Los l¨ªmites a las subidas del alquiler dividen al Gobierno en v¨ªsperas de la aprobaci¨®n de los Presupuestos

El alquiler siembra de nuevo discrepancias en el seno del Gobierno. En la pasada legislatura, la cuesti¨®n levant¨® ampollas entre PSOE y Podemos y por eso en el pacto de coalici¨®n se sell¨® la paz con un compromiso: poner alg¨²n tipo de l¨ªmite a las rentas. Salvado ese escollo, la discusi¨®n que ha aflorado ahora es el c¨®mo y el cu¨¢ndo. La formaci¨®n de Pablo Iglesias cree que es el momento de hacerlo, aprovechando para blindar una ley que ha aprobado Catalu?a en ese sentido; la cuota socialista del Gobierno prefiere esperar a que pase la pandemia y definirlo en la futura ley estatal de vivienda. As¨ª est¨¢n las cosas:

Una discrepancia ?presupuestaria?

La ¨²ltima divisi¨®n de opiniones a costa del alquiler se ha hecho p¨²blica estos d¨ªas, a la vez que se cerraba el borrador de los Presupuestos. Diversas fuentes del Gobierno insist¨ªan en que lo ¨²nico pendiente para cerrar el acuerdo eran unos ¡°flecos¡±. La propia formaci¨®n morada admit¨ªa el pasado viernes, cuando el vicepresidente segundo se reuni¨® con representantes de los sindicatos de inquilinos para dar fuerza a su reivindicaci¨®n, que el pacto sobre los alquileres pod¨ªa abordarse en paralelo a la negociaci¨®n de las cuentas p¨²blicas. No obstante, las reuniones para tratar el tema son constantes y se han intensificado en los ¨²ltimos d¨ªas. Este mismo viernes, seis grupos parlamentarios que favorecieron la investidura de Pedro S¨¢nchez (Unidas Podemos, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, BNG, ERC y Bildu) y la CUP (que vot¨® en contra) se han adherido a un manifiesto de los sindicatos de inquilinos y han emitido un comunicado conjunto en el que piden ¡°que se impulse una regulaci¨®n de los precios del alquiler de forma urgente¡±.

Una ley en peligro

El Parlamento de Catalu?a aprob¨® el pasado 9 de septiembre una ley que limita los alquileres en 60 ciudades de esa comunidad, incluyendo las cuatro capitales de provincia. Los precios de arrendamientos quedan condicionados a lo que marque el ¨²ltimo contrato de un inmueble que haya sido alquilado en los ¨²ltimos cinco a?os o al ¨ªndice de precios que establece la agencia catalana de vivienda. Sin embargo, la norma naci¨® amenazada porque el propio Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de la Generalitat ya advirti¨® que invad¨ªa competencias estatales (los alquileres se regulan en la Ley de Arrendamientos Urbanos).

Aunque el Gobierno no ha mostrado inter¨¦s en recurrir la norma catalana, Unidas Podemos ha argumentado la conveniencia pol¨ªtica de blindarla con un cambio legal que permita a las comunidades poner l¨ªmites a los arrendamientos. Con ese gesto, creen que se allanar¨ªa el camino a la aprobaci¨®n de los Presupuestos con la mayor¨ªa de la investidura, que incluye a los nacionalistas catalanes. Aunque sea por omisi¨®n, el partido de Pablo Iglesias deja tambi¨¦n claro que prioriza esa opci¨®n sobre la otra que hay sobre la mesa: un acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante las cuentas.

Los otros argumentos de Podemos

Adem¨¢s del argumento pol¨ªtico de allanar la negociaci¨®n parlamentaria de los Presupuestos, la formaci¨®n morada apela a la ¡°emergencia social¡± que vive Espa?a. Creen que ese es un motivo para hacer cumplir uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalici¨®n, que se compromet¨ªa a frenar las subidas abusivas de alquiler. Para hacerlo, propon¨ªa usar el ¨ªndice oficial de precios de referencia y habilitar a comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos a utilizarlo. Adem¨¢s, contemplaba tomar ¡°en cuenta los avances de aquellas comunidades¡± que tuvieran un sistema propio de referencia de precios, como es el caso de Catalu?a y la Comunidad Valenciana. Puesto que Catalu?a ha dado el paso adelante de regular, Unidas Podemos cree que es el momento de respaldar esa v¨ªa.

