El largo camino hacia el ¨¦xito (o no) de la oferta de IFM por Naturgy

La oferta presentada este martes por el fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy tiene una larga carrera da obst¨¢culos por delante, por m¨¢s que ofrezca una interesante prima para los accionistas. El principal escollo al que tiene que hacer frente es la suspensi¨®n de inversiones extranjeras en empresas espa?olas esenciales que el Gobierno puso en marcha al principio del primer estado de alarma por la pandemia, el pasado marzo, para proteger corporaciones y sectores estrat¨¦gicos ante el impacto de la pandemia de coronavirus. La energ¨ªa es uno de los sectores protegidos, por lo que la inversi¨®n de IMF tendr¨¢ que contar con el visto bueno del Gobierno, que debe pronunciarse en un plazo de seis meses.

En el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la pandemia aprobado el pasado 17 de marzo, apenas tres d¨ªas despu¨¦s del primer estado de alarma, se estableci¨® la ¡°suspensi¨®n del r¨¦gimen de liberalizaci¨®n de determinadas inversiones extranjeras directas en Espa?a¡±. En realidad, se trat¨® de una modificaci¨®n de la ley que las regula, de modo que se prohibi¨® de forma temporal, mientras durase la pandemia, que una empresa o inversor extranjero se hiciese con m¨¢s del 10% de una sociedad espa?ola de sectores ¡°que afectan al orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica y a la salud p¨²blica¡±. Entre estos, se enumeraban infraestructuras cr¨ªticas (energ¨ªa, agua, defensa sanidad¡­), tecnolog¨ªas cr¨ªticas (rob¨®tica, almacenamiento de energ¨ªa¡­), suministro de insumos fundamentales, en particular energ¨ªa, sectores con acceso a informaci¨®n sensible y medios de comunicaci¨®n.

En el caso de la oferta sobre Naturgy, es evidente que afecta a una empresa dedicada a la energ¨ªa, por lo que claramente entra dentro de los supuestos contemplados en el real decreto, seg¨²n se?alan fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En ese caso, la norma establece que los interesados en hacer esas inversiones tienen que obtener una autorizaci¨®n administrativa, que en ¨²ltima instancia concede el Gobierno. Este tiene un plazo de seis meses para hacerlo. Si pasado ese plazo no ha respondido, se entiende que la operaci¨®n no se autoriza, seg¨²n la ley 19/2003 que regula estas inversiones y que se vio modificada por el decreto del 17 de marzo.

Para obtener dicha autorizaci¨®n, la empresa inversora debe comunicar sus intenciones al Ministerio de Industria, en concreto a la Direcci¨®n General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente de la secretar¨ªa de Estado de Comercio. Una vez recibida, entra en juego la Junta de Inversiones Exteriores, un ¨®rgano colegiado interministerial adscrito a la secretar¨ªa de Estado de Comercio, que debe elaborar un informe, seg¨²n el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril. Ese informe no es vinculante, pero es el que usa la secretar¨ªa de Estado de Comercio para elevar la solicitud al Consejo de Ministros, que es quien tiene la ¨²ltima palabra, seg¨²n el mismo real decreto.

Desde que se recibe la solicitud, se establece un plazo de seis meses para que el Ejecutivo resuelva en un sentido u otro. Si transcurrido ese plazo no ha resuelto, se entender¨¢ denegada la petici¨®n y se abre un plazo para recurrir mediante la interposici¨®n de un recurso contencioso-administrativo.

Fuentes de Industria han se?alado que a¨²n no se ha recibido la petici¨®n formal de IFM sobre la operaci¨®n relativa a Naturgy y, por tanto, es pronto para adelantar nada. Al contrario que el Gobierno franc¨¦s, que la semana pasada se pronunci¨® de inmediato en contra del intento de compra de Carrefour por parte del grupo canadiense Couche-Tard, el departamento que dirige Reyes Maroto prefiere no pronunciarse en un sentido u otro, se?alando que hay que analizar con detalle la operaci¨®n y a sus protagonistas.