Blackstone recuerda a Podemos que el alquiler social ¡°es responsabilidad de las Administraciones P¨²blicas¡±

La futura ley de vivienda ha abierto una nueva caja de los truenos en el inmobiliario. Apenas se conocen detalles del borrador que prepara al Gobierno, cuya intenci¨®n es llevar el proyecto de ley al Congreso a finales de este mes o en marzo, pero algunas propuestas que han trascendido no gustan nada al sector. Este hace a?os viene mostrando su oposici¨®n a las regulaciones de precios de los alquileres, una de las medidas que, seg¨²n el compromiso alcanzado por el presidente, Pedro S¨¢nchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias deber¨¢ figurar en la norma.

En ese contexto, Eduard Mendiluce, gestor inmobiliario del fondo Blackstone (el mayor propietario de vivienda de Espa?a), ha asegurado este martes que el arrendamiento social es ¡°responsabilidad cien por cien de la Administraci¨®n p¨²blica¡±. Respond¨ªa as¨ª a Unidas Podemos, que presiona a su socio de Gobierno para incluir en la futura norma una obligaci¨®n para los grandes propietarios de destinar parte de sus inmuebles a arrendamiento social. M¨¢s o menos a la misma hora que Mendiluce participaba en un foro inmobiliario organizado por la consultora PwC, en el Congreso interven¨ªa la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien ped¨ªa ¡°una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garant¨ªa del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la funci¨®n social que debe tener¡±.

Belarra, que forma parte del equipo de Iglesias en la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es la persona encargada por parte de ese departamento y de Unidas Podemos para negociar la futura ley de vivienda con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, capitaneado por el socialista Jos¨¦ Luis ?balos). ¡°Si los grandes propietarios destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podr¨ªamos aumentar en muy pocos meses el parque p¨²blico en unos 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional¡±, ha dicho la diputada navarra en su comparecencia ante la comisi¨®n que hace seguimiento de la estrategia espa?ola para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la misma, tambi¨¦n ha recordado que el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n consagra el derecho a la vivienda.

El c¨¢lculo de Belarra presupone considerar que los grandes tenedores de vivienda en Espa?a suman como m¨ªnimo 466.000 pisos, una cifra por encima de las estimaciones que se hacen actualmente. Blackstone, por ejemplo, tiene unos 40.000 pisos y la segunda entidad que m¨¢s tiene, Caixabank a trav¨¦s de su inmobiliaria Building Center, ronda los 25.000. Aunque hay que considerar tambi¨¦n que el c¨¢lculo depender¨ªa de lo que la ley considere un gran propietario. En los decretos sobre la materia a ra¨ªz de la pandemia, el Gobierno ha definido como tales a quienes tienen m¨¢s de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que suman m¨¢s de 1.500 metros cuadrados. Y en los mismos decretos, en la parte justificativa, tambi¨¦n se se?alaba que un 85% de los arrendamientos el propietario es una persona f¨ªsica. Sobre esa base, y estimaciones oficiales que sit¨²an el n¨²mero de hogares en alquiler en Espa?a por encima de los tres millones, es sobre la que Unidas Podemos ha realizado un c¨¢lculo que la formaci¨®n define como ¡°conservador¡±. Implica presuponer, eso s¨ª, que pr¨¢cticamente todos los pisos arrendados por personas jur¨ªdicas (es decir, empresas) entran en esa categor¨ªa de gran tenedor de vivienda.

Alquiler social y alquiler asequible

Al margen de las cifras, la f¨®rmula no gusta al sector. Es por eso que el consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de las firmas inmobiliarias de Blackstone, ha insistido en hacer una diferenciaci¨®n entre alquiler social y alquiler asequible. Si del primero ha dicho que es responsabilidad de las Administraciones, en el segundo (que ser¨ªa a precios por debajo de mercado, pero no para personas especialmente vulnerables) ha dicho que ¡°entra la colaboraci¨®n p¨²blico-privada¡±. Para ello, Mendiluce ha pedido que los responsables p¨²blicos ¡°incentiven este tipo de acuerdos¡±, para lo que ha puesto de ejemplo a Portugal. ¡°No hay que ir por la v¨ªa de la regulaci¨®n, si no habr¨¢ reclamaciones en tribunales por expropiaciones por derecho de uso¡±, ha advertido el directivo, quien tambi¨¦n se ha mostrado muy cr¨ªtico con las ¨²ltimas regulaciones de vivienda del Ejecutivo durante la pandemia. ¡°Estamos en un pa¨ªs que penaliza la vivienda vac¨ªa y penaliza alquilar, y hay una ley de vivienda que va a ir por la v¨ªa del rent control [control de rentas], por lo que estamos preocupados¡±, ha asegurado.

