Claves | ?Por qu¨¦ protestan los agricultores en Espa?a?
El campo demanda una nueva pol¨ªtica agraria que mantenga un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la econ¨®mica para evitar desmantelar una parte del sector
Olas de tractores han salido a las calles a protestar en contra de la ¡°incoherencia de las pol¨ªticas europeas¡±. Al margen de las demandas espec¨ªficas de cada pa¨ªs miembro, las movilizaciones en buena parte de la UE constituyen una llamada de atenci¨®n a las instituciones comunitarias por la forma de gestionar la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), creada en los a?os sesenta, y que ahora busca el equilibrio entre varios objetivos: incrementar la productividad para garantizar un abastecimiento suficiente y seguro a precios razonables, aumentar la rentabilidad del sector, y fomentar la estabilidad en los mercados y la sostenibilidad del medio rural.
En Espa?a, una consigna sobrevuela las protestas: los agricultores reclaman que se garantice el pago justo por cosechas que en los ¨²ltimos a?os, como lamentan los agricultores, ¡°se venden a p¨¦rdidas¡±. Critican que la Ley de Cadena Agroalimentaria, el reglamento con el que entre otras cosas se han intentado evitar esas ventas por debajo de precio de mercado, no se est¨¢ cumpliendo. Estas son algunas de las principales reclamaciones del sector primario.
Menos papeleo. La PAC, seg¨²n el sector, se ha instalado en la burocracia: coexisten multitud de normas y exigencias de seguimiento y control, suelos sostenibles, plazos, t¨¦cnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producci¨®n, como si detr¨¢s de cada peticionario de ayuda hubiera un posible defraudador. Eso lleva a que cada explotaci¨®n sea como una gestor¨ªa. La ¨²ltima edici¨®n de esta normativa europea incluye, por ejemplo, el uso obligatorio de un Cuaderno Digital donde llevar un registro de las actividades agr¨ªcolas realizadas. ¡°?C¨®mo se supone que vamos a usarlos si en muchas de las zonas de cultivo ni siquiera hay internet?¡±, se pregunta Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.
Frenar la competencia exterior desleal. El sector acusa a la Comisi¨®n de poner a disposici¨®n de pa¨ªses de fuera de la UE aut¨¦nticas autopistas de entrada para sus productos y, en la mayor parte de los casos, sin limitaciones en volumen, con reducci¨®n de los precios de acceso, y sin que se les exijan las mismas condiciones que a los agricultores europeos. Sobre todo apuntan a criterios m¨¢s flexibles en el uso de productos fito y zoosanitarios, as¨ª como en el cumplimiento de pr¨¢cticas respetuosas con el medio ambiente, bienestar animal o normativa salarial.
¡°En lugar de solucionarlo, se han firmado nuevos acuerdos comerciales como el de Mercosur¡±, denuncia Miguel Padilla, secretario general de Coag. ¡°La entrada de carne de vacuno desde Sudam¨¦rica, por ejemplo, podr¨ªa suponer un lastre para la producci¨®n nacional. Lo mismo pasa con el cordero de Nueva Zelanda o la importaci¨®n de tomates y hortalizas desde Marruecos¡±, concreta. En el caso de Mercosur, sin embargo, el acuerdo no ha entrado en vigor ni se espera que lo haga a corto plazo, sobre todo por las reticencias de Francia.
En un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios Asaja, Coag y Upa han reclamado la paralizaci¨®n de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificaci¨®n del acuerdo con Nueva Zelanda y que se detengan las negociaciones con Chile, Kenia, M¨¦xico, India y Australia. ¡°Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicci¨®n e hipocres¨ªa en la actuaci¨®n pol¨ªtica de la UE¡±, insiste el escrito.
Menos restricciones a los fertilizantes. En unos mercados globalizados, el sector rechaza las fuertes exigencias de reducci¨®n en el uso de los fertilizantes, de entre un 20% y un 50% en el empleo de productos fito y zoosanitarios, por disminuir el rendimiento de sus cosechas y dificultar su competitividad internacional.
