El abogado de oficio que gan¨® a Goldman Sachs
La demanda de un alba?il llevada por un letrado incansable est¨¢ a punto de terminar: los 2.935 pisos protegidos vendidos por la Comunidad de Madrid a un fondo de inversi¨®n volver¨¢n a ser p¨²blicos
A Rachid Bouikov, un padre de familia espa?ol de origen marroqu¨ª de 41 a?os, muy cabezota, que vive de lo que sale en la construcci¨®n, le subieron 140 euros el alquiler de su casa protegida en Navalcarnero. Para evitarlo, no se le ocurri¨® otra cosa que impugnar un convenio de venta urban¨ªstica de 2.935 viviendas protegidas por parte de la Comunidad de Madrid al fondo de inversi¨®n Encasa Cibeles (propiedad en un 97% del banco de inversi¨®n Goldman Sachs) por valor de 201 millones de euros. Para Rachid, en esta venta se escond¨ªa la raz¨®n del injusto aumento de su mensualidad. El azar quiso que el expediente, condenado a desaparecer por estramb¨®tico, le tocase a C¨¦sar Pinto, un abogado de oficio de 54 a?os igual de cabezota, que acept¨® su caso. Todo esto ocurr¨ªa entre 2013 y 2015. Desde entonces, han librado una extenuante batalla judicial llena de sentencias, apelaciones, recursos de ida y vuelta, autos, notificaciones, aclaraciones y m¨¢s sentencias. De un lado, el equipo jur¨ªdico del fondo de inversi¨®n y los abogados especialistas de la Comunidad de Madrid; del otro, Pinto, padre de cuatro hijos, especializado en causas perdidas y en derecho contencioso-administrativo, solo en su despacho.
El domingo, en Navalcarnero, un vecino de Rachid que volv¨ªa de comprar el pan y una Coca-Cola se cruz¨® con C¨¦sar Pinto y le dijo:
- Gracias. Por ti a¨²n tenemos las casas. Gracias a Al¨¢ y a ti.
Porque Pinto y Rachid han ganado, y su victoria afecta a todos. La Comunidad de Madrid se opuso a que su caso beneficiara al resto de vecinos en su misma situaci¨®n. Pero el empe?o del abogado de oficio logr¨® que, el pasado febrero, el tribunal fallara de nuevo a su favor: la sentencia de mayo de 2018 que anulaba la subida del alquiler de Rachid y devolv¨ªa su vivienda a manos p¨²blicas se hizo extensiva a los otros 2.934 vecinos. El potente fondo de inversi¨®n ya se ha rendido y ha pedido desembarazarse de las promociones y, de paso, ha reclamado esta semana a la Comunidad de Madrid casi 200 millones de euros por da?os y perjuicios. El Gobierno regional ha recurrido, como ¨²ltima carta judicial, la ejecuci¨®n de la sentencia, pero sabe que se encuentra en posici¨®n de mate inminente.
Los inquilinos de Navalcarnero volver¨¢n, pues, a las condiciones del alquiler anterior a la compra por el fondo de inversi¨®n. Los vecinos de Rachid, todos con sueldos y trabajos precarios, cuando los hay, celebran la noticia. Aunque, hechos a que vengan mal dadas, no se f¨ªan del todo. Por el camino han quedado los que abandonaron su casa porque no pod¨ªan hacer frente a las nuevas mensualidades y no tuvieron el coraje de negarse a pagar y afrontar la presi¨®n y la marea de notificaciones y volantes de apremio. O los que aceptaron dinero de Goldman Sachs por dejar la casa. Tambi¨¦n, los que se marcharon sin m¨¢s, porque no se les renov¨® el contrato de alquiler. A algunos, sencillamente, los desahuciaron. El activista por la defensa de la vivienda p¨²blica Jos¨¦ Castro, que trabaja desde hace a?os cerca de estas familias, calcula que entre unos y otros llegan al millar. Muchos de ellos llevan dando tumbos desde entonces.
El domingo pasado, como todos los domingos, se celebr¨® una reuni¨®n en el garaje subterr¨¢neo del bloque de pisos de Rachid. Acudieron varias docenas de afectados que viven all¨ª y, tambi¨¦n, de modo excepcional, Pinto, que se prest¨®, con la mascarilla puesta, en medio de dos coches, a resolver las mil y una dudas de cada uno.
- Pero, ?tenemos que seguir pagando a Goldman Sachs?
- Y si no he pagado todo lo que me ped¨ªan, ?me puede a¨²n desahuciar el fondo buitre?
- ?A qui¨¦n reclamo yo porque mi caldera no funciona? ?O por las goteras?
