La justicia europea admite las reclamaciones de los afectados por el cartel de fabricantes de camiones

Los compradores afectados por el cartel de fabricantes de camiones tienen derecho a reclamar los perjuicios que les ocasion¨® dicha pr¨¢ctica comercial il¨ªcita conforme a la directiva europea que lo regula, pese a que Espa?a la traspuso fuera de plazo. As¨ª lo se?ala una sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), que ha respondido este martes a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Le¨®n. Se trata del primer pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo sobre este caso, que motiv¨® en julio de 2016 la mayor multa impuesta hasta la ¨¦poca por Bruselas a un cartel comercial.

Entre 1997 y 2011, seis compa?¨ªas (Daimler, DAF, Volvo-Renault, Iveco, Scania y MAN, que qued¨® excluida de las sanciones por ser la denunciante) coordinaron los precios de venta de sus camiones en Europa. En esos a?os en Espa?a se compraron m¨¢s de 300.000 veh¨ªculos de esas marcas, lo que seg¨²n las estimaciones iniciales suma reclamaciones por unos 1.000 millones de euros. El caso sobre el que ha sentenciado este mi¨¦rcoles el TJUE es una de esas reclamaciones. El demandante, al que se identifica con las siglas RM, compr¨® tres camiones entre 2006 y 2007. En 2018, puso una demanda que fue estimada parcialmente y oblig¨® a Volvo y DAF, los demandados, a pagar una indemnizaci¨®n correspondiente al 15% del valor de los veh¨ªculos m¨¢s los intereses legales.

Las empresas demandadas, sin embargo, recurrieron esa sentencia ante la Audiencia Provincial de Le¨®n, que fue la que decidi¨® elevar tres cuestiones prejudiciales al tribunal europeo. En el recurso, los fabricantes de camiones alegaban que no se pod¨ªa aplicar al caso la directiva de da?os por infracciones del Derecho de la competencia porque esta es de 2014, cuando el cartel dej¨® de funcionar en 2011, y no se traspuso al ordenamiento espa?ol hasta mayo de 2017, cinco meses despu¨¦s del plazo legal que ten¨ªa Espa?a para incorporar la norma en su ordenamiento. Por tanto, argumentaron que la normativa vigente en Espa?a hasta entonces establec¨ªa la prescripci¨®n de la acci¨®n de reclamaci¨®n transcurrido un a?o (en lugar a los cinco que contempla la directiva) y ya hab¨ªa pasado cuando RM denunci¨®.

La decisi¨®n de la corte de Luxemburgo va en la direcci¨®n contraria: el asunto no hab¨ªa prescrito. El tribunal se apoya en que la fecha en que el demandante ¡°haya podido razonablemente tener conocimiento¡± del perjuicio ocasionado, como exige la legislaci¨®n europea, no fue el 19 de julio de 2016, cuando la Comisi¨®n Europea adopt¨® la decisi¨®n y dio a conocer algunos detalles del cartel. En su lugar apunta al 6 de abril de 2017, cuando se public¨® un resumen del asunto en el Diario Oficial de la Uni¨®n Europea. Esta fecha es posterior a diciembre de 2016, cuando expiraba el plazo para que Espa?a traspusiera la normativa europea por lo que esta no podr¨ªa extinguir dicho plazo. Y a la vez permite considerar que la demanda, del 1 de abril de 2018, respet¨® los tiempos legales.

Carga de prueba

Las otras cuestiones que deb¨ªa decidir el TJUE hacen referencia a la aplicaci¨®n de otros aspectos de la directiva europea en la resoluci¨®n de la demanda. Concretamente, las referidas al art¨ªculo 17, que se ocupa de c¨®mo cuantificar el perjuicio que un cartel ha provocado a un demandante. La sentencia de este mi¨¦rcoles recuerda que la directiva europea proh¨ªbe aplicar retroactivamente la legislaci¨®n nacional resultante de trasponer la nueva norma comunitaria en algunos supuestos. As¨ª, por el car¨¢cter de regla sustantiva, excluye que se pueda aplicar al caso examinado el apartado segundo de dicho art¨ªculo. Este se basa en el principio jur¨ªdico iuris tantum y hace recaer en los demandados el peso de demostrar que no causaron perjuicio al afectado, ya que la directiva europea entiende, por defecto, que ¡°se presumir¨¢ que las infracciones de carteles causan da?os y perjuicios¡±. Es decir, que seg¨²n la sentencia de Luxemburgo, los tribunales espa?oles al examinar estos casos no podr¨¢n presuponer que las empresas fabricantes causaron el da?o y deber¨¢n pedir carga de prueba al demandante.

En cambio, el fallo europeo respalda la aplicaci¨®n del apartado 1 del mismo art¨ªculo 17, que se?ala que ¡°los Estados miembros velar¨¢n por que ni la carga de la prueba ni los est¨¢ndares de prueba necesarios para la cuantificaci¨®n del perjuicio hagan pr¨¢cticamente imposible o excesivamente dif¨ªcil el ejercicio del derecho al resarcimiento de da?os y perjuicios¡±. Es decir, que con el terreno que ha marcado el tribunal de Luxemburgo, la sentencia es admisible. Ahora la Audiencia Provincial de Le¨®n deber¨ªa decidir si existen suficientes pruebas contra los demandados (porque no puede partir de la presunci¨®n de que el cartel caus¨® un perjuicio) y, en caso afirmativo, estimar de cu¨¢nto eran los costes.