El escudo social amortigua los desahucios, mientras se disparan las ejecuciones hipotecarias

El denominado ¡°escudo social¡± mantuvo el a?o pasado los desahucios en Espa?a en unos niveles hist¨®ricamente bajos, aunque no fren¨® las crecientes dificultades econ¨®micas que muchas familias y empresas experimentan desde la llegada de la pandemia. Como reflejo de estas, los procedimientos por ejecuciones hipotecarias han crecido un 60% con respecto a 2019, seg¨²n los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGP...

El denominado ¡°escudo social¡± mantuvo el a?o pasado los desahucios en Espa?a en unos niveles hist¨®ricamente bajos, aunque no fren¨® las crecientes dificultades econ¨®micas que muchas familias y empresas experimentan desde la llegada de la pandemia. Como reflejo de estas, los procedimientos por ejecuciones hipotecarias han crecido un 60% con respecto a 2019, seg¨²n los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo periodo, sin embargo, el n¨²mero de familias que han sido expulsadas de sus casas ha descendido un 23%.

En todo el a?o pasado, los juzgados espa?oles practicaron 41.359 lanzamientos de viviendas, el t¨¦rmino jur¨ªdico que alude al momento en que el reclamante de un inmueble recupera la posesi¨®n del mismo. Esto supone un aumento del 41% con respecto a 2020, pero hay que tener en cuenta que ese a?o, por la llegada del coronavirus a Espa?a, los juzgados detuvieron su actividad durante meses. Si se compara en t¨¦rminos hist¨®ricos, y exceptuando al primer a?o de pandemia, 2021 es el a?o m¨¢s bajo de la serie estad¨ªstica que se inicia en 2013. El suelo hasta ahora eran los 54.000 desahucios de 2019, y el a?o pasado se logr¨® reducir esa cifra en casi una cuarta parte.

Poniendo la lupa sobre esos m¨¢s de 41.000 lanzamientos, de nuevo se cumpli¨® la regla de que la inmensa mayor¨ªa (un 70,1% exactamente) de familias expulsadas de sus casas viv¨ªan de alquiler. El resto de casos derivaron del impago de la hipoteca u otras situaciones. Los 28.993 desahucios de inquilinos son igualmente una cifra hist¨®ricamente baja, que supone una reducci¨®n de un 20% con respecto a 2019. Y lo mismo puede decirse de los 10.103 desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias, que retroceden un 29% respecto a dos a?os atr¨¢s.

Pero el descenso de desahucios no parece provenir de una mejor¨ªa en la situaci¨®n de los hogares. Las dificultades de estos para pagar la casa continuaron y, de hecho, en la propia estad¨ªstica judicial puede apreciarse que el n¨²mero de lanzamientos recibidos se mantuvo en niveles similares a otros a?os (bajaron un 4,3% con respecto a 2019). ?Qu¨¦ es lo que provoc¨® entonces que menos procedimientos culminaran? La respuesta m¨¢s l¨®gica apunta a las medidas antidesahucio que se pusieron en marcha como parte del escudo social. Estas, adem¨¢s, se ampliaron en lo referente a los inquilinos (incluso en supuestos de ocupaciones en precario) entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Como resultado se a?adieron supuestos en los que un juez puede paralizar el desahucio para que los servicios sociales busquen una vivienda alternativa a la familia que va a ser expulsada.

Aunque la estad¨ªstica del CGPJ no recoge datos de cu¨¢ntos procesos de desahucio se han detenido, la comparativa con 2019 permite deducir que al menos estas medidas fueron efectivas para una parte de los procedimientos. Tambi¨¦n hay que tener en cuenta que su aplicaci¨®n no es autom¨¢tica: en cada caso se debe acreditar que los demandados est¨¢n en situaci¨®n de vulnerabilidad social y el juez debe ponderar la situaci¨®n econ¨®mica del propietario y otras circunstancias antes de decidir si paraliza el lanzamiento o sigue adelante con el mismo.

M¨¢s ejecuciones hipotecarias

Lo que s¨ª refleja la estad¨ªstica, en cambio, es un aumento de las dificultades para hacer frente a la hipoteca. Las ejecuciones presentadas el a?o pasado, 27.874, suponen un 60% m¨¢s que en 2019. Estos procedimientos fueron una de las grandes heridas por las que Espa?a se desangr¨® en la Gran Recesi¨®n. Esta dispar¨® los impagos (lo que acabar¨ªa en decenas de miles de desahucios), pero desde 2012 comenzaron a descender. La tendencia se mantuvo hasta 2019, pero la irrupci¨®n de la pandemia, y de una nueva crisis, los hizo crecer de nuevo en 2020 y, todav¨ªa m¨¢s, en 2021. No obstante, en cifras absolutas Espa?a a¨²n est¨¢ lejos de las m¨¢s de 90.000 ejecuciones hipotecarias que se iniciaban en los a?os m¨¢s duros de la anterior recesi¨®n.

En este dato, sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo hay hogares detr¨¢s. Las ejecuciones hipotecarias se inician por el impago de cualquier pr¨¦stamo que tiene una garant¨ªa hipotecaria y en muchas ocasiones puede dirigirse contra una empresa (es decir, cuando un empresario ha pedido dinero poniendo una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble como garant¨ªa). De acuerdo con los ¨²ltimos datos del INE (la estad¨ªstica judicial no lo especifica), aproximadamente un tercio de estas ejecuciones se corresponden con la vivienda habitual de una familia. Aunque tambi¨¦n en eso la crisis del coronavirus ha ido evolucionando: si en los primeros momentos de la misma se observ¨® un incremento de las ejecuciones m¨¢s vinculado a problemas empresariales, con el paso de los meses estas han virado hacia dificultades en el ¨¢mbito del hogar.

El alcance del escudo social ha provocado numerosas cr¨ªticas de organizaciones y colectivos sociales como los sindicatos de inquilinos. Por un lado, se argumenta que su alcance no est¨¢ siendo suficiente. Por otro, la efectividad limitada en el tiempo (la actual pr¨®rroga pone el 30 de septiembre como l¨ªmite hasta el que se pueden parar los desahucios) hace temer que, cuando desaparezca la normativa especial de la pandemia, se produzca una avalancha de casos que hayan quedado aparcados en estos meses. El Gobierno, no obstante, pretende aprobar la futura ley de vivienda antes de la desaparici¨®n de la actual normativa antidesahucios. En la norma se contempla una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir algunas de las pr¨¢cticas que se han puesto en marcha durante la pandemia, aunque con un alcance menor. Porque la clave de b¨®veda de todo el proceso, que la paralizaci¨®n sirva para encontrar una alternativa habitacional a la familia que va a ser desahuciada, se encuentra muy limitada por la escasez de parque de vivienda social que tienen las Administraciones.