Pinto respond¨ªa como pod¨ªa (¡°yo solo llevo el caso de Rachid, pero os aconsejo que sig¨¢is pagando hasta que se ejecute la sentencia¡±). Cada uno en esa reuni¨®n cargaba su historia. La de Brahim El Boudakhani, de 45 a?os, es algo distinta de la de su amigo Rachid. A ¨¦l tambi¨¦n le subieron de 40 a 260 euros. Y por la misma raz¨®n: aunque el fondo de inversi¨®n prometi¨® no alterar las tarifas, al dejar de ser inquilinos de la Comunidad de Madrid, perd¨ªan derecho a una reducci¨®n en la renta por ser familias vulnerables. Rachid decidi¨® no pagar nada y recurrir a lo grande. Brahim resolvi¨® seguir pagando a Goldman Sachs lo mismo que pagaba a la Comunidad, los 45 euros. ¡°Dijeron que no me iba a subir nada. Pues yo les dije a los del banco que transfirieran lo mismo que antes¡±, se justifica. Ahora tiene enfrente una demanda de impago por m¨¢s de 9.300 euros y varias notificaciones de desahucio que, conf¨ªa, gracias a la sentencia de Rachid, no se ejecuten nunca. Pero qui¨¦n sabe. Una se?ora de 62 a?os, que prefiere no dar su nombre, limpiadora de casas y oficinas, pagaba a la Comunidad de Madrid 39 euros por su piso. Con la llegada de Goldman Sachs, el alquiler ¨Cal perder la reducci¨®n- le subi¨® a 200 euros. Pag¨® unos meses. Pero despu¨¦s dej¨® de hacerlo porque se qued¨® sin trabajo. Asegura que ganaba menos de 200 euros. Lo mismo que gana ahora. En 2015, seg¨²n cuenta, un representante del fondo de inversi¨®n le prometi¨® que, si se iba de la casa, le perdonar¨ªan la deuda y le dar¨ªan, adem¨¢s, alg¨²n dinero extra. ¡°No acept¨¦¡±, afirma, ¡°porque no tengo d¨®nde ir¡±. Ahora, junto a Brahim, no sabe qu¨¦ pasar¨¢ con la deuda que acumula con el fondo de inversi¨®n. Tal vez se la perdonen. O no. Qui¨¦n sabe.
En 2013 gobernaba la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez, del Partido Popular. La decisi¨®n de vender las 2.935 viviendas p¨²blicas, repartidas en 32 promociones en localidades como Madrid (Vallecas), Parla, Navalcarnero, Arroyomolinos, Majadahonda o M¨®stoles, entre otros, se justific¨® con razones econ¨®micas: ¡°En este momento y contexto inmobiliario, se considera estrat¨¦gicamente necesario, a fin de equilibrar el presupuesto del Instituto de la Vivienda (Ivima) llevar a cabo la enajenaci¨®n¡±, reza el documento del Consejo de Gobierno de junio de 2013 por el que se acuerda la venta. Y prosigue: ¡°El concurso no afecta a los derechos de los arrendatarios y, desde luego, se realizar¨ªa con las mayores garant¨ªas¡±. Esto ¨²ltimo es solo verdad en teor¨ªa. Desde el momento en que las viviendas dejan de ser p¨²blicas, los inquilinos pierden el amparo de la Comunidad de Madrid, y con ¨¦l la rebaja del alquiler que les proteg¨ªa como familias vulnerables, a un paso de la pobreza. Esto no se mencionaba en ning¨²n sitio. Los afectados se lo encontraron cuando comprobaron que el mordisco a la cuenta del banco era mayor del acostumbrado. ¡°Ah¨ª empez¨® todo. En ese desfase. Las personas que habitaban esas casas quedaron, sencillamente, desamparadas. Si la Comunidad de Madrid se hubiera preocupado de compensar esa subida de alquiler, tal vez no habr¨ªa caso. Pero se lavaron las manos. Esos inquilinos no importaban a nadie. No es verdad que no tengan voz. Es que nadie se preocup¨® de escucharles¡±, cuenta el abogado Pinto.
En el lote de las 2.935 viviendas, ocupadas en un 80%, hab¨ªa de todo. Parejas j¨®venes que cobraban 30.000 euros al a?o y que hab¨ªan conseguido el piso con opci¨®n a compra dentro de los planes p¨²blicos de acceso a la vivienda para j¨®venes. Pero tambi¨¦n casos como el de Vanesa Fern¨¢ndez S¨¢ez, de 42 a?os, sin empleo fijo, madre de un adolescente de 15 a?os y de una ni?a de seis. En 2013, viv¨ªa en un piso protegido en el ensanche de Vallecas. Pagaba 89 euros. Pero al perder la reducci¨®n tras la venta de las viviendas a Goldman Sachs el alquiler subi¨® a 409. En 2015 naci¨® su hija peque?a. Dej¨® de trabajar. Dej¨® de pagar. Asegura que los nuevos propietarios le ofrecieron 2.000 euros para la mudanza si abandonaba la casa. ¡°Como no se pagaba la comunidad de vecinos no hab¨ªa luz ni ascensor, y yo viv¨ªa en el sexto piso, aislada y deprimida. As¨ª que cog¨ª el dinero y me fui¡±, cuenta. Vivi¨® un tiempo con el padre de su hija, pero se separ¨® de ¨¦l despu¨¦s. Solo consigue trabajos espor¨¢dicos, a veces como clac en programas de televisi¨®n, a veces nada. Ahora vive en una casa de una asociaci¨®n caritativa con su hija, porque no pudo seguir pagando los 500 euros que le ped¨ªan por un piso peque?o en Tetu¨¢n, donde residi¨® un tiempo. Su hijo est¨¢ en un internado. Ha pedido otra vivienda protegida, pero est¨¢ en una lista de espera.
