Agricultura negocia con cada comunidad las condiciones para aplicar la PAC

El Ministerio de Agricultura y las comunidades aut¨®nomas inician esta semana un calendario de reuniones bilaterales con el fin de conocer la posici¨®n de cada gobierno regional sobre el contenido de futuro Plan Estrat¨¦gico que servir¨¢ como marco para la distribuci¨®n de los 47.724 millones de euros previstos en la pr¨®xima reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n desde 2023. A partir de la posici¨®n de cada una de las comunidades aut¨®nomas, el departamento que dirige de Luis Planas elaborar¨¢ un informe y posteriormente una propuesta de Plan para presentar en Bruselas en julio y elevar una segunda definitiva en oto?o, sobre la que la Comisi¨®n podr¨¢ hace sus sugerencias. Estas negociaciones coincidir¨¢n con el cierre de las negociaciones en Bruselas sobre las condiciones de la pr¨®xima reforma.

Entre los muchos puntos pendientes de acuerdo, a la cabeza se halla la pol¨ªtica de convergencia de ayudas en una misma regi¨®n, que ha sido motivo de protestas en los ¨²ltimos meses en diferentes territorios ante la propuesta de Agricultura de acelerar desde este mismo a?o el proceso iniciado en 2015 con escasos resultados.

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Los se?ores del campo: as¨ª se reparten las ayudas europeas entre los que m¨¢s reciben

Agricultura pretende que en 2021, en una misma regi¨®n, el pago m¨ªnimo no sea inferior al 70% de la media regional y que ese porcentaje llegue al 80% en 2022. El objetivo es que un agricultor con una misma actividad cobre lo mismo para alcanzar la convergencia plena en 2025 para, a partir de ah¨ª negociar la supresi¨®n los derechos individuales y pasar a un sistema de pagos por superficie. Agricultura deber¨ªa haber reducido ya el n¨²mero de regiones donde hacer esos ajustes y pasar del medio centenar actual a una docena.

Adem¨¢s de la convergencia de ayudas, las comunidades aut¨®nomas deber¨¢n manifestarse sobre los destinatarios prioritarios de las mismas, donde Planas plantea que sean los agricultores genuinos cuyos ingresos por la actividad agraria supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. Se baraja la figura del ¡°genuino plus¡± cuando sus porcentajes sean superiores y se deber¨¢ contemplar igualmente la situaci¨®n en algunos territorios donde son importantes los agricultores a tiempo parcial. Los gobiernos regionales deber¨¢n plantear sus propuestas sobre los ecoesquemas o el conjunto de actuaciones en materia de medio ambiente que puede llevar a cabo un agricultor o ganadero en su explotaci¨®n m¨¢s all¨¢ de las exigencias m¨ªnimas comunitarias y se pretende que sus importes sean iguales en todos los territorios. Para los ecoesquemas se destinar¨¢n anualmente el 20% de los pagos comunitarios, unos 1.000 millones de euros.

Las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n deber¨¢n posicionarse sobre el techo en los pagos directos, la aplicaci¨®n de los recortes y su redistribuci¨®n. Hasta la fecha no se han planteado debates y protestas sobre la aplicaci¨®n del capping o ajuste de los pagos del 25% cuando supere los 60.000 euros, del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros, del 85% a partir de los 90.000 euros con un techo en los 100.000 euros, en todos los casos una vez deducidos los costes en materia de empleo.

Agricultura defiende una pol¨ªtica redistributiva de las ayudas o un pago complementario a las primeras hect¨¢reas de una explotaci¨®n. Todav¨ªa no se ha definido ese modelo de explotaci¨®n que recibir¨¢ ese apoyo y que se nutrir¨ªa de los ajustes llevados a cabo en los pagos m¨¢s altos de los que el Gobierno espera recaudar solo poco m¨¢s de 100 millones de euros. Al tratarse de una cifra muy baja no se descarta la posibilidad de aplicar un ajuste general para nutrir ese fondo en todos los pagos. En la mejora en las primeras hect¨¢reas de una explotaci¨®n, se coincide sobre no aplicarla en las explotaciones cuyo montante supere los 60.000 euros en cuanto supondr¨ªa dar unos fondos por un lado y quitarlos por el otro.

Las negociaciones con las comunidades aut¨®nomas para elaborar este Plan Estrat¨¦gico deber¨¢n contemplar adem¨¢s la necesidad de pasar el test de la evaluaci¨®n medioambiental del Ministerio de Transici¨®n y tambi¨¦n las nuevas mayores exigencia burocr¨¢ticas comunitarias en materia, no solo de asignaci¨®n de los fondos, sino de evaluaci¨®n de los resultados para justificar los pagos.