Bruselas negocia el cierre de la nueva Pol¨ªtica Agraria Com¨²n despu¨¦s de tres a?os de discusiones

Tras el acuerdo pol¨ªtico suscrito el pasado mes de octubre y el logrado en las ¨²ltimas horas entre Comisi¨®n, Consejo y Parlamento Europeo, los ministros comunitarios de Agricultura intentar¨¢n cerrar entre este lunes y este martes las negociaciones para la reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), que se han desarrollado durante los ¨²ltimos tres a?os y cuya entrada en vigor se aplaz¨® dos a?os, hasta 2023. Si se consiguiera un acuerdo, el ministerio que dirige Luis Planas negociar¨¢ durante la pr¨®xima quincena con las comunidades aut¨®nomas las condiciones para su aplicaci¨®n, que se deben contener en el Plan Estrat¨¦gico que se est¨¢ acordando con los gobiernos regionales para su remisi¨®n a Bruselas antes de que acabe el a?o.

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A grandes rasgos, hay cuatro l¨ªneas que marcar¨¢n la diferencia de la nueva PAC: el mayor peso de la pol¨ªtica verde, al suponer m¨¢s 40% del presupuesto por la condicionalidad reforzada; un impulso a la pol¨ªtica de redistribuci¨®n de los fondos; una mayor simplificaci¨®n en su gesti¨®n; y la exigencia de que se compruebe si las actuaciones han sido eficaces, m¨¢s all¨¢ de los controles para determinar que los gastos se han hecho correctamente.

En el caso de Espa?a, la nueva PAC contar¨¢ con 47.724 millones de euros para un periodo de siete a?os, de los que unos 5.000 millones anuales corresponden a pagos directos, un volumen similar al percibido en el periodo anterior, pero que por el efecto de la inflaci¨®n el sector considera que es un 10% inferior. Seg¨²n un estudio de la UE, los fondos totales de la PAC suponen el 36% de los ingresos de una explotaci¨®n y solo los pagos directos significan el 26%. Globalmente, de los 5.000 millones de fondos para los pagos directos, los recursos destinados para ayuda b¨¢sica a la renta representar¨¢n casi el 60%.

Una de las novedades m¨¢s importantes es la pol¨ªtica de los ecoesquemas, medidas complementarias que puede ejecutar un agricultor o ganadero m¨¢s all¨¢ de las exigencias en materia de condicionalidad para percibir las ayudas. Para estos fines, Espa?a defend¨ªa inicialmente solo un 14% y luego se sum¨® al 20% que planteaba Alemania. El Parlamento Europeo propon¨ªa que ese porcentaje llegara al 30% y finalmente ser¨¢ del 25%, que est¨¢ previsto se aplique de forma progresiva en dos o tres a?os comenzando por el 20%. Para Espa?a supone desviar de los pagos directos m¨¢s de 1.000 millones de euros.

En principio, los ecoesquemas ser¨ªan obligatorios para todos los pa¨ªses. En Espa?a entrar¨ªan pr¨¢cticas como la mejora en la sostenibilidad de los pastos, sistemas de siega, m¨¢rgenes, la rotaci¨®n de cultivos, cubiertas vegetales, pastoreo extensivo, la agricultura de precisi¨®n, gesti¨®n de nutrientes, alternativas a la quema de rastrojos, mejora y conservaci¨®n de los suelos, siembra directa o mejora de la biodiversidad. El consejero de Agricultura de Arag¨®n, Joaqu¨ªn Olona, considera que deber¨ªan tener como destinatarios prioritarios a las peque?as y medianas explotaciones.

Un tope por beneficiario

En el marco de la pol¨ªtica redistributiva defendida por la UE, se negoci¨® un techo de 100.000 euros por peticionario con un ajuste del 25% a partir de los 60.000 euros; del 50% entre 75.000 y 90.000 euros; y del 80% a partir de los 90.000 euros. Su aplicaci¨®n ser¨¢ voluntaria en cada pa¨ªs. Los ministros deben definir los techos sobre la convergencia de ayudas en el marco comunitario para corregir las actuales diferencias y se baraja que sea del 85% en 2026. En Espa?a, Agricultura lo ha regulado estableciendo que en una misma regi¨®n el pago m¨¢s bajo en 2021 debe superar el 70% de la media regional para llegar al 80% en 2022, medidas que han sido motivo de protestas en algunos territorios. El objetivo oficial es que por una misma actividad cobre lo mismo un agricultor que otro. Se deber¨¢ decidir el porcentaje de los fondos que se apliquen en la pol¨ªtica redistributiva y el porcentaje m¨¢ximo a pasar de uno a otro pilar, pagos directos y desarrollo rural. La Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA) defiende que los pagos redistributivos sean, al menos, el 12% de los fondos para apoyar a la explotaci¨®n familiar.

Las ayudas para la incorporaci¨®n de los j¨®venes a la actividad agraria, que suponen actualmente hasta el 2% de los fondos, mejorar¨¢n al tener que llegar ¡°como m¨ªnimo¡± a ese 2%, con el techo de 100.000 euros.

Una puerta abierta al debate a ¨²ltima hora es la exigencia de la condicionalidad social y el cumplimiento de las normas sobre contrataci¨®n laboral para cobrar las ayudas. Sobre la definici¨®n del agricultor destinatario prioritario de las ayudas, las propuestas prev¨¦n la necesidad de que los ingresos por la actividad supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. Se debe definir el n¨²mero de las primeras hect¨¢reas de una explotaci¨®n con una ayuda superior.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclama el mantenimiento de la prioridad en los pagos para los profesionales. Tambi¨¦n apoya la pol¨ªtica medioambiental, pero teme que con los actuales planteamientos de la pol¨ªtica verde, reducci¨®n de fertilizantes, fitosanitarios, antibi¨®ticos o m¨¢s superficie ecol¨®gica se est¨¦ poniendo en peligro la propia autosuficiencia alimentaria en la UE, que defend¨ªa la PAC inicial del pasado siglo, en un escenario de escasez mundial de alimentos. Mientras, se?ala, hay barra libre para las importaciones desde pa¨ªses con menos controles y con otras exigencias de calidad, que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones familiares frente a los grandes grupos.