El ministerio de Trabajo env¨ªa un segundo requerimiento a Castilla y Le¨®n por el reducido servicio de mediaci¨®n laboral

El ministerio de Trabajo y Econom¨ªa Social, liderado por Yolanda D¨ªaz, ha enviado un segundo requerimiento a la Junta de Castilla y Le¨®n por la falta de fondos para el Servicio regional de relaciones laborales (Serla). Este aviso supone el paso previo a ¡°la interposici¨®n del recurso judicial procedente¡± al considerar que el gobierno auton¨®mico de PP y Vox adolece de la ¡°ejecuci¨®n debida de la legislaci¨®n laboral y de los acuerdos sobre sistemas aut¨®nomos de soluci¨®n de conflictos¡±. Trabajo censura que la Consejer¨ªa de Empleo, dirigida por la extrema derecha, haya reducido notablemente la financiaci¨®n de este organismo, rebaja que lleg¨® tras amagar primero con eliminar las partidas presupuestarias y soliviantar as¨ª al ministerio, a los sindicatos y a la patronal.

La primera advertencia estatal lleg¨® el 10 de marzo, poco despu¨¦s de conocerse que el Serla se iba a quedar sin recursos econ¨®micos para su funcionamiento. Los anteriores Presupuestos destinaron en torno a un mill¨®n de euros para este mecanismo, que en 2022 tramit¨® hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra m¨¢s alta de sus 25 a?os de historia y un 30% m¨¢s que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% m¨¢s que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), han denunciado en repetidas ocasiones las pol¨ªticas del consejero del ramo, Mariano Veganzones, empecinado en atacar a los sindicatos y reducirles la financiaci¨®n adem¨¢s de lanzarles constantes menosprecios o descalificativos. CCOO ha presentado en las ¨²ltimas fechas una querella criminal contra Veganzones por afirmaciones sobre los sindicatos como ¡°que devuelvan lo robado¡± y llamarles ¡°comegambas¡±.

Veganzones ha capitaneado una cruzada contra el Serla. La ministra Yolanda D¨ªaz ha insistido en los ¨²ltimos meses en el retorno del aporte auton¨®mico para este departamento, muy valorado tanto por la patronal como por los sindicatos por su labor para impedir el colapso de los juzgados laborales. El di¨¢logo social ha funcionado hist¨®ricamente muy bien en Castilla y Le¨®n, con una fluida relaci¨®n entre la patronal, los sindicatos y la Junta cuando esta la gobernaba el PP. El Serla se encarga de mediar entre las partes para resolver denuncias e impedir que la justicia tenga que intervenir en la resoluci¨®n de estos conflictos. La aportaci¨®n aceptada por el departamento que encabeza Veganzones ascendi¨® a 400.000 euros anuales, cifra que se considera insuficiente por parte de Trabajo para el correcto desempe?o del ¨¢rea.

El movimiento de Vox tambi¨¦n gener¨® inquietud en la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, cuyo director general, Gilbert Houngbo, alert¨® sobre la ¡°gravedad de la situaci¨®n¡± y expres¨® su ¡°inquietud¡±, adem¨¢s de instar al Gobierno central a impedir esta deriva. La vicepresidenta D¨ªaz calific¨® hace unas semanas como ¡°grav¨ªsimo¡± lo sucedido. ¡°A la extrema derecha le molestan la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios¡±, afirm¨®. El portavoz de la Junta, Carlos Fern¨¢ndez Carriedo (PP), asegur¨® la semana pasada que estaba ¡°garantizado¡± el funcionamiento del Serla y que ¡°se mantiene su financiaci¨®n¡±.

El requerimiento del Ejecutivo, previo a llevar el caso a la justicia, insiste en que esta escasez financiera impide el desarrollo de los acuerdos laborales firmados en la comunidad y en las negociaciones colectivas. ¡°La inactivaci¨®n total de la Fundaci¨®n Serla es contraria a la distribuci¨®n constitucional de competencias en materia laboral, y en ning¨²n caso puede considerarse que la alternativa adoptada por la Junta de Castilla y Le¨®n resulte respetuosa con la normativa laboral y las competencias estatales¡±, expone el comunicado gubernamental. Este lamenta que la continuidad del organismo sin aporte suficiente no atiende a los conflictos individuales de los trabajadores e ¡°impide dar un cumplimiento conforme al acuerdo de los agentes sociales o alternativo¡±. Asimismo, ¡°contraviene la capacidad de mediaci¨®n ofrecida a las partes negociadoras de los convenios colectivos y de los acuerdos¡± y esa medida ejercida por Castilla y Le¨®n ¡°arremete contra un sistema consolidado y se desentiende de la adecuada prestaci¨®n de los servicios que se debe realizar¡±.

La Junta de Castilla y Le¨®n, primera coalici¨®n entre PP y Vox tras su alianza de 2022, tambi¨¦n ha recibido requerimientos del Gobierno central a cuenta de sus pol¨ªticas contra el aborto. El Ejecutivo envi¨® esos avisos a principios de este a?o tras anunciar la extrema derecha un protocolo antiabortista que finalmente no ha entrado en vigor.

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