La justicia ordena la intervenci¨®n de las plantas de Alu Ib¨¦rica en A Coru?a y Avil¨¦s
Un auto dicta que la gesti¨®n de seis sociedades sea llevada por el Estado tras encontrar el juzgado indicios de ¡°descapitalizaci¨®n¡±
La Audiencia Nacional ha ordenado la intervenci¨®n de las f¨¢bricas de aluminio de Alu Ib¨¦rica en A Coru?a y Avil¨¦s. Ambas plantas fueron parte de un acuerdo de compraventa entre Alcoa y el fondo suizo Parter Capital en 2019 y posteriormente vendidas a Alu Iberia. La magistrada ve indicios de fraude en el ¨²ltimo traspaso por lo que entrega de forma cautelar la administraci¨®n de las centrales al Estado por los pr¨®ximos seis meses. El dictamen, publicado en un auto con fecha de 27 de abril, responde a la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras la orden de detenci¨®n de cuatro personas. La medida no interrumpe la actividad empresarial y podr¨¢ ser renovada al terminar el plazo establecido. La compa?¨ªa puede recurrir y est¨¢ ¡°estudiando el auto¡±, seg¨²n han manifestado a Efe fuentes pr¨®ximas a la directiva.
Seg¨²n el auto, el grupo Parter compr¨® las f¨¢bricas a trav¨¦s de una sociedad llamada Blue Motion Technologies A.G., por un euro. Pocos meses despu¨¦s las traspas¨® a la sociedad espa?ola System Capital Management. Esta ¨²ltima, sin ninguna experiencia en el sector del aluminio, adquiri¨® el 75% de las participaciones sociales por un precio muy superior: 13 millones de euros. Este importe fue obtenido por System Capital Management a trav¨¦s de ¡°pr¨¦stamos¡± que los propios centros de producci¨®n otorgaron a instancias del grupo suizo. El juzgado ve indicios de un presunto desv¨ªo de fondos de las centrales en beneficio de Blue Motion Technologies, que adem¨¢s imposibilitaron el reinicio de la producci¨®n.
¡°System Capital Management habr¨ªa servido de canal para detraer capitales de las plantas de producci¨®n, en lo que en este momento inicial de la instrucci¨®n, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos¡±, dice el auto
La magistrada percibe que estas medidas cautelares son necesarias para evitar que se realicen operaciones que podr¨ªan incidir en la detracci¨®n de los recursos de las plantas. Ser¨¢n intervenidas las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management SL), PM MR 1986 SL (cuyo nombre comercial, Grupo Industrial Riesgo, figura como propietario de las plantas), Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ib¨¦rica AC y Alu IB¨¦rica AVL que habr¨ªan formado parte de un proceso destinado a desviar fondos a favor del primer comprador de las plantas.
¡°Se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciaci¨®n del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuaci¨®n de descapitalizaci¨®n y despatrimonializaci¨®n de las empresas y los centros de producci¨®n de A Coru?a y Avil¨¦s¡±, apunta.
Apoyo de la SEPI
El comit¨¦ de empresa de la f¨¢brica asturiana ha pedido, a ra¨ªz de este dictamen, la intervenci¨®n del Gobierno a trav¨¦s de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Daniel Cuartas, representante de UGT en la planta de Avil¨¦s, asegura esta podr¨ªa ser una buena oportunidad para asegurar la continuidad de las f¨¢bricas y de los puestos de trabajo. Para Cuartas, esta medida cautelar como una confirmaci¨®n de que sus sospechas podr¨ªan ser ciertas. Los sindicatos han denunciado irregularidades y falta de producci¨®n en numerosas ocasiones.
El presidente del comit¨¦ de empresa de la f¨¢brica de Avil¨¦s, Jos¨¦ Manuel G¨®mez de la Uz, de CC OO ha coincidido en que este paso judicial les da la raz¨®n en todos los argumentos que vinieron esgrimiendo contra el proceso de venta. En declaraciones a Efe, G¨®mez de la Uz, ha afirmado que, al estar la f¨¢brica tutelada, tarde o temprano se conocer¨¢ la situaci¨®n financiera de la compa?¨ªa y la necesidad de una acci¨®n por parte del Gobierno.
La investigaci¨®n, que est¨¢ bajo secreto de sumario, se inici¨® el pasado 22 de diciembre a ra¨ªz de una querella presentada por la Confederaci¨®n de Cuadros Profesionales. Este sindicato denunci¨® presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiaci¨®n indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Alcoa tambi¨¦n ha presentado una demanda contra el grupo suizo relacionada con la compra de acciones en las dos centrales.
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