La Fiscal¨ªa pide intervenir millones de euros en bitcoins vinculados a la plataforma Nimbus

La Fiscal¨ªa y la Guardia Civil quieren intervenir los fondos millonarios localizados en 41 direcciones electr¨®nicas que vinculan con la empresa Nimbus, con sede en Malta y a la que acusan de tejer un entramado internacional para desviar el dinero invertido en criptomonedas por cientos de ahorradores. Seg¨²n varios escritos remitidos al Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Huelva, que abri¨® estas pesquisas a principios de a?o, tanto el ministerio p¨²blico como el instituto armado consideran necesario dictar comisiones rogatorias al extranjero para identificar a los responsables de las cuentas bajo sospecha y ordenar el ¡°secuestro judicial¡± de las cantidades all¨ª depositadas. En total, seg¨²n sus informes, estas pueden albergar hasta 288 bitcoins, cuyo valor supera los 12 millones de euros con la cotizaci¨®n actual.

Los investigadores aseguran que, con esta medida, tratan de evitar que se esfume una parte de los fondos presuntamente estafados y que el instituto armado habr¨ªa logrado localizar siguiendo el rastro de los movimientos de criptomonedas gestado en torno a la plataforma Nimbus, a la que ponen en el punto de mira y a la que vinculan con Andrea Zanon, un exconsultor del Banco Mundial identificado como el antiguo consejero delegado de la compa?¨ªa. Contactada por EL PA?S, Nimbus Platform asegura que no est¨¢ involucrada en ning¨²n tipo de fraude y que ning¨²n juez ha imputado a sus responsables, adem¨¢s de desconocer cualquier iniciativa de los investigadores: ¡°Creemos que no es m¨¢s que una continuaci¨®n de la campa?a de desinformaci¨®n para da?ar las plataformas de Nimbus. Nunca hemos estado involucrados en actividades ilegales o poco ¨¦ticas¡±.

Frente a la defensa de Nimbus, la Fiscal¨ªa describe un escenario muy distinto. En un escrito fechado el 16 julio, al que ha tenido acceso EL PA?S, la acusaci¨®n incide en que existen indicios de que la empresa gest¨® un sistema de ¡°captaci¨®n maliciosa¡± de fondos para su posterior desv¨ªo a terceras personas. Seg¨²n la tesis del ministerio p¨²blico, esta sociedad ofrec¨ªa a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins con la promesa de que su ¡°revalorizaci¨®n¡± se traducir¨ªa posteriormente en un reparto de beneficios. De esta forma, entregaba al depositante un certificado electr¨®nico ¡ª¡°al que se denomina token¡±¡ª que representa la ¡°titularidad o el derecho de recibir una cantidad de bitcoins¡± y que ¡°se supone respaldado por los dep¨®sitos que la plataforma posee¡±. Pero, seg¨²n repiten los investigadores en sus informes, la f¨®rmula ideada escond¨ªa otras oscuras intenciones.

La Fiscal¨ªa sostiene que el grupo de sospechosos ¡ªal que llega atribuir la denominaci¨®n de ¡°organizaci¨®n criminal¡±¡ª realmente se esforz¨® en recabar el mayor volumen de fondos posible con el objetivo de ¡°generar un capital suficiente para mantener durante un tiempo duradero la apariencia de una actividad inversora capaz de reportar y soportar ganancias que los primeros depositantes pudieran considerar leg¨ªtimas¡±. Entonces, lleg¨® un momento en el que Nimbus ces¨® su actividad financiera, seg¨²n explican la Fiscal¨ªa y la Guardia Civil. ¡°Y los tokens o t¨ªtulos representativos han quedado sin respaldo¡±, subraya el ministerio p¨²blico.

Seg¨²n los informes de los investigadores, Nimbus no se est¨¢ dedicando a ¡°comprar y vender¡± los bitcoins en busca de rentabilidad, sino que los ¡°est¨¢ transfiriendo a terceras personas, aplic¨¢ndoles t¨¦cnicas de blanqueo¡±. Adem¨¢s, ahonda el ministerio p¨²blico, la Guardia Civil ha detectado ¡°m¨²ltiples transferencias agregadas¡± que tratan de impedir que se pueda seguir el rastro de los bitcoins. ¡°Se trata de una actividad que no tiene ning¨²n sentido desde el punto de vista inversor y toda la utilidad bajo el prisma de un blanqueo de capitales¡±, remacha la acusaci¨®n, que a?ade: ¡°La salida progresiva de esos bitcoins implica una descapitalizaci¨®n al margen de los acuerdos alcanzados con los depositantes¡±. Nimbus Platform niega, en cambio, todas las acusaciones y defiende que ¡°est¨¢ completamente operativa¡±, desarrollando su actividad ¡°en 121 pa¨ªses para m¨¢s de 50.000 personas¡±.

En un primer escrito remitido al juzgado a principios de 2021, la Guardia Civil cifr¨® en 135,8 millones de d¨®lares (m¨¢s de 110 millones de euros) el fraude colectivo supuestamente perpetrado por la compa?¨ªa. Ahora, en un nuevo informe fechado este verano, el instituto armado ha logrado identificar a d¨®nde fue a parar presuntamente una parte de esos fondos. Los agentes han identificado las direcciones electr¨®nicas de los ¡°exchanger¡± ¡ª¡±versi¨®n virtual de las casas de cambio¡± que sirven como intercambiadores de criptomonedas digitales en otros bienes, explica la Fiscal¨ªa¡ª que recibieron supuestamente las transferencias de las cantidades desviadas.

