Una propuesta m¨¢s justa de revalorizaci¨®n de las pensiones

Recordaba Miguel ?ngel Garc¨ªa en una investigaci¨®n reciente para Fedea que ¡°no defiende mejor el sistema p¨²blico de pensiones aquel que promete m¨¢s prestaciones ahora sin reparar en medios, sino el que garantiza permanentemente el pago de pensiones razonables sin trasladar cargas excesivas a las pr¨®ximas generaciones¡±.

Ese es un horizonte que conviene no olvidar al tratar de equilibrar los tres objetivos que tiene el sistema de pensiones: (1) proporcionar un ingreso suficiente a las personas que ya no se encuentran en edad de trabajar; (2) hacerlo manteniendo la equidad entre individuos acorde a su contribuci¨®n y (3) tambi¨¦n entre generaciones.

Para navegar el reto del equilibrio entre todos ellos, la mayor parte de pa¨ªses de nuestro entorno con sistemas similares al espa?ol cuentan con una f¨®rmula para actualizar a?o a a?o el valor de las pensiones que tiene en cuenta la evoluci¨®n del nivel de precios, pero tambi¨¦n otras variables como la evoluci¨®n demogr¨¢fica o el crecimiento de la econom¨ªa.

En contraste, en Espa?a, desde la derogaci¨®n en esta legislatura de las reformas de 2012 y 2013 las pensiones se actualizan teniendo en cuenta solamente el ?ndice de Precios al Consumo (IPC). Como consecuencia, dada la previsible evoluci¨®n demogr¨¢fica, el objetivo de la equidad entre generaciones queda relegado: de acuerdo con las estimaciones de la Airef, con las medidas adoptadas en esta legislatura y en ausencia de reformas adicionales, en 2050 frente al 11% actual, el gasto en pensiones pasar¨¢ al 17,4% del PIB ¨C muy por encima del gasto esperado en los pa¨ªses de nuestro entorno. Y esto es, asumiendo una evoluci¨®n demogr¨¢fica y macroecon¨®mica favorables.

Ese problema se agrava enormemente en un entorno inflacionario como el actual. Nada lo expresa tan claramente como los n¨²meros del proyecto inicial de los Presupuestos Generales del Estado para 2023: el Gobierno ha promocionado el incremento de unos 25.000 millones de euros en el gasto social en comparaci¨®n con el a?o anterior, pero resulta que, de estos, unos 19.500 se dedicar¨¢n al aumento del gasto en pensiones, de los cuales 12.430 ir¨¢n ¨²nicamente a la revalorizaci¨®n general al 8,5% anunciada por el Gobierno. Los otros 7000 millones, aproximadamente, se dedican a financiar el gasto inercial del sistema: cada a?o hay m¨¢s pensionistas y con derecho a una pensi¨®n media m¨¢s alta.

En otras palabras: del total de aumento de gasto social de los presupuestos generales del estado, cerca de tres de cada cuatro euros van a pagar pensiones y uno de cada dos a pagar la revalorizaci¨®n del 8,5%.

En un contexto inflacionario y de subida de tipos de inter¨¦s, en el que el Gobierno necesita dar una se?al de compromiso con la estabilidad de las cuentas p¨²blicas, al tiempo que la sociedad espa?ola est¨¢ haciendo enormes esfuerzos para contener la espiral inflacionaria, una revalorizaci¨®n universal que concentra las transferencias en pensionistas de alto poder adquisitivo no parece ni justa ni razonable.

Para mostrarlo, en EsadeEcPol hemos hecho el ejercicio de dividir la poblaci¨®n espa?ola en diez grupos seg¨²n sus ingresos, utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con el objetivo de averiguar qu¨¦ parte del coste de la revalorizaci¨®n del 8,5% se destinar¨¢ a los pensionistas que forman parte de cada uno de esos diez grupos.

Resulta que los pensionistas que forman parte del 30% de la poblaci¨®n espa?ola con menos ingresos recibir¨¢n solamente un 13% de la revalorizaci¨®n, mientras que los pensionistas que se sit¨²an entre el 10% de espa?oles con mayor renta lograr¨ªan un 21,2%, casi 2.500 millones de euros.

Dicho de otro modo: mientras los pensionistas que forman parte del 30% de la poblaci¨®n m¨¢s rica recibir¨¢n una transferencia por v¨ªa de impuestos de 6.111 millones de euros, los que forman parte del 30% m¨¢s pobre recibir¨¢n una transferencia de 1.620 millones. La distribuci¨®n del coste de la revalorizaci¨®n puede explicarse por dos canales: el n¨²mero de pensionistas que hay en cada decil en la distribuci¨®n nacional de la renta y la pensi¨®n media que reciben estos pensionistas dentro de cada decil.

Nuestra propuesta consiste en sustituir la revalorizaci¨®n universal por una dividida en cuatro tramos. Para los pensionistas que se encuentren dentro de los tres primeros deciles de renta (ese 30% de menores ingresos) la revalorizaci¨®n ser¨ªa completa, del 8,5%. En el caso de los pensionistas que se encuentran entre el decil cuatro y el seis, la revalorizaci¨®n ascender¨ªa al 6%, que se reducir¨ªa al 4% entre el decil siete y el nueve y llegar¨ªa a su nivel m¨ªnimo de revalorizaci¨®n del 2% para aquellos que se encuentren entre el 10% con mayores ingresos.

Esta propuesta alternativa de revalorizaci¨®n para 2023 tiene dos ventajas. El coste absoluto de la revalorizaci¨®n se reduce desde 12.430 a 6.890 millones de euros. Adicionalmente a este ahorro presupuestario del 44,5% frente a la revalorizaci¨®n universal, nuestra propuesta presenta un impacto distributivo sustancialmente mayor: la revalorizaci¨®n universal tendr¨ªa un efecto pr¨¢cticamente neutro en t¨¦rminos distributivos, con una reducci¨®n de la desigualdad de tan solo el 0,02%. Por su parte, la revalorizaci¨®n por tramos, empleando poco m¨¢s de la mitad de los recursos, logra un impacto distributivo sustancialmente mayor, equivalente a una reducci¨®n de la desigualdad (medida con el ¨ªndice de Gini) del 0,67%. Es, por tanto, no solo m¨¢s razonable, sino tambi¨¦n m¨¢s justa en la b¨²squeda de un equilibrio entre suficiencia y equidad.

En principio, esta propuesta de revalorizaci¨®n alternativa solo deber¨ªa aplicarse para 2023, puesto que se trata de una medida extraordinaria para un momento extraordinario: en un contexto en el que se est¨¢ intentando llegar a un pacto de rentas que reparta de forma justa los costes de la inflaci¨®n, excluir de ese pacto a un porcentaje tan grande de la poblaci¨®n como son los pensionistas no parece la opci¨®n m¨¢s equitativa. Por su parte, las medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, creemos, no deber¨ªan pasar por modificar las reglas de revalorizaci¨®n, sino por otro tipo de ajustes que permitan a los trabajadores actuales modificar sus decisiones de ahorro y consumo de cara a la vejez. En ese sentido, creemos que la reducci¨®n del componente contributivo del sistema como consecuencia de nuestra propuesta es un precio razonable a pagar para garantizar la equidad en el reparto de los costes de la crisis y la estabilidad presupuestaria en el corto plazo, a la espera de una reforma que garantice la misma a largo plazo.

?ngel Mart¨ªnez Jorge es investigador en EsadeEcPol.

Toni Rold¨¢n es director de EsadeEcPol.

Jorge Galindo es director Adjunto de EsadeEcPol.