Vuelta al cole: ?qu¨¦ pasa cuando uno de los padres se niega a que su hijo se ponga la vacuna contra la covid-19?

Con la vuelta al cole vuelven a aflorar las desavenencias entre padres en relaci¨®n con la educaci¨®n, el cuidado o la salud de los hijos. Uno de ellos son las discrepancias entre progenitores respecto a la vacunaci¨®n de sus hijos, y en particular, en este a?o, por la vacuna contra la covid-19, que ya lleva semanas administr¨¢ndose a los menores con m¨¢s de 12 a?os.

Seg¨²n los ¨²ltimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad el 74% de las personas entre 12 y 19 a?os tiene puesta al menos una dosis de vacuna contra la covid-19 y el 39,4% la pauta completa. A pesar de este dato, los abogados de familia reconocen que, a las consultas de los padres, especialmente los divorciados, propias del inicio del curso escolar se a?aden, este a?o, las dudas sobre c¨®mo gestionar la posible vacunaci¨®n de los hijos menores.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los mayores de 16 a?os pueden decidir por s¨ª mismos si se vacunan o no contra la covid-19. De manera que, s¨®lo en el caso de los ni?os y las ni?as de entre 12 a 15 a?os se necesita el acompa?amiento y consentimiento de los padres o tutores legales. En estos supuestos, la decisi¨®n sobre la inmunizaci¨®n del hijo menor forma parte de la esfera de la patria potestad, recuerda Delia Rodr¨ªguez, socia fundadora de Vestalia Asociados, ¡°y debe ser adoptada y ejecutada conjuntamente por ambos progenitores, salvo si alguno de ellos ha sido privado de la misma por sentencia firme¡±.

Falta de acuerdo entre progenitores

Por ello, en principio, si no hay acuerdo entre los padres, el menor de entre 12 y 15 a?os no podr¨ªa vacunarse. Aunque, como apunta Olatz Alberdi Rey, socia de ABA Abogadas, en la pr¨¢ctica si el padre o la madre acude con su hijo a vacunarle no va a tener problema para hacerlo. ¡°Los servicios sanitarios no van a solicitar ninguna documentaci¨®n o acreditaci¨®n de la conformidad del otro progenitor¡±, explica la abogada. Eso s¨ª, se arriesga a que el otro progenitor pueda iniciar un procedimiento de jurisdicci¨®n voluntaria por inadecuado ejercicio de la patria potestad para tratar de evitar la segunda dosis.

El juez deber¨¢ entonces resolver si el progenitor que acompa?¨® al menor a vacunarse sobrepas¨® o no las facultades que le son propias respecto a su hijo y acordar las medidas que considere oportunas, que podr¨ªan llegar incluso a un cambio de custodia -previa petici¨®n del demandante-, expone Mar¨ªa P¨¦rez Galv¨¢n, abogada de familia y vicepresidenta de AEAFA.

Para no llegar a este tipo de situaciones, los abogados de familia recomiendan en inter¨¦s del menor, que los padres y madres intenten siempre alcanzar un acuerdo por la v¨ªa del di¨¢logo e incluso a acudiendo a un procedimiento de mediaci¨®n. Una v¨ªa que en opini¨®n de Alberdi al ser voluntaria no garantiza la resoluci¨®n definitiva del asunto.

En cualquier caso, si resulta imposible que ambos progenitores lleguen a una decisi¨®n pactada deber¨¢n dirimir el problema ante los Juzgados de familia mediante un procedimiento de jurisdicci¨®n voluntaria. Para P¨¦rez Galv¨¢n, tambi¨¦n hay que tener en cuenta, que este tr¨¢mite no resulta tan r¨¢pido como deber¨ªa, ya que ¡°no hay juzgados especializados en toda Espa?a y, los que hay, tienen tal c¨²mulo de trabajo que, aunque quieran priorizar el procedimiento, puede llegar a tardar meses en resolverlos¡± afirma.

El menor maduro tiene derecho a ser escuchado

En el procedimiento ante el juez de familia ambas partes podr¨¢n argumentar sus posiciones, se tendr¨¢n en cuenta las recomendaciones sanitarias y se contar¨¢ con el informe del Ministerio Fiscal, que siempre tiene que actuar en los procedimientos que afecten a hijos menores.

Adem¨¢s, al tratarse de hijos mayores de 12 a?os, se presume que han alcanzado una madurez intelectual, que les habilita para ser escuchados en este tipo de procesos, en virtud de lo establecido en las leyes de protecci¨®n jur¨ªdica del menor y de autonom¨ªa del paciente. Es m¨¢s, Alberdi se?ala que el denominado ¡°menor maduro¡± de entre 12 y 15 podr¨ªa solicitar a un juez ser vacunado frente a la oposici¨®n de sus padres.

Intervenci¨®n de las autoridades sanitarias

Tambi¨¦n hay supuestos en los que las autoridades sanitarias pueden intervenir si los padres se niegan a vacunar a sus hijos de m¨¢s de 12 a?os, pero s¨®lo en situaciones especiales que impliquen un riesgo importante en materia de salud p¨²blica, advierte Rodr¨ªguez.

La abogada mantiene que las autoridades sanitarias s¨®lo podr¨¢n solicitar que se adopte una decisi¨®n judicial en esta materia si consideran que la decisi¨®n de los padres de no vacunar a los menores comporta un riesgo extraordinario para ellos. ¡°En este escenario y siempre que esta negativa suponga un riesgo importante en materia de salud p¨²blica, los Tribunales han intervenido y han fallado ordenando la vacunaci¨®n forzosa de los menores aun cuando sus padres se opon¨ªan a ello¡± destaca.

Posibilidad de veto en el centro escolar

Otro de los interrogantes que se plantean para este curso escolar es si cabe la posibilidad de que un instituto vete a un alumno de m¨¢s de 12 a?os por no estar vacunado contra la covid-19. En este punto, Alberdi se?ala que, si bien la vacunaci¨®n en Espa?a es voluntaria, en algunas comunidades aut¨®nomas existen normativas que regulan la posibilidad de impedir que el acceso a los menores que no est¨¦n correctamente vacunados, aunque en casi todos los casos se refieren a guarder¨ªas.

En este sentido, P¨¦rez Galv¨¢n considera que, en todo caso, si el centro educativo estima que la vacuna contra la covid-19 debe tener el mismo tratamiento que el resto de las vacunas del calendario oficial de un menor, podr¨ªa adoptar las medidas que considerara oportunas para no poner en riesgo la salud del resto de los alumnos y docentes, incluido, por tanto, el veto a los alumnos de m¨¢s de 12 a?os no vacunados. De hecho, para apoyar esta afirmaci¨®n, la abogada hace referencia a situaciones similares que ya se han resuelto en los juzgados, como los casos en los que han sido los hijos los que se han opuesto a la inmunizaci¨®n de sus mayores internos en residencias de ancianos, y en los que el juez ha decidido que debe prevalecer la salud de la comunidad, obligando a vacunar al residente para que pueda permanecer en el centro.