El Supremo respalda el ¡®decreto ?balos¡¯ de VTC y rechaza indemnizar a Cabify

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de la plataforma Cabify, que solicitaba al Estado una indemnizaci¨®n de 237,5 millones de euros por la aprobaci¨®n en 2018 por parte del Gobierno de un decreto que traspasaba a las comunidades aut¨®nomas y a los ayuntamientos las competencias de las licencias de los veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC) en materia urbana, de forma que las licencias estatales a partir de septiembre de 2022 solo habilitaban para realizar servicios de transporte interurbano.

El Alto Tribunal avala as¨ª esta normativa ¨Dconocida como decreto ?balos por ser titular del Ministerio de Transportes en ese momento, el socialista Jos¨¦ Luis ?balos¨D, que en la pr¨¢ctica limitaba las autorizaciones VTC al ¨¢mbito interurbano, con un periodo transitorio de cuatro a?os que concluy¨® el a?o pasado. La empresa argumentaba que este periodo no compensa ¡°todos los perjuicios¡± causados por esta norma, principalmente los econ¨®micos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si as¨ª lo decid¨ªan las Comunidades Aut¨®nomas pasados esos cuatro a?os.

Recurso para 2.192 licencias

En concreto, Vector Ronda interpuso el recurso para proteger sus 2.192 licencias de VTC, calculando un perjuicio total de 237 millones de euros, a raz¨®n de 164.320 euros por cada licencia en Madrid; 74.678 euros por licencia en Catalu?a y 34.810 euros por licencia en Andaluc¨ªa, Valencia y Castilla-La Mancha. Por su parte, la Abogac¨ªa del Estado, seg¨²n recoge la sentencia del pasado 17 de julio de 2023, estima que el decreto se ajusta ¡°plenamente al sistema constitucional de distribuci¨®n de competencias en materia de transportes terrestres¡±, conforme al cual el transporte urbano es, por regla general, intracomunitario y, por tanto, de competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas,

Esos valores, que deb¨ªan ser actualizados financieramente, correspond¨ªan al precio de mercado que hab¨ªan alcanzado en un momento de fuerte crecimiento del negocio. Adicionalmente, sumaba el coste que supondr¨ªa las indemnizaciones ¡°que la sociedad tendr¨¢ que soportar por el despido de su plantilla de trabajadores o la terminaci¨®n de los contratos de forma anticipada y la consecuente obligaci¨®n de afrontar la correspondiente penalizaci¨®n por la terminaci¨®n anticipada de los contratos con proveedores¡±.

La Abogac¨ªa del Estado, que representaba al Ejecutivo, rechazaba los argumentos del perjuicio econ¨®mico y basaba su defensa en la adaptaci¨®n de la norma estatal a la auton¨®mica en el caso de Madrid y Andaluc¨ªa, ¡°que han permitido seguir prestando el servicio sin soluci¨®n de continuidad a empresas como la recurrente, por lo que ning¨²n da?o pueden haber sufrido¡±.

¡°La nueva regulaci¨®n no priva de ning¨²n derecho ni suprime ning¨²n servicio o facultad propio de estas autorizaciones, se trata de un cambio en las condiciones de la autorizaci¨®n que, ante una realidad no cuestionada, se limita a circunscribir la autorizaci¨®n de ¨¢mbito nacional al contenido propio de la competencia estatal, dejando que sean las Comunidades Aut¨®nomas las que regulen esta modalidad de transporte cuando su ¨¢mbito sea exclusivamente urbano y, por ello, intracomunitario, como demanda el dise?o constitucional de esta competencia¡±, explica la sentencia.

El Tribunal Supremo tambi¨¦n descarta que el decreto suponga un trato discriminatorio de las VTC frente a los taxis, entendiendo que solo ajusta la autorizaci¨®n estatal a las competencias estatales en materia de transportes, seg¨²n el criterio territorial de distribuci¨®n de competencias dise?ado en la Constituci¨®n.

La sentencia del Supremo no afecta en absoluto al reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) que invalid¨® el ratio 30 taxis por cada licencia de VTC, ni del posterior decreto del Ministerio de Transportes habilitando que se limiten las licencias de VTC por la gesti¨®n del tr¨¢fico o la protecci¨®n del medio ambiente.

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