨ªnimas. Esto se debe a que ahora los trabajadores por cuenta propia pueden elegir la base por la que pagan a la Seguridad Social, con algunas restricciones. Lo planteado es que coticen de acuerdo a sus ingresos.

Aumentar las bases m¨¢ximas de cotizaci¨®n. En este momento, en Espa?a hay un tope en las bases m¨¢ximas de cotizaci¨®n. Aunque un trabajador gane m¨¢s de ese l¨ªmite (4.070 euros), no paga m¨¢s a la Seguridad Social. El Ejecutivo plantea aumentar ese tope, elevando tambi¨¦n la pensi¨®n m¨¢xima para no romper la relaci¨®n entre lo que se cotiza y lo que se cobra.