Parcialidad de la Abogac¨ªa del Estado

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) son cada vez m¨¢s relevantes para la elevaci¨®n de los derechos de los europeos en general y muy especialmente para los espa?oles. Las resoluciones del tribunal europeo han obligado a modificar decisivas leyes espa?olas y la doctrina del Tribunal Supremo en materias tan relevantes como el derecho a la vivienda y el de los consumidores en general.

El sistema judicial establecido en Europa es muy din¨¢mico. La necesidad de encontrar soluciones que sean v¨¢lidas para 27 pa¨ªses con tradiciones jur¨ªdicas muy distintas exige una actualizaci¨®n y modernizaci¨®n continua del derecho de cada Estado miembro. Cuando un tribunal nacional tiene dudas sobre si la legislaci¨®n de su pa¨ªs es compatible con la europea, pregunta al TJUE cuyas respuestas deber¨¢ aplicar obligatoriamente dada la primac¨ªa del derecho comunitario desde 1964 aceptada por todos los Estados.

Determinadas sentencias del TJUE han adquirido notoria relevancia en Espa?a como las relacionadas con las ejecuciones hipotecarias (desahucios) y las cl¨¢usulas suelo. Los juicios celebrados en Luxemburgo sobre estos asuntos han confrontado n¨ªtidamente los intereses de los bancos con los de los ciudadanos. Lo realmente sorprendente en estos juicios es el papel desempe?ado por los Abogados del Estado, cuyos argumentos desarrollados en las Observaciones del Reino de Espa?a, sistem¨¢ticamente han coincidido con los intereses de los bancos. Para este cuerpo de ¨¦lite de la administraci¨®n defender al Estado significa defender a los bancos.

En 2013, el TJUE puso al descubierto en el caso Aziz que la legislaci¨®n espa?ola en materia hipotecaria era contraria a la europea. La sentencia del tribunal europeo dej¨® constancia de que los argumentos de Caixa Catalunya eran los mismos que los del Reino de Espa?a.

Tres a?os despu¨¦s en el caso de las cl¨¢usulas suelo, el Tribunal de Justicia resolvi¨® que no se pod¨ªa limitar en el tiempo la restituci¨®n del dinero cobrado indebidamente por los bancos a los hipotecados. La resoluci¨®n oblig¨® al Supremo a rectificar su doctrina que hab¨ªa sentenciado en contra de la retroactividad total porque ¡°generar¨ªa el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden p¨²blico econ¨®mico¡±. Riesgos que hab¨ªan coincidido en se?alar los bancos BBVA y Popular y la Abogac¨ªa del Estado.

Las mismas coincidencias se observaron en posteriores litigios. Ahora el asunto de las hipotecas con IRPH, un asunto que afecta a cientos de miles de hogares, ha ido por cuarta vez al TJUE. Una vez m¨¢s el Abogado del Estado ha encontrado argumentos en contra de los consumidores que favorecen a los bancos.

Es inquietante que en todos estos casos la Comisi¨®n Europea se haya pronunciado con contundencia a favor de los consumidores, mientras la Abogac¨ªa del Estado lo hac¨ªa en sentido contrario. Es evidente que Espa?a tiene un problema grave con determinados juristas que frenan el desarrollo del pa¨ªs. Los inmovilistas deber¨ªan asumir que fuera de Europa no tienen futuro. Y este pa¨ªs es mayoritariamente europe¨ªsta.