Airbnb y Booking eluden responsabilidades en la oferta ilegal de pisos tur¨ªsticos tras la investigaci¨®n lanzada por Consumo
Remiten a una sentencia del Supremo que limita la obligaci¨®n de la informaci¨®n de los anuncios, incluido el numero de registro, al propietario de la vivienda
La apertura de una investigaci¨®n por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para perseguir la publicidad de viviendas tur¨ªsticas sin licencia ha soliviantado a Airbnb y Booking. Las dos grandes plataformas que controlan el mercado en Espa?a se ven se?aladas ¡ªaunque el ministerio no ha dado el nombre de ninguna empresa en concreto¡ª como responsables de algo, la oferta ilegal, que en su opini¨®n no es de su incumbencia.
En un comunicado remitido a la prensa este mi¨¦rcoles, despu¨¦s de que la noticia fuera adelantada por EL PA?S, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy se?alaba que ha enviado requerimientos de informaci¨®n a ¡°las principales plataformas¡± de alquiler tur¨ªstico ¡°para obtener datos sobre las viviendas que se anuncian en estas plataformas para identificar qui¨¦nes son los arrendadores, en qu¨¦ condiciones de arrendamiento est¨¢n y si los propietarios poseen o no licencias para su uso tur¨ªstico¡±. Ambas plataformas negaron este mi¨¦rcoles haber recibido por ahora ninguna notificaci¨®n por parte de la Direcci¨®n General de Consumo y mostraban su perplejidad ante el anuncio del Gobierno. ¡°Hasta el d¨ªa de hoy, Airbnb no tiene constancia de la recepci¨®n de ning¨²n requerimiento de informaci¨®n por parte del Ministerio de Consumo. Airbnb es un buen socio de las autoridades y siempre pide a los anfitriones que certifiquen que cumplen con las leyes locales y que cuentan con los permisos necesarios antes de anunciarse en la plataforma. Airbnb ha apoyado la nueva normativa aprobada por la UE que establece un marco para que Gobiernos y plataformas compartan informaci¨®n, lo que dar¨¢ a las autoridades m¨¢s visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitar¨¢ unos sistemas de registro m¨¢s simples y centralizados¡±, se?al¨® la plataforma estadounidense en un comunicado.
Tanto Airbnb como Booking consideran que el Ejecutivo est¨¢ identificando a las plataformas como responsables de la oferta ilegal y alegan que una sentencia del Supremo, hecha p¨²blica en enero de 2022, las desliga por completo. Ese fallo se?alaba que ¡°la informaci¨®n del anuncio, incluido el correcto n¨²mero de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio tur¨ªstico final y no de la plataforma donde se anuncia¡±. Y se?alaba que Airbnb, la plataforma denunciada, ¡°es un intermediario neutro de los servicios de la sociedad de la informaci¨®n y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni un prestador de servicios tur¨ªsticos¡±.
Tanto Airbnb como Booking apuntan que la ¨²nica responsabilidad legal que tienen es la de responder a los requerimientos por parte de las Administraciones p¨²blicas una vez que hayan detectado irregularidades, anuncios sin n¨²mero de registro o falsedades en los mismos. ¡°Nosotros no supervisamos ni controlamos la oferta, solo estamos obligados a responder a todas las solicitudes y retirar toda la oferta que se constate que no cumple con la ley¡±. En Booking explican que tienen activado desde el pasado enero el denominado Portal de Autoridades, un espacio de interlocuci¨®n con las distintas Administraciones de los sitios en donde operan. Una vez estas se dan de alta en el citado portal, pueden remitir las pertinentes denuncias para que sean revisadas por la plataforma.
La presi¨®n al Ejecutivo central, a las comunidades aut¨®nomas y a los ayuntamientos para que controlen el fen¨®meno de los pisos tur¨ªsticos est¨¢ arreciando en los ¨²ltimos meses al calor de brotes de turismofobia, como las manifestaciones multitudinarias en las siete islas del archipi¨¦lago canario y algunas r¨¦plicas m¨¢s recientes en Baleares. El rechazo al turismo masivo coincide adem¨¢s con una reducci¨®n general de la oferta de vivienda de alquiler, particularmente en las seis grandes autonom¨ªas tur¨ªsticas (Canarias, Baleares, Andaluc¨ªa, Catalu?a, Comunidad Valenciana y Madrid), y con el encarecimiento de la misma. Esto ha expulsado a muchos colectivos, especialmente a los m¨¢s j¨®venes, del mercado inmobiliario y agudiza la enorme crisis de accesibilidad a la vivienda que atraviesa Espa?a.
En la ultima Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada a finales de mayo, la ministra Isabel Rodr¨ªguez anunci¨® que su departamento, junto con el de Industria y Turismo, adelantar¨¢n el cumplimiento del nuevo reglamento europeo. Esto se traducir¨¢ en la creaci¨®n de una plataforma estatal con las comunidades aut¨®nomas para compartir los datos y las normativas sobre estos alojamientos, a fin de combatir el fraude. ¡°Airbnb ha liderado las conversaciones y ha reclamado un enfoque a escala comunitaria para conseguir normas m¨¢s coherentes en toda la UE. La prioridad pasa ahora por expandir la colaboraci¨®n con ciudades y gobiernos de pa¨ªses de la UE, con el fin de brindar apoyo a las familias que ejercen de anfitri¨®n y ayudar a encontrar soluciones en problem¨¢ticas locales, tales como la escasez de vivienda¡±, responden en la plataforma.
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