La futura ley de vivienda se atasca por ¡°discrepancias sustanciales¡± entre Podemos y PSOE

La vivienda se ha convertido en un caballo de batalla del Gobierno de coalici¨®n. Las diferencias entre Unidas Podemos y PSOE vienen de lejos, y afloran en cada ocasi¨®n en que es necesario plasmar una nueva legislaci¨®n. El ¨²ltimo encontronazo est¨¢ teniendo lugar a cuenta de la futura ley de vivienda, que deber¨ªa haber pasado ya por el Consejo de Ministros, ...

La vivienda se ha convertido en un caballo de batalla del Gobierno de coalici¨®n. Las diferencias entre Unidas Podemos y PSOE vienen de lejos, y afloran en cada ocasi¨®n en que es necesario plasmar una nueva legislaci¨®n. El ¨²ltimo encontronazo est¨¢ teniendo lugar a cuenta de la futura ley de vivienda, que deber¨ªa haber pasado ya por el Consejo de Ministros, seg¨²n lo que pactaron hace tres meses el presidente, Pedro S¨¢nchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, precisamente para dar carpetazo a otro rifirrafe motivado por esta materia. Pero la negociaci¨®n no avanza el ritmo deseado y fuentes de Unidas Podemos aseguran que es porque existen ¡°discrepancias sustanciales¡± y por ¡°la falta de voluntad pol¨ªtica del PSOE¡±.

Sobre la bocina, cuando el acuerdo presupuestario se daba ya por hecho, la formaci¨®n morada lanz¨® un ¨®rdago el pasado octubre: no habr¨ªa cuentas p¨²blicas sin negociar los l¨ªmites a los precios de alquiler. Para superar ese escollo, se dej¨® la cuesti¨®n fuera de la negociaci¨®n de los Presupuestos (que salieron adelante) y los dos socios de Gobierno se comprometieron a abordarla en la futura ley de vivienda. Para esta pusieron plazos: tres meses para el visto bueno del Consejo de Ministros y cuatro para que la norma llegara al Congreso.

Los tres meses desde aquel acuerdo se cumplieron la semana pasada, pero el Ejecutivo todav¨ªa no tiene lista su propuesta. Las reuniones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, al que corresponden las competencias estatales de Vivienda, dirigido por el socialista Jos¨¦ Luis ?balos) y la vicepresidencia de Derechos Sociales (dirigida por Iglesias) no han logrado el qu¨®rum suficiente como para acabar el borrador de la norma e iniciar el tr¨¢mite parlamentario. Las citadas fuentes de Podemos apuntan precisamente a la regulaci¨®n de los precios del alquiler como uno de los principales desacuerdos.

Desde finales de 2018, cuando PSOE y Unidas Podemos incluyeron los topes a las rentas del alquiler en un acuerdo para los Presupuestos (que entonces no salieron adelante, motivando una nueva convocatoria electoral), esta cuesti¨®n ha hecho saltar chispas entre ambas formaciones. Cada crisis se ha cerrado con un nuevo acuerdo que inclu¨ªa la medida, siendo el ¨²ltimo el del pasado octubre cuando se se?al¨® que la ley de vivienda establecer¨ªa ¡°mecanismos de contenci¨®n, o eventualmente bajada de precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes¡±.

Adem¨¢s, se habl¨® de ¡°convalidar los avances de aquellas comunidades aut¨®nomas que tengan definido un sistema de referencia de precios de alquiler¡±. En Transportes circunscrib¨ªan esta parte simplemente a reconocer otras estad¨ªsticas adem¨¢s de la que el Ministerio present¨® el pasado verano, y que debe servir como base para se?alar las ¨¢reas de precios tensionados (en las que, circunstancialmente, podr¨ªan limitarse las rentas). Pero en aquellos d¨ªas de octubre el partido de Pablo Iglesias hablaba de apuntalar jur¨ªdicamente la ley catalana que limit¨® las rentas en esa comunidad.

Desahucios y pisos vac¨ªos

Ese objetivo se ha complicado porque, aunque el Gobierno pospuso la decisi¨®n de recurrir la norma auton¨®mica para allanar el camino a los Presupuestos, el Tribunal Constitucional acept¨® la semana pasada un recurso del PP que se basaba en la supuesta invasi¨®n de competencias, algo de lo que ya hab¨ªa informado a la Generalitat el propio Consell de Garanties Estatut¨¤ries (consejo de garant¨ªas estatutarias). No se sabe si las discrepancias actuales en el seno del Gobierno tambi¨¦n tienen que ver con ese asunto o no. En Unidas Podemos, que ha hecho recaer el peso de esta negociaci¨®n sobre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se limitan a se?alar que hace cuatro meses pusieron sobre la mesa una propuesta y que en el PSOE ¡°a¨²n no han contestado¡±. Fuentes de Transportes responden que en ese departamento se est¨¢ ¡°trabajando y perseverando para lograr un acuerdo¡±. ¡°Estamos ante una oportunidad hist¨®rica para sacar adelante una ley estatal de Vivienda, por primera vez en democracia¡±, a?aden, ¡°nuestro objetivo es claro y prioritario: garantizar la funci¨®n social de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada¡±.

Otro asunto en el que hay diferencias importantes es ¡°la prohibici¨®n permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables¡±. La de los desahucios es otra espina atragantada en los ¨²ltimos tiempos. El pasado diciembre se acord¨® ampliar los supuestos que imped¨ªan desalojar a personas de sus casas durante la pandemia, incluyendo supuestos de personas que ocupaban viviendas sin contrato. En Transportes defendieron la medida con base en su acotaci¨®n a casos extraordinarios (solo se aplica en pisos de grandes propietarios y en supuestos de familias vulnerables con menores, personas dependientes o situaciones de violencia de g¨¦nero) y en el tiempo (solo durante el estado de alarma). Adem¨¢s, y para aquilatarla jur¨ªdicamente, se incluyeron compensaciones a los propietarios en caso de que la situaci¨®n se prolongue. Al apuntar esta cuesti¨®n, Unidas Podemos muestra su pretensi¨®n de alguna pr¨®rroga sobre las medidas actuales, aunque no se sabe si todas y si, por tanto, incluir¨ªa tambi¨¦n estos supuestos de ocupaciones sin t¨ªtulo legal.

Por ¨²ltimo, otras dos de las ¡°discrepancias sustanciales¡± a las que se refieren en la formaci¨®n morada hacen referencia a ¡°medidas efectivas¡± para movilizar la salida de viviendas vac¨ªas al mercado de alquiler y a ¡°la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social¡±.