Bruselas reabre el expediente a Espa?a por la morosidad de las comunidades y los ayuntamientos

Bruselas ha amenazado este mi¨¦rcoles con llevar a Espa?a a la justicia europea por los ¡°excesivos retrasos¡± de los pagos a proveedores por parte de las administraciones p¨²blicas, en particular comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos. Seis a?os despu¨¦s de que se abriera el expediente, la Comisi¨®n Europea ha decidido enviar un dictamen motivado al gobierno tras constatar que persisten los incumplimientos. Si la respuesta de Espa?a no es satisfactoria, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que podr¨¢ recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

La m¨¢xima prioridad de Bruselas es ahora salvar el tejido productivo de la UE. La brutal recesi¨®n sufrida a ra¨ªz de la pandemia ha puesto contra la cuerda a las empresas, en especial a las pymes. Y ahora, estas pueden verse perjudicadas por una retirada a destiempo de las ayudas a los gobiernos, lo cual disparar¨ªa tambi¨¦n la tasa de paro. Por ello, Bruselas ha llamado la atenci¨®n a Italia y Espa?a sobre los retrasos que siguen sufriendo los proveedores de las administraciones p¨²blicas.

El Ejecutivo comunitario ha decidido enviar a Espa?a un dictamen motivado por ¡°los retrasos excesivos en los pagos por parte de las autoridades p¨²blicas¡±. ¡°En opini¨®n de la Comisi¨®n, esa demora constituye una infracci¨®n de las obligaciones derivadas de la directiva 2011/7 [sobre morosidad]¡±, aseguran fuentes del Ejecutivo de Ursula von der Leyen. La legislaci¨®n comunitaria obliga a las autoridades p¨²blicas a pagar sus facturas en 30 d¨ªas (60 d¨ªas, en el caso de los hospitales). ¡°Los pagos atrasados tienen un efecto negativo en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impiden crecer, dificultan su resiliencia y su capacidad para volverse m¨¢s verdes y digitales¡±, a?ade Bruselas.

El expediente a Espa?a se abri¨® en 2015, si bien se dej¨® en suspenso en 2018 a petici¨®n del gobierno espa?ol para permitirle identificar y ejecutar medidas para abordar el problema. Adem¨¢s, se incorpor¨® una nueva metodolog¨ªa para calcular esos periodos de pagos a instancias de Bruselas, puesto que el sistema empleado por la Administraci¨®n no cumpl¨ªa con las reglas europeas. Fuentes comunitarias explican que durante ese periodo las autoridades espa?olas entregaron informes regulares. ¡°Despu¨¦s de dos a?os de suspensi¨®n, sin embargo, la situaci¨®n no ha mejorado¡±, a?aden.

El Ejecutivo comunitario considera que no hay una tendencia constante hacia ¡°una reducci¨®n sist¨¦mica e irreversible¡± de esas demoras. Y si bien reconoce los esfuerzos hechos por las autoridades centrales, cree que las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos no se han empleado de igual manera. ¡°Las medidas puestas en marcha por las autoridades espa?olas [en esas administraciones] no han dado los resultados esperados¡±, agregan.

Seg¨²n las estimaciones de la Comisi¨®n, en noviembre de 2020 la deuda comercial de las autonom¨ªas sigui¨® escalando hasta los 5.093 millones de euros. El periodo de pago era de 66 d¨ªas en el caso de los gobiernos regionales, y de 68 en el de las corporaciones locales. En ambos casos, casi duplicaban lo admitido por la ley comunitaria. Aun as¨ª, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad indica que la media de pago del sector p¨²blico fue de 77 d¨ªas en 2020. Bruselas da dos meses a Espa?a para contestar. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, podr¨¢ ir ante la Corte de Luxemburgo.