El Supremo condena al Estado a pagar a Castilla y Le¨®n el IVA de 2017 y abre la puerta a que otras comunidades sean compensadas

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a abonar a la Junta de Castilla y Le¨®n la liquidaci¨®n del IVA de 2017. El Gobierno auton¨®mico reclam¨® 182 millones de euros y conf¨ªa en recibir esa misma cantidad, aunque la sentencia no cifra la cuant¨ªa exacta que se deber¨¢ rembolsar. La Junta demand¨® 120,49 millones de euros de forma directa y otros 61,51 euros de manera indirecta por su impacto en los fondos del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. La Junta ha advertido de que ese sistema de tributaci¨®n supuso un traslado total de 4.150 millones que podr¨ªan comprometer los Presupuestos nacionales si otras comunidades exigen ese reembolso y la justicia les da la raz¨®n.

El problema surgi¨® en 2017, con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno central: el entonces ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, implant¨® un nuevo sistema electr¨®nico (denominado Suministro Inmediato de Informaci¨®n o SII) para gestionar el cobro del IVA. La puesta en marcha del mecanismo ampli¨® el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto y provoc¨® un desfase de un mes en los pagos: la recaudaci¨®n de noviembre no se ingres¨® en diciembre como sol¨ªa ocurrir, sino en enero, a ejercicio cerrado. Las comunidades acabaron ingresando 11 meses en lugar que 12: unos 2.500 millones que presupuestaron, pero nunca recibieron. Desde entonces, empez¨® una guerra de varias autonom¨ªas para exigir al Gobierno la devoluci¨®n de los importes.

El caso de Castilla y Le¨®n lleg¨® al alto tribunal porque la direcci¨®n de los servicios jur¨ªdicos auton¨®micos interpuso un recurso contencioso-administrativo el pasado 25 de septiembre despu¨¦s de que el Consejo de Ministros desestimara ¡°de forma presunta, por falta de respuesta¡±, seg¨²n la Junta, la reclamaci¨®n realizada por el ejecutivo que comanda Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, del PP, en coalici¨®n con Ciudadanos. El Supremo ha estimado parcialmente la demanda y no concreta la devoluci¨®n exacta de esos 182 millones ¡°al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado¡±. As¨ª, la compensaci¨®n depender¨¢ de la diferencia entre el resultado de la liquidaci¨®n practicada por el Estado y la que resultar¨ªa de computar la recaudaci¨®n del IVA de 12 mensualidades, incluida la de noviembre de 2017. Ninguna de las partes deber¨¢ abonar las costas procesales.

La Junta, que ha emitido un comunicado este martes informando de esta resoluci¨®n favorable que ha tildado de pionera, ha dado por hecho que se le reintegrar¨¢ la cantidad solicitada. La parte a?adida a los 120,49 millones procedentes directamente de la liquidaci¨®n del IVA se corresponde con 30,98 millones del Fondo de Garant¨ªa de Servicios P¨²blicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y otros 9,32 millones del Fondo de Cooperaci¨®n. La sentencia del Supremo admite ¡°un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Aut¨®noma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administraci¨®n del Estado¡±. Los demandantes subrayaron se hab¨ªa visto ¡°vulnerada su autonom¨ªa financiera¡± al carecer de esos recursos econ¨®micos.

A?os de reclamaciones

El pronunciamiento judicial conocido este martes llega tras varios a?os de insistencia de Castilla y Le¨®n para recuperar ese dinero. Ma?ueco escribi¨® una carta en verano de 2019 al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez (PSOE), inst¨¢ndole a que se hiciera efectiva esa liquidaci¨®n para facilitar la sostenibilidad de los servicios p¨²blicos de la comunidad. Despu¨¦s hubo otros contactos con el Ministerio de Hacienda e incluso los Presupuestos Generales de 2019 incluyeron un apartado para posibilitar que en ese ejercicio se imputasen los ingresos correspondientes a 13 mensualidades, si bien la falta de apoyo a esas cuentas impidi¨® que prosperara. Las Cortes auton¨®micas, de mayor¨ªa PP y Cs, insistieron al Gobierno central en febrero de 2020.

Entonces se celebr¨® un bronco Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, el c¨®nclave en el que Hacienda y las comunidades debaten los temas de financiaci¨®n auton¨®mica. Los consejeros regionales exigieron la devoluci¨®n de los 2.500 millones del IVA de 2017, pero la ministra de la rama, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, no dio su brazo a torcer. A cambio, relaj¨® los objetivos presupuestarios para el ejercicio, permitiendo a las autonom¨ªas cerrar 2020 con un d¨¦ficit del 0,2% del PIB, justo unos 2.500 millones, y retrasando el equilibrio de las cuentas hasta 2022.

Adem¨¢s, Montero ofreci¨® que el efecto del IVA de 2017 no computar¨ªa en el c¨¢lculo de los n¨²meros rojos de 2019 y anunci¨® un nuevo mecanismo de financiaci¨®n a inter¨¦s cero para aliviar el agujero causado por el desfase de la mensualidad no cobrada. La mayor¨ªa de las autonom¨ªas, tanto del PP como del PSOE, no se quedaron satisfechas con el trueque. Adem¨¢s de Castilla y Le¨®n, otras comunidades de distinto color pol¨ªtico acudieron a los tribunales para exigir la devoluci¨®n del IVA. Entre ellas Madrid, Andaluc¨ªa, Galicia, Cantabria, Asturias o Castilla-La Mancha. La sentencia del Supremo abre ahora la puerta a que la compensaci¨®n se extienda a otras comunidades.

La Junta de Castilla y Le¨®n, por medio del director de los servicios jur¨ªdicos de la consejer¨ªa de Presidencia, Luis Miguel Gonz¨¢lez, destaca que este pronunciamiento del Supremo ¡°puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n igualmente afectadas¡±. La sentencia, apunta Gonz¨¢lez, recoge que el traslado de ingresos derivados de ese sistema ascendi¨®, en el c¨®mputo nacional, a 4.150 millones de euros. Por tanto, zanja, si otros territorios ¡°igualmente afectados¡± deciden reclamar y la justicia las apoya, las cuentas generales pueden verse comprometidas.