La Guardia Civil identifica 30 direcciones pertenecientes al exchanger Coinbase, a las que se enviaron supuestamente 45,68 bitcoins entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. Y tambi¨¦n 11 direcciones del exchanger Binance, que arrojar¨ªan un balance positivo de 242,4 bitcoins. Por ello, el instituto armado pidi¨® dictar una comisi¨®n rogatoria internacional a ambas ¡°casas de cambio¡± virtuales para que se identificara a los usuarios de dichas cuentas y se proceda a bloquear los fondos que tengan. Una medida que respalda la Fiscal¨ªa.

De hecho, el ministerio p¨²blico apremi¨® al juzgado de Huelva a adoptar esta iniciativa ante la posibilidad de que los fondos localizados se acaben esfumando de nuevo. ¡°El elemento m¨¢s decisivo de la urgencia de su intervenci¨®n es el de la extrema facilidad que los autores tendr¨ªan para hacer que esos activos se desvanezcan con un par de claves que se encuentran en su poder y algunas pulsaciones en la pantalla de un tel¨¦fono m¨®vil¡±, argumenta el ministerio p¨²blico: ¡°Transferir esos activos a otras cuentas o carteras virtuales (wallets) resulta extremadamente sencillo, al tiempo que relocalizarlos se convierte en un juego de azar imposible¡±.

¡°Haber localizado el paradero de los bitcoins es un golpe de suerte cuya magnitud no puede comprender quien desconozca esta tecnolog¨ªa¡±, prosigue la acusaci¨®n p¨²blica, que llega a comparar el caso Nimbus con la hist¨®rica estafa piramidal gestada por exdirectivos de Afinsa mediante la compraventa de sellos. El abogado y exfiscal Carlos Ar¨¢nguez, que representa a un grupo de presuntas v¨ªctimas y que impuls¨® la causa, defini¨® Nimbus como ¡°una estafa piramidal muy sofisticada, en la que se emplean complejos mecanismos de contenci¨®n para retrasar el desplome de la estructura: a los inversores se les ofrec¨ªa todo tipo de alternativas para dilatar el reintegro de sus fondos¡±.

Eso s¨ª, la iniciativa de la Fiscal¨ªa y la Guardia Civil de bloquear los fondos se ha topado con un importante muro. El caso Nimbus arranc¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Huelva tras recibir la denuncia de un particular por la presunta estafa de 9.000 euros a trav¨¦s de la plataforma, pero actualmente vive una situaci¨®n de par¨¢lisis a la espera de que se decida qu¨¦ ¨®rgano judicial dirige la investigaci¨®n. El pasado 12 de abril, el magistrado Javier P¨¦rez Minaya, responsable del juzgado onubense, envi¨® la causa a la Audiencia Nacional al considerar que esta deb¨ªa asumir la competencia por tratarse de una presunta estafa que afecta a una ¡°generalidad de personas¡± de toda Espa?a e incluye delitos cometidos en el extranjero.

Nueva investigaci¨®n en Granada

De hecho, el Juzgado de Instrucci¨®n 9 de Granada, que hab¨ªa recibido una denuncia similar, se ha pronunciado en el mismo sentido el pasado 20 de septiembre, seg¨²n un auto al que ha tenido acceso EL PA?S. En su escrito recuerda que ¡°son competencia de la Audiencia Nacional las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusi¨®n en la seguridad del tr¨¢fico mercantil, en la econom¨ªa nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de m¨¢s de una Audiencia¡±. Adem¨¢s, recoge el argumento de que ¡°el objeto de la puesta en escena de la defraudaci¨®n (adquisici¨®n de criptomonedas) requerir¨¢ la adopci¨®n de medidas de investigaci¨®n complejas y de car¨¢cter internacional que, en beneficio de la mejor administraci¨®n de justicia, deben ser adaptadas de forma conjunta para todos los casos similares¡±.

Pero la Audiencia Nacional a¨²n no ha notificado si asume las pesquisas y ha decidido que, mientras se pronuncia sobre ello, todas las diligencias las practique el juez de Huelva. Pero este, ante la petici¨®n de la Fiscal¨ªa y la Guardia Civil, respondi¨® que no tiene competencia para dictar las comisiones rogatorias al extranjero: ¡°Este juzgado carece de jurisdicci¨®n para instruir hechos cometidos fuera del territorio nacional y, por ello, no puede instruir m¨¢s de lo ya instruido, quedando los autos exclusivamente pendientes de que el Juzgado Central de Instrucci¨®n [de la Audiencia Nacional] resuelva su competencia¡±, reza una providencia firmada por el magistrado P¨¦rez Minaya el 16 de septiembre.

La Audiencia Nacional s¨ª mantiene actualmente abiertas otras tres investigaciones por supuestos fraudes con criptomonedas que calcan la tradicional estafa piramidal: los bautizados como casos Arbistar, Algorithms y Kualian. En estos sumarios, los investigadores calculan el perjuicio en m¨¢s de 350 millones de euros y cifran los afectados en decenas de miles. Seg¨²n coinciden las diferentes pesquisas, se ofrec¨ªan altos niveles de rentabilidad para captar ahorradores. Por ejemplo, como expuso el juez Jos¨¦ Luis Calama sobre Arbistar: ¡°Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversi¨®n era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio a¨²n mayor¡±.