Blackstone recuerda a Podemos que el alquiler social ¡°es responsabilidad de las Administraciones P¨²blicas¡±

La futura ley de vivienda ha abierto una nueva caja de los truenos en el inmobiliario. Apenas se conocen detalles del borrador que prepara al Gobierno, cuya intenci¨®n es llevar el proyecto de ley al Congreso a finales de este mes o en marzo, pero algunas propuestas que han trascendido no gustan nada al sector. Este hace a?os ...

La futura ley de vivienda ha abierto una nueva caja de los truenos en el inmobiliario. Apenas se conocen detalles del borrador que prepara al Gobierno, cuya intenci¨®n es llevar el proyecto de ley al Congreso a finales de este mes o en marzo, pero algunas propuestas que han trascendido no gustan nada al sector. Este hace a?os viene mostrando su oposici¨®n a las regulaciones de precios de los alquileres, una de las medidas que, seg¨²n el compromiso alcanzado por el presidente, Pedro S¨¢nchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias deber¨¢ figurar en la norma.

En ese contexto, Eduard Mendiluce, gestor inmobiliario del fondo Blackstone (el mayor propietario de vivienda de Espa?a), ha asegurado este martes que el arrendamiento social es ¡°responsabilidad cien por cien de la Administraci¨®n p¨²blica¡±. Respond¨ªa as¨ª a Unidas Podemos, que presiona a su socio de Gobierno para incluir en la futura norma una obligaci¨®n para los grandes propietarios de destinar parte de sus inmuebles a arrendamiento social. M¨¢s o menos a la misma hora que Mendiluce participaba en un foro inmobiliario organizado por la consultora PwC, en el Congreso interven¨ªa la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien ped¨ªa ¡°una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garant¨ªa del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la funci¨®n social que debe tener¡±.

Belarra, que forma parte del equipo de Iglesias en la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es la persona encargada por parte de ese departamento y de Unidas Podemos para negociar la futura ley de vivienda con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, capitaneado por el socialista Jos¨¦ Luis ?balos). ¡°Si los grandes propietarios destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podr¨ªamos aumentar en muy pocos meses el parque p¨²blico en unos 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional¡±, ha dicho la diputada navarra en su comparecencia ante la comisi¨®n que hace seguimiento de la estrategia espa?ola para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la misma, tambi¨¦n ha recordado que el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n consagra el derecho a la vivienda.

El c¨¢lculo de Belarra presupone considerar que los grandes tenedores de vivienda en Espa?a suman como m¨ªnimo 466.000 pisos, una cifra por encima de las estimaciones que se hacen actualmente. Blackstone, por ejemplo, tiene unos 40.000 pisos y la segunda entidad que m¨¢s tiene, Caixabank a trav¨¦s de su inmobiliaria Building Center, ronda los 25.000. Aunque hay que considerar tambi¨¦n que el c¨¢lculo depender¨ªa de lo que la ley considere un gran propietario. En los decretos sobre la materia a ra¨ªz de la pandemia, el Gobierno ha definido como tales a quienes tienen m¨¢s de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que suman m¨¢s de 1.500 metros cuadrados. Y en los mismos decretos, en la parte justificativa, tambi¨¦n se se?alaba que un 85% de los arrendamientos el propietario es una persona f¨ªsica. Sobre esa base, y estimaciones oficiales que sit¨²an el n¨²mero de hogares en alquiler en Espa?a por encima de los tres millones, es sobre la que Unidas Podemos ha realizado un c¨¢lculo que la formaci¨®n define como ¡°conservador¡±. Implica presuponer, eso s¨ª, que pr¨¢cticamente todos los pisos arrendados por personas jur¨ªdicas (es decir, empresas) entran en esa categor¨ªa de gran tenedor de vivienda.

Alquiler social y alquiler asequible

Al margen de las cifras, la f¨®rmula no gusta al sector. Es por eso que el consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de las firmas inmobiliarias de Blackstone, ha insistido en hacer una diferenciaci¨®n entre alquiler social y alquiler asequible. Si del primero ha dicho que es responsabilidad de las Administraciones, en el segundo (que ser¨ªa a precios por debajo de mercado, pero no para personas especialmente vulnerables) ha dicho que ¡°entra la colaboraci¨®n p¨²blico-privada¡±. Para ello, Mendiluce ha pedido que los responsables p¨²blicos ¡°incentiven este tipo de acuerdos¡±, para lo que ha puesto de ejemplo a Portugal. ¡°No hay que ir por la v¨ªa de la regulaci¨®n, si no habr¨¢ reclamaciones en tribunales por expropiaciones por derecho de uso¡±, ha advertido el directivo, quien tambi¨¦n se ha mostrado muy cr¨ªtico con las ¨²ltimas regulaciones de vivienda del Ejecutivo durante la pandemia. ¡°Estamos en un pa¨ªs que penaliza la vivienda vac¨ªa y penaliza alquilar, y hay una ley de vivienda que va a ir por la v¨ªa del rent control [control de rentas], por lo que estamos preocupados¡±, ha asegurado.