Encasa Cibeles asegura que desde 2013 se han ejecutado 102 desahucios, ninguno en los dos ¨²ltimos a?os, y que nunca han afectado a familias vulnerables. Rachida Al Jaouzi, de 50 a?os, de nacionalidad espa?ola, al escuchar esto, responde, simplemente: ¡°Eso es mentira¡±. Y a?ade: ¡°Escuche esto: mi padre, Aldelkader, de 76 a?os y mi madre, Soodia, tambi¨¦n de 76 a?os, viv¨ªan en una casa protegida del ensanche de Vallecas, en La Gavia. Fue una de las que vendieron al fondo buitre. Llevaban en Espa?a 40 a?os. Cobraban de pensi¨®n de jubilaci¨®n 300 euros cada uno. Pagaban 50 euros de alquiler a la Comunidad de Madrid. Encasa Cibeles asegur¨® que las condiciones no cambiaban. Pero en 2017 les dijeron a mis padres que deb¨ªan pagar 5.000 euros. Luego, otro se?or, les propuso perdonarles la deuda y darles algo de dinero si se iban. No aceptaron. A mi madre le gustaba su casa. La hab¨ªa puesto a su gusto. En 2017 llegaron las cartas de desahucio. No se fueron a la primera. Pero a la segunda, s¨ª. No se opusieron. Les daba verg¨¹enza que los vecinos, muchos de Marruecos, les vieran pelearse con la polic¨ªa, con los muebles en la calle. Esa noche los acogi¨® el Samur social. Despu¨¦s fueron a un hotel pagado por la Comunidad de Madrid, que luego les ha dado una casa. Pero es vieja, y fr¨ªa. Mi madre me pregunta si le van a devolver su antiguo piso ahora que todo va a cambiar¡±.
El p¨¢rrafo central de la decisiva sentencia de 2018 que anula la venta inmobiliaria dice as¨ª: ¡°Entre las justificaciones de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la enajenaci¨®n se apunta que las viviendas no son necesarias (¡)¡± Y agrega: ¡°Sin que se explique ni justifique dicha afirmaci¨®n con ning¨²n tipo de informe o an¨¢lisis¡±.
Goldman Sachs compr¨® 2.935 viviendas. Pero ahora s¨®lo quiere entregar a la Comunidad de Madrid 1.721, ya que las restantes 1.214 han sido vendidas ¡°de buena fe¡±, seg¨²n aclara en el escrito al juez, a las personas que las ten¨ªan alquiladas con opci¨®n a compra o a terceros. A los que no eran ni Rachid, ni Brahim, ni Vanesa Fern¨¢ndez o los padres de Rachida. Por su parte, la Comunidad de Madrid, en su ¨²ltimo escrito al juez, remitido esta semana, le pide que aclare qu¨¦ pasa con estas viviendas vendidas antes de ejecutar la sentencia. ¡°Esos propietarios se encuentran en indefensi¨®n jur¨ªdica. Si las 2.935 casas vuelven en bloque a manos de la Comunidad de Madrid, ah¨ª estar¨ªan incluidas en teor¨ªa las 1.214 vendidas. Lo que constituye un sinsentido. Para dar m¨¢s pasos adelante necesitamos saber qu¨¦ pasa con esas 1.214 viviendas. El juez debe dejarlo claro¡±, afirma un portavoz de la Comunidad de Madrid. Goldman Sachs, que reclama 200 millones al Gobierno regional por da?os y perjuicios, prefiere no especificar cu¨¢nto ha ganado con la venta de esas viviendas. ¡°Es informaci¨®n confidencial que ata?e solamente a los compradores¡±, alegan.
El que no ha ganado nada excepto la tarifa oficial estipulada es el abogado de oficio. No importa: el domingo, despu¨¦s de la reuni¨®n del garaje, cuando los vecinos se fueron cada uno para su casa, Rachid le pidi¨® por favor que esperara en el portal. Pinto aguard¨® al lado del cristal de la puerta, adornado con pegatinas de dibujos de buitres. Rachid baj¨® al rato y, con su sonrisa de cabezota, le regal¨® una bolsa con dos tuppers repletos de dulces de miel t¨ªpicos del Ramad¨¢n.
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