Medidas ambientales menos r¨ªgidas. Son las exigencias que despiertan mayores temores, al ser de obligado cumplimiento para cualquier agricultor. Entre ellas est¨¢n la rotaci¨®n de los cultivos, la obligaci¨®n de dejar los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dejar los m¨¢rgenes suficientes junto a los r¨ªos para evitar vertidos, la prohibici¨®n de no labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%, la protecci¨®n de los humedales o la no destrucci¨®n de elementos del paisaje como los setos.
Desde el sector se pide una mayor flexibilidad, que las exigencias medioambientales contemplen un mayor equilibrio y que se tenga en cuenta tambi¨¦n la rentabilidad de las explotaciones.
M¨¢s rentabilidad. Durante los ¨²ltimos a?os, como resultado de los problemas log¨ªsticos globales y la guerra en Ucrania, se han incrementado con fuerza los costes de producci¨®n, con encarecimientos de la energ¨ªa, las semillas, los fertilizantes o la maquinaria. Los agricultores denuncian la p¨¦rdida de rentabilidad y de competitividad frente a las importaciones masivas m¨¢s baratas desde terceros pa¨ªses. El sector reclama que se aplique de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que se obliga a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producci¨®n, y ven fundamental que lo cumpla la gran distribuci¨®n, el final de la cadena.
En Espa?a, los alimentos se han encarecido notablemente en los ¨²ltimos dos a?os. Tambi¨¦n en el campo. Los precios en origen (los que se fijan de partida en el campo) han registrado una subida media acumulada del 50% desde 2021, a?o en el que empez¨® la crisis inflacionista, seg¨²n los datos del Ministerio de Agricultura. Adem¨¢s, la renta agraria se increment¨® un 11,1%, hasta los 31.931 millones, el mejor dato hist¨®rico, tras caer un 5,5% en 2022.
M¨¢s presupuesto. El sector agrario demanda unos presupuestos para la PAC superiores tras el reciente recorte. Los fijados en el periodo anterior superaban los 400.000 millones frente a los 385.000 millones del actual periodo, un desajuste que se ve ampliado por la inflaci¨®n.
Flexibilizar las normas de bienestar animal. Una gran parte del sector ganadero intensivo, porcino o de la avicultura se enfrenta al cumplimiento de las nuevas normas sobre el bienestar animal, con la exigencia de aumentar la superficie en granja por unidad, lo cual implica m¨¢s inversiones para una producci¨®n similar. Eso se traduce en una p¨¦rdida de rentabilidad, y seg¨²n denuncian, miles de explotaciones podr¨ªan acabar cerrando.
Proteger las explotaciones familiares. Todos estos problemas amenazan con derivar en un cierre progresivo de las peque?as y medianas explotaciones, dejando el terreno libre al desembarco en el campo de grandes corporaciones agroalimentarias, que tendr¨ªan en su mano la mayor parte de la producci¨®n. Esta tendencia, denunciada desde las organizaciones agrarias, choca con los planteamientos originales de la PAC.
Planas o la quinta OPA
Al margen de las demandas de las organizaciones agrarias, la denuncia más reciente de esta situación en la UE no ha venido solo de las movilizaciones en las carreteras, sino de la mano del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, en la reciente reunión en el foro en Bruselas donde se debatía la estrategia de diálogo sobre el futuro de la agricultura en la UE.
El titular español señalaba que los presupuestos comunitarios para la PAC se han quedado cortos, que se debería dar más protagonismo a los agricultores y ganaderos; que se deben escuchar sus peticiones con un mayor diálogo que las exigencias medioambientales están bien, pero con más fondos y que se expliquen de forma más coherente; que la PAC sea una política más estable con la mirada en el medio y largo plazo, que haya una mayor innovación y desarrollo con las Nuevas Técnicas Genómicas para avanzar y mejorar producciones, que se apoyen los mercados con más exportaciones propias y un mayor control de las importaciones vía la aplicación de la cláusula espejo o sea, exigir que lo que se importa se haya producido cumpliendo las mismas exigencias en materia de uso de productos fito o zoosanitarios como lo practicado en la UE.
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