El partido del vicepresidente segundo no ha precisado cu¨¢l es el instrumento legal concreto que se usar¨ªa, pero sus dirigentes se?alan que el modelo catal¨¢n es interesante y apuestan por que se pueda extrapolar a otros territorios. Las competencias en vivienda est¨¢n transferidas y no hay duda de que deben ser las comunidades las que limiten los alquileres, pero el Gobierno tend¨ªa que proveer el marco legal para ello y queda claro que uno de los escollos actuales es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta se?ala en uno de sus art¨ªculos que el precio de las rentas es el que pactan libremente el propietario y el arrendador. La modificaci¨®n de ese art¨ªculo ya centr¨® discusiones en el pasado entre Podemos y el PSOE.

Lo que dice el PSOE

La cuota socialista del Gobierno sostiene que la limitaci¨®n de rentas es un compromiso de legislatura y debe abordarse, pero argumenta que no es el momento de hacerlo. Para ello, recuerdan que el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Jos¨¦ Luis ?balos, se comprometi¨® el pasado febrero a llevar la cuesti¨®n al parlamento antes del verano. Pero luego lleg¨® la pandemia y lo cambi¨® todo: primero retras¨® la puesta en marcha del ¨ªndice oficial de precios, que estaba prevista en marzo y se acab¨® publicando en junio. Y en segundo lugar, expresan dudas sobre la foto que muestra esa estad¨ªstica porque creen que no responde a la realidad actual.

El PSOE considera que la crisis del coronavirus ha trastocado profundamente la econom¨ªa y con ello los alquileres. En respuesta, se han impulsado medidas de emergencia como las quitas y aplazamientos de rentas, la moratoria de desahucios y la pr¨®rroga autom¨¢tica de los contratos de arrendamiento. Nada de eso se aprecia en el ¨ªndice oficial de precios, que se basa en las declaraciones de renta y por tanto muestra datos antiguos. La consigna es esperar a ver c¨®mo queda el mercado antes de aprobar una normativa que delimite qu¨¦ zonas pueden declararse tensionadas y son susceptibles de poner topes a las rentas. Adem¨¢s, se acaba de abrir el proceso de consulta p¨²blica del Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, por lo que quieren abordar la cuesti¨®n en esa norma, que previsiblemente llegar¨¢ al Congreso el a?o pr¨®ximo.

Inquilinos a favor, empresas en contra

Al margen de las posiciones de los dos partidos del Gobierno, la cuesti¨®n suscita debate social. Los sindicatos de inquilinos siempre se han posicionado a favor de la regulaci¨®n de los arrendamientos, han sido los mayores impulsores de la ley catalana y, a grandes rasgos, mantienen la misma posici¨®n de Podemos de actuar cuanto antes. Muchas organizaciones sociales, 9.000 seg¨²n los promotores, han firmado esta semana un manifiesto que pide la regulaci¨®n de los alquileres. En el sector inmobiliario, por el contrario, la postura m¨¢s generalizada es el rechazo a que se limiten por ley las rentas. Uno de los argumentos m¨¢s repetidos es que puede contraer la oferta porque, ante la inseguridad jur¨ªdica, los propietarios de vivienda prefieran no alquilarla. Unos y otros apelan a ejemplos internacionales, donde en los ¨²ltimos tiempos han proliferado experiencias de control de precios, que refuerzan sus puntos de vista. En Espa?a, la ley catalana es demasiado reciente como para extraer conclusiones.

Un conflicto antiguo

Los roces por los alquileres no son ninguna novedad, m¨¢s bien han sido una constante desde la exitosa moci¨®n de censura de junio de 2018. En el acuerdo presupuestario de octubre de 2018, firmado entonces por el Gobierno monocolor de Pedro S¨¢nchez y por Unidas Podemos, ya se recog¨ªa un compromiso para limitar las rentas. Sin embargo, el punto ¨¢lgido del enfrentamiento se alcanz¨® poco despu¨¦s. A finales de enero de 2019, Podemos frustr¨® la convalidaci¨®n parlamentaria de un decreto sobre vivienda aprobado por el Gobierno, lo que oblig¨® luego a renegociar otro texto in extremis ante la inminente convocatoria electoral de abril de 2019. Desde entonces se han limado muchas asperezas y, en esta ocasi¨®n, nadie cuenta con que las discrepancias lleguen tan lejos.