La justicia social se declara incompetente sobre los recortes en mediaci¨®n laboral de Castilla y Le¨®n

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n (TSJCyL) ha desestimado las denuncias de los sindicatos por los recortes de la Junta sobre los servicios de mediaci¨®n laboral (Serla). La sala de lo Social de Valladolid ha admitido ¡°la falta de competencia de la jurisdicci¨®n social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiaci¨®n de la actividad de la Fundaci¨®n del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y Le¨®n¡±. Los sindicatos hab¨ªan denunciado la reducci¨®n de financiaci¨®n de un 60% a cargo de la consejer¨ªa de Empleo, de Vox. El ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda D¨ªaz ahora en funciones, envi¨® dos requerimientos al Gobierno auton¨®mico reclamando que no dejara sin fondos este mecanismo laboral. Finalmente Empleo asign¨® una partida presupuestaria muy inferior a la previa, en torno al mill¨®n de euros.

La nota de prensa difundida por parte de la Junta describe que los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Uni¨®n General de Trabajadores (UGT) denunciaron que la consejer¨ªa destinara solamente 400.000 euros a este servicio de mediaci¨®n laboral. Ambas entidades reclamaban la anulaci¨®n de esa orden auton¨®mica por entender insuficiente esa cantidad para el desempe?o de esas funciones. La medida impulsada por Vox en la consejer¨ªa de Industria, Comercio y Empleo se enmarca en la insistencia del partido ultra de dejar de asignar financiaci¨®n a los sindicatos. El Serla atendi¨® en 2022 un total de 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos pese a que el titular de Empleo e Industria, Mariano Veganzones (Vox), lo cataloga de ¡°chiringuito¡±.

CCOO y UGT denunciaron ante el TSJCyL la medida adoptada por la Junta y en ese procedimiento judicial se person¨® tambi¨¦n el ministerio de Trabajo bajo las mismas alegaciones que los demandantes. El departamento dirigido por Yolanda D¨ªaz insisti¨® desde que se conociera el plan de Vox en que esta actuaci¨®n era improcedente y lleg¨® a enviar dos requerimientos a la Junta reclamando que el Serla volviese a disponer de recursos econ¨®micos. Uno de los principales argumentos de Trabajo y de los sindicatos pasa por la capacidad de este mecanismo, hist¨®ricamente engrasado entre los integrantes del Di¨¢logo Social y respaldado tambi¨¦n por la patronal, para evitar el colapso en los juzgados del ¨¢mbito laboral por la capacidad para poner de acuerdo a los trabajadores y a las empresas cuando emergen conflictos.

La sentencia que cita la Junta de Castilla y Le¨®n se resolvi¨® el pasado 3 de noviembre y plasm¨® la ¡°falta de competencia de la jurisdicci¨®n social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejer¨ªa de Industria, Comercio y Empleo¡±. As¨ª, entienden que los recortes ¡°no derivan de las competencias auton¨®micas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organizaci¨®n de la Junta de Castilla y Le¨®n, y est¨¢ inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria¡±.

Este martes el sindicato UGT denunci¨® ante el Defensor del Pueblo la minimizaci¨®n de recursos para el Serla, catalogando estas pol¨ªticas de ¡°contrarias a la Constituci¨®n¡± y vaticinando actuaciones similares en Extremadura o en la Regi¨®n de Murcia, donde gobiernan en coalici¨®n con el PP al igual que en Castilla y Le¨®n. ¡°Algunos responsables pol¨ªticos de comunidades aut¨®nomas han comenzado una campa?a de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediaci¨®n y arbitraje, que son un desarrollo de una competencia estatal¡±, sosten¨ªa UGT, y a?ad¨ªa que ¡°cualquier acci¨®n o decisi¨®n proveniente de una comunidad aut¨®noma, que dificulte o directamente imposibilite los medios de soluci¨®n aut¨®noma de conflictos, sobrepasa las competencias auton¨®micas, que est¨¢n limitadas a la ejecuci¨®n de las competencias en materia laboral¡±.

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