Competencia multa con 128 millones a un cartel que se repart¨ªa licitaciones ferroviarias

La Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 127,7 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens y Thales y de 414.000 euros a diez de sus directivos por su participaci¨®n en un cartel. Se trata de una infracci¨®n ¨²nica y continuada. Concretamente, el organismo dice que las empresas crearon un cartel que se reparti¨® de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento (hoy Obras P¨²blicas), del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcci¨®n, ejecuci¨®n de obras, suministro, instalaci¨®n, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional, seg¨²n el organismo.

Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tr¨¢fico ferroviario, las comunicaciones y la protecci¨®n en la red de AVE (alta velocidad) y de las l¨ªneas convencionales (media distancia y cercan¨ªas) de la red ferroviaria espa?ola. Las pr¨¢cticas de este cartel han sido especialmente da?inas, ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compa?¨ªas cartelizadas.

Se trata de un cartel muy da?ino, a juicio de la CNMC, que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 a?os de duraci¨®n, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros. En algunos casos, la ejecuci¨®n de los contratos adjudicados se mantiene hasta los a?os 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van m¨¢s all¨¢ de la duraci¨®n de propio cartel.

Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma econ¨®mica para la Administraci¨®n P¨²blica, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes. La CNMC recuerda que contra esta Resoluci¨®n no cabe recurso alguno en v¨ªa administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el d¨ªa siguiente al de su notificaci¨®n. Fuentes de las empresas han anunciado que rechazan las conclusiones de la CNMC y que recurrir¨¢n para proteger sus intereses. Asimismo, han rese?ado que la decisi¨®n de la CNMC no tiene en cuenta las caracter¨ªsticas de las Uniones Temporales de Empresas (UTE).

Infracci¨®n muy grave

Una vez instruido el expediente, la CNMC ha acreditado existencia de una infracci¨®n muy grave y ha impuesto las sanciones siguientes: 30 millones a Cobra; 24 millones a Nokia; 22 millones a Alstom; 18,9 millones a Siemens Rail; 17 millones a Thales; 10 millones a Siemens; 3,6 a Bombardier, y 1,7 a Cafs. En aplicaci¨®n del programa de clemencia y teniendo en cuenta la informaci¨®n aportada por Siemens Rail y Siemens, as¨ª como su directivo Gonzalo Mart¨ªnez Delgado, se establece una reducci¨®n del 50% de las multas correspondientes que quedan fijadas en los siguientes importes: Siemens Rail, 9.450.555 euros y Siemens, cinco millones. Gonzalo Mart¨ªnez Delgado deber¨¢ pagar 17.000 euros.

En el a?o 2019, la CNMC ya hab¨ªa sancionado con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios carteles que se repartieron los concursos p¨²blicos para la electrificaci¨®n de la red del AVE y la red convencional espa?ola y sus equipos electromec¨¢nicos. La informaci¨®n recabada durante la instrucci¨®n de ese expediente, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alert¨® a la CNMC sobre la posible existencia de pr¨¢cticas anticompetitivas que afectar¨ªan a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, se?alizaci¨®n y comunicaciones (construcci¨®n, ejecuci¨®n de obras, suministro, instalaci¨®n, puesta en servicio y mantenimiento...) de la red de alta velocidad y convencional.

En consecuencia, la CNMC activ¨® nuevas investigaciones e inspeccion¨® la sede de Thales (mayo de 2017). Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens (junio 2017) orden¨® inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y Cafs (diciembre de 2017) (ver nota de prensa). La investigaci¨®n finaliza ahora con la resoluci¨®n del presente sancionador.

El cartel surgi¨® en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcatel (a partir de 2007, Thales) y Dimetronic (a partir de 2013, Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constituci¨®n de una Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE). Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados, (en los acuerdos iniciales se fij¨® en un 50%-50%, que despu¨¦s se ajust¨® al 55%-45%), y tambi¨¦n la tecnolog¨ªa de se?alizaci¨®n empleada en los proyectos.

Seg¨²n la CNMC, de esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnol¨®gicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron tambi¨¦n los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cartel: Siemens, en 2003; NSN (hoy Nokia), en 2007, y Cobra, en 2008.

La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluaci¨®n del componente econ¨®mico de las licitaciones favoreci¨® la presentaci¨®n de ofertas con precios m¨¢s competitivos, explica el organismo que preside Cani Fern¨¢ndez. Sin embargo, en lugar de mantener la tensi¨®n competitiva iniciada en 2011, en la pr¨¢ctica, las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cartel. En el caso de Alstom y Bombardier, a partir de 2014, y en el de Cafs, a partir de 2015.

Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cartel decid¨ªan qu¨¦ UTE ¨Cparticipada por las empresas del cartel¨C optaba a ganar cada licitaci¨®n, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del c¨¢rtel de forma individualizada, ofertas de acompa?amiento. Este tipo de acuerdos y pr¨¢cticas concertadas revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del c¨¢rtel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opci¨®n ni eficiencias que fueran trasladadas al ¨®rgano licitante.