Agricultores y ganaderos cargan contra la revoluci¨®n verde que Bruselas plantea para el campo
Las organizaciones rechazan las nuevas exigencias medioambientales de la PAC, que elevan los costes y rebajan la producci¨®n y la rentabilidad de las explotaciones
Las organizaciones agrarias, con la excepci¨®n de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA), han recibido con recelo y preocupaci¨®n el acuerdo logrado por los ministros europeos de Agricultura sobre la nueva reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), que comenzar¨¢ a aplicarse a partir de 2023 y que para Espa?a supone un montante de 47.724 millones de euros, unos 5.000 millones anuales para pagos directos y otros 1.500 millones para desarrollo rural. Oficialmente se trata de una cifra similar a la percibida en el periodo anterior, pero desde el sector se estima que supone un ajuste del 10% por el efecto de la inflaci¨®n y de otras medidas.
Con todo, la principal cr¨ªtica de las organizaciones es el reparto sectorial de fondos: un 40% ir¨¢ a las pol¨ªticas verdes, que incluir¨¢n los llamados ecoesquemas. Estos fondos verdes que copar¨¢n una cuarta parte del presupuesto, aseguran las asociaciones agrarias, incluyen nuevas exigencias medioambientales que van a suponer mayores costes de producci¨®n para una menor oferta, as¨ª como la p¨¦rdida de competitividad frente a las importaciones extracomunitarias, con menos exigencias laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria.
El sector teme que ello suponga menos rentabilidad, el cierre de peque?as y medianas explotaciones y menos autosuficiencia alimentaria para la Uni¨®n Europea. Critican que no se haya avanzado m¨¢s en la recuperaci¨®n de algunos mecanismos para la regulaci¨®n de los mercados. ¡°Con n¨²meros rojos¡±, coinciden medios sindicales, ¡°no podemos ser verdes¡±.
A la espera de las negociaciones
En este escenario, las organizaciones agrarias se?alan la necesidad de esperar a las negociaciones para su aplicaci¨®n en Espa?a, bas¨¢ndose en la elaboraci¨®n del Plan Estrat¨¦gico donde la redistribuci¨®n de los fondos y la aplicaci¨®n de las pol¨ªticas de convergencia de ayudas ¡ªcobrar lo mismo por una misma actividad¡ª son piezas clave.
El secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, hace una valoraci¨®n general positiva de la PAC en cuanto recoge puntos importantes defendidos por la organizaci¨®n, como la redistribuci¨®n del 10% de los fondos de pago b¨¢sico entre las peque?as y medianas explotaciones, el techo de las ayudas en los 100.000 euros por beneficiario y el ajuste de las mismas. Tambi¨¦n el aumento hasta el 3% de los fondos para la incorporaci¨®n de los j¨®venes al sector.
Las posiciones m¨¢s duras proceden de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), donde su secretario general, Miguel Blanco, considera que la condicionalidad medioambiental, algo que tambi¨¦n defiende la organizaci¨®n, no puede poner en peligro la sostenibilidad de las explotaciones. ¡°Los agricultores no queremos ser los jardineros de la UE¡±, afirma Blanco. COAG estima que las mayores exigencias derivadas la pol¨ªtica verde, que abarca el 40% de los fondos, as¨ª como la reducci¨®n del uso de fertilizantes, fitosanitarios o zoosanitarios, se va a traducir en una menor oferta con mayores costes a las espaldas de los productores, lo que acarrear¨¢ una posici¨®n menos competitiva frente las importaciones. En definitiva, augura el cierre de las peque?as y medianas explotaciones. Un paso m¨¢s para ¡°uberizar¡± (en referencia a la compa?¨ªa de veh¨ªculos sin conductor) la actividad.
Autosuficiencia alimentaria en peligro
COAG advierte adem¨¢s que se estar¨ªa poniendo en riesgo la propia autosuficiencia alimentaria de la UE en un momento clave para evitar los riesgos de la escasez alimentaria mundial. La organizaci¨®n estima que el techo de 100.00 euros de ayuda por peticionario es una cifra muy elevada y denuncia que se est¨¦n descafeinando las condiciones de los agricultores genuinos como destinatarios prioritarios de las ayudas.
Uni¨®n de Uniones considera que el acuerdo sobre la futura PAC supone poner en jaque la rentabilidad de los cultivos y de las explotaciones comunitarias por el reforzamiento excesivo de las pol¨ªticas verdes, que destinan el 25% de los fondos a los ecoesquemas y el 35% de los fondos del segundo pilar, el desarrollo rural, igualmente a fines medioambientales. La organizaci¨®n coincide en sus denuncias contra las importaciones como competencia desleal en este escenario verde frente a las producciones comunitarias y lamenta que no se haya avanzado en la recuperaci¨®n de algunos mecanismos para la regulaci¨®n de los mercados cuyo desmantelamiento se produjo en los ¨²ltimos a?os.
En Asaja y sus organizaciones territoriales se denuncia que la ambici¨®n ambiental comunitaria que ¡°todos¡± en el sector pueden ¡°compartir¡± no se vea complementada con mayores fondos, lo que afecta a la actividad de los profesionales. Por eso abogan por un plan estrat¨¦gico nacional que recoja la situaci¨®n real y las necesidades del sector apoyando su viabilidad.
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