Los funcionarios podr¨¢n teletrabajar tres d¨ªas a partir del 1 de enero

A partir del a?o que viene, los empleados p¨²blicos podr¨¢n teletrabajar m¨¢s. Siempre que su puesto lo permita. La ministra de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha asegurado este jueves que el real decreto ley que regular¨¢ el teletrabajo de los funcionarios p¨²blicos estar¨¢ listo para ser implantado a partir del comienzo del pr¨®ximo a?o. ¡°Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del pr¨®ximo a?o¡±. As¨ª lo indic¨® durante una comparecencia en la Comisi¨®n de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica del Congreso de los Diputados para informar por primera vez desde que asumi¨® la cartera de Funci¨®n P¨²blica sobre las l¨ªneas generales de su pol¨ªtica de actuaci¨®n en este ¨¢mbito. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que se est¨¢ trabajando en la misma l¨ªnea del pacto alcanzado en abril entre el Gobierno y los sindicatos, que establec¨ªa que los empleados p¨²blicos pod¨ªan trabajar a distancia de forma voluntaria tres d¨ªas a la semana.

Montero se?al¨® que el objetivo de este real decreto es compatibilizar la garant¨ªa de prestaci¨®n de los servicios a la ciudadan¨ªa con una mayor flexibilidad laboral y la apuesta por el territorio interior. Lo que se pretende es incentivar que haya empleados p¨²blicos en los lugares de residencia en la Espa?a vaciada sin que repercuta la calidad de la prestaci¨®n del servicio p¨²blico. ¡°Un importante volumen de empleados p¨²blicos debe poder elegir establecerse en el territorio interior, en las zonas despobladas, que son una prioridad del Gobierno¡±, ha insistido la ministra.

Esta iniciativa nace despu¨¦s de la experiencia con la covid-19, durante la que la casi totalidad de administraciones p¨²blicas, por lo menos en alg¨²n momento, se vio forzada a teletrabajar. De hecho, durante la pandemia los empleados de la Administraci¨®n General del Estado (AGE) pod¨ªan ejercer su actividad a distancia hasta cuatro d¨ªas a la semana. Este plan estaba dirigido especialmente a aquellos trabajadores con hijos de hasta 14 a?os o con personas dependientes a su cargo, y a quienes padecieran patolog¨ªas consideradas de riesgo.

El Ejecutivo est¨¢ negociando con los sindicatos los detalles de la norma a partir del pacto cerrado en abril con el anterior ministro de Administraciones P¨²blicas, Miquel Iceta, que, permit¨ªa a m¨¢s de 230.000 funcionarios p¨²blicos trabajar a distancia de manera voluntaria tres d¨ªas a la semana. El acuerdo garantizaba a los teletrabajadores los mismos derechos de sus compa?eros de modalidad presencial, incluyendo retribuci¨®n, tiempo de trabajo, formaci¨®n o carrera profesional, adem¨¢s del derecho a la intimidad y a la desconexi¨®n digital.

Sin embargo, este pacto no se lleg¨® a plasmar en un real decreto que afianzara la norma. Adem¨¢s, en octubre el Ministerio dio marcha atr¨¢s y estableci¨® la vuelta a la presencialidad, permitiendo solo un d¨ªa a la semana de teletrabajo. Ahora Hacienda est¨¢ trabajando en el texto definitivo y los sindicatos piden a la nueva titular que se respete lo pactado con su antecesor.

CSIF propuso en septiembre un modelo h¨ªbrido definido por un 40% de presencia f¨ªsica y un 60% para el trabajo telem¨¢tico. El sindicato inst¨® a trav¨¦s de un comunicado a ¡°poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempe?o del trabajo en modo telem¨¢tico que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administraci¨®n¡±.

El texto de Iceta establec¨ªa que cada departamento, previa negociaci¨®n con los sindicatos, deb¨ªa realizar un estudio previo de los puestos con las tareas que se pod¨ªan desempe?ar a distancia. Montero ha asegurado que se seguir¨¢ con este compromiso, identificando las actividades que se pueden desarrollar ¡°sin exigir la presencia en el lugar habitual y sin ning¨²n tipo de menoscabo en la calidad¡±. El pacto cerrado con Iceta exclu¨ªa a miembros de Fuerzas Armadas, polic¨ªa, juzgados y personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, que, aunque forman parte de la plantilla de la AGE, no pod¨ªan acogerse a esta modalidad.