La suya no es la ¨²nica voz cr¨ªtica del sector que se ha escuchado en las ¨²ltimas horas. Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona por el PSC y actual presidente de Fiabci Espa?a, una patronal que agrupa a empresas y profesionales inmobiliarios, ha pedido tambi¨¦n este martes que se genere ¡°confianza entre el sector p¨²blico y el privado para colaborar¡±. Clos, tambi¨¦n presidente de la asociaci¨®n de propietarios de vivienda en alquiler Asval (abierta a particulares y a grandes empresas propietarias), interven¨ªa en un acto de la Asociaci¨®n de Agentes Inmobiliarios de Catalu?a (AIC) en Barcelona en el que ha defendido la necesidad de regulaci¨®n porque ¡°si se deja al mercado actuar libremente, este expulsa a los colectivos vulnerables de la ciudad¡±. Pero para ello ha pedido ¡°f¨®rmulas m¨¢s parecidas a los modelos europeos¡± y que no espanten a los inversores privados. La presidenta de la AIC, Anna Puigdevall, ya recordaba este lunes en el mismo foro que la necesidad de m¨¢s vivienda social ¡°no puede resolverse con la contribuci¨®n por parte de los propietarios privados¡±.

Oportunidad ¡°hist¨®rica¡±

El Ministerio de Transportes, el principal encargado de elaborar la ley porque tiene las competencias estatales de Vivienda, estima que Espa?a tiene un parque social de solo el 2,5% del total de viviendas, uno de los m¨¢s pobres de Europa. La causa es que durante muchos a?os las pol¨ªticas de vivienda se centraron en la propiedad (destinando miles de millones a vivienda protegida para la venta que pasado un tiempo pierde esa condici¨®n y pasa al mercado libre) y en la ¨²ltima d¨¦cada pr¨¢cticamente desaparecieron, algo que el Presupuesto reci¨¦n estrenado se propone enmendar (aunque buena parte del aumento corresponde a fondos europeos que deber¨¢n dedicarse a programas de rehabilitaci¨®n). Tampoco faltaron las enajenaciones de vivienda p¨²blica, como la controvertida venta de m¨¢s de 1.800 de viviendas que el Ayuntamiento de Madrid hizo precisamente a Blackstone.

En el departamento que dirige ?balos guardan de momento silencio, tanto ante las quejas del sector como ante las manifestaciones de sus socios de Gobierno, lo que en los ¨²ltimos meses ha provocado m¨¢s de una tensi¨®n interna a cuenta de la Vivienda. Este lunes, despu¨¦s de que Unidas Podemos hablase de ¡°discrepancias sustanciales¡± que atoraban la futura norma, en Transportes respond¨ªan se?alando simplemente la ¡°oportunidad hist¨®rica¡± que supone elaborar la que ser¨¢ la primera ley estatal de vivienda de la Democracia.

De la misma han trascendido pocos detalles, pero adem¨¢s del control de precios de los alquileres y estudiar la obligaci¨®n de grandes propietarios de ceder pisos en alquiler social, Unidas Podemos ha apuntado tambi¨¦n a la movilizaci¨®n de viviendas vac¨ªas para que salgan al mercado ¡ªlo que implicar¨ªa definir lo que es una vivienda vac¨ªa, que actualmente cuenta con diferentes definiciones en las legislaciones auton¨®micas¡ª y la extensi¨®n de la prohibici¨®n de desahucios de personas vulnerables m¨¢s all¨¢ del estado de alarma. Esta ¨²ltima cuesti¨®n, aprobada en diciembre como una medida urgente por la pandemia, ya gener¨® intensos debates en el Gobierno y acab¨® escociendo en el sector inmobiliario, que cree que algunos de los supuestos que contempla dan alas a la ocupaci¨®n ilegal de viviendas.