El Constitucional tumba el decreto que integra las pensiones de clases pasivas en la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional (TC) est¨¢ subiendo el list¨®n de sus exigencias sobre la justificaci¨®n de la urgencia en la aprobaci¨®n de los decretos-leyes, y ha tumbado en su pleno de esta semana el real decreto-ley 15/2020 sobre medidas laborales y fiscales, en el que se integr¨® el r¨¦gimen de clases pasivas en la Seguridad Social. En dicho r¨¦gimen, que supone un gasto superior a los 15.000 millones de euros anuales, hay en estos momentos unos 650.000 funcionarios jubilados y tambi¨¦n en activo. La sentencia del TC se?ala que ¡°el Gobierno hizo un mal uso del real decreto¡± pues ¡°el traspaso a la Seguridad Social no reun¨ªa los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad¡±, requisito esencial para que puedan adoptarse medidas de calado por esta v¨ªa.

Al aprobar la medida, el Gobierno justific¨® la conveniencia de actuar con rapidez porque se trataba de unos ¡°cambios normativos¡± para los que no era conveniente esperar. Se a?adi¨® que dichas modificaciones no podr¨ªan ser aprobadas con la suficiente celeridad ¡°mediante el procedimiento ordinario de tramitaci¨®n parlamentaria¡±. Y consider¨® que el retraso en la puesta en marcha del sistema producir¨ªa ¡°inseguridad jur¨ªdica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadan¨ªa¡±.

La sentencia del Constitucional sobre las clases pasivas ha tenido un voto particular en contra. Ha sido formulado por el magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido, quien considera que s¨ª exist¨ªan evidentes razones de urgencia para que los cambios que contempla se aprobaran como decreto-ley. Dicho magistrado estima que, en lo esencial, la medida adoptada es de ¨ªndole puramente administrativa necesaria y urgente. La tesis de Conde-Pumpido es que el objetivo del decreto-ley consist¨ªa en hacer efectiva una competencia del Gobierno como es la modificaci¨®n de un departamento ministerial, y que se adopt¨® en el momento inicial de la pandemia cuando el confinamiento y el estado de alarma no permit¨ªan la tramitaci¨®n urgente de una reforma legislativa dadas las propias dificultades de funcionamiento que afectaban al Parlamento.

Oleada de protestas

El recurso contra este decreto-ley fue presentado por el PP. El Constitucional ¨Cque a¨²n no ha dado cuenta del fallo¨C admiti¨® la impugnaci¨®n a tr¨¢mite en julio pasado. Y el Gobierno activ¨® en paralelo un proyecto de ley con los mismos fines sobre los cambios en el r¨¦gimen de clases pasivas, lo que permite la presentaci¨®n y debate de enmiendas al texto propuesto. La cr¨ªtica a la iniciativa del Ejecutivo se centr¨® desde el primer momento en las dudas que generaba el cambio.

La modificaci¨®n de la gesti¨®n de las prestaciones y pensiones de los funcionarios sin intervenci¨®n de los grupos parlamentarios y debate p¨²blico, y sin consultas a los sindicatos provoc¨® una oleada de protestas. Seg¨²n ha explicado el sindicato CSIF en un comunicado, solicit¨® al Ministerio de Seguridad Social ¡°una aclaraci¨®n sobre las consecuencias de dicho traspaso de gesti¨®n¡± por una ¡°situaci¨®n que gener¨® una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios¡±, que vieron ¡°recortados sus derechos de pensi¨®n¡± y que ha provocado ¡°una oleada de jubilaciones anticipadas¡±.

En su nota, CSIF detalla que ¡°tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 a?os de edad, un 26,2% m¨¢s que en el mismo per¨ªodo de 2010¡å.

El R¨¦gimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administraci¨®n General del Estado, de la Administraci¨®n de Justicia, de las Cortes Generales y de otros ¨®rganos constitucionales o estatales, as¨ª como a los funcionarios transferidos a las comunidades aut¨®nomas.