La suya no es la ¨²nica voz cr¨ªtica del sector que se ha escuchado en las ¨²ltimas horas. Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona por el PSC y actual presidente de Fiabci Espa?a, una patronal que agrupa a empresas y profesionales inmobiliarios, ha pedido tambi¨¦n este martes que se genere ¡°confianza entre el sector p¨²blico y el privado para colaborar¡±. Clos, tambi¨¦n presidente de la asociaci¨®n de propietarios de vivienda en alquiler Asval (abierta a particulares y a grandes empresas propietarias), interven¨ªa en un acto de la Asociaci¨®n de Agentes Inmobiliarios de Catalu?a (AIC) en Barcelona en el que ha defendido la necesidad de regulaci¨®n porque ¡°si se deja al mercado actuar libremente, este expulsa a los colectivos vulnerables de la ciudad¡±. Pero para ello ha pedido ¡°f¨®rmulas m¨¢s parecidas a los modelos europeos¡± y que no espanten a los inversores privados. La presidenta de la AIC, Anna Puigdevall, ya recordaba este lunes en el mismo foro que la necesidad de m¨¢s vivienda social ¡°no puede resolverse con la contribuci¨®n por parte de los propietarios privados¡±.

Oportunidad ¡°hist¨®rica¡±

El Ministerio de Transportes, el principal encargado de elaborar la ley porque tiene las competencias estatales de Vivienda, estima que Espa?a tiene un parque social de solo el 2,5% del total de viviendas, uno de los m¨¢s pobres de Europa. La causa es que durante muchos a?os las pol¨ªticas de vivienda se centraron en la propiedad (destinando miles de millones a vivienda protegida para la venta que pasado un tiempo pierde esa condici¨®n y pasa al mercado libre) y en la ¨²ltima d¨¦cada pr¨¢cticamente desaparecieron, algo que el Presupuesto reci¨¦n estrenado se propone enmendar (aunque buena parte del aumento corresponde a fondos europeos que deber¨¢n dedicarse a programas de rehabilitaci¨®n). Tampoco faltaron las enajenaciones de vivienda p¨²blica, como la controvertida venta de m¨¢s de 1.800 de viviendas que el Ayuntamiento de Madrid hizo precisamente a Blackstone.

En el departamento que dirige ?balos guardan de momento silencio, tanto ante las quejas del sector como ante las manifestaciones de sus socios de Gobierno, lo que en los ¨²ltimos meses ha provocado m¨¢s de una tensi¨®n interna a cuenta de la Vivienda. Este lunes, despu¨¦s de que Unidas Podemos hablase de ¡°discrepancias sustanciales¡± que atoraban la futura norma, en Transportes respond¨ªan se?alando simplemente la ¡°oportunidad hist¨®rica¡± que supone elaborar la que ser¨¢ la primera ley estatal de vivienda de la Democracia.

De la misma han trascendido pocos detalles, pero adem¨¢s del control de precios de los alquileres y estudiar la obligaci¨®n de grandes propietarios de ceder pisos en alquiler social, Unidas Podemos ha apuntado tambi¨¦n a la movilizaci¨®n de viviendas vac¨ªas para que salgan al mercado ¡ªlo que implicar¨ªa definir lo que es una vivienda vac¨ªa, que actualmente cuenta con diferentes definiciones en las legislaciones auton¨®micas¡ª y la extensi¨®n de la prohibici¨®n de desahucios de personas vulnerables m¨¢s all¨¢ del estado de alarma. Esta ¨²ltima cuesti¨®n, aprobada en diciembre como una medida urgente por la pandemia, ya gener¨® intensos debates en el Gobierno y acab¨® escociendo en el sector inmobiliario, que cree que algunos de los supuestos que contempla dan alas a la ocupaci¨®n ilegal de viviendas.