El Supremo de Estados Unidos obliga a la SEC a someter sus multas por fraude a un jurado popular

El Tribunal Supremo ha dado un golpe legal a la forma en que la Comisi¨®n de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) combate el fraude, en un caso que podr¨ªa tener efectos de gran alcance en otras agencias reguladoras. Una sentencia ha determinado que las personas acusadas de fraude por el supervisor deber¨ªan tener derecho a que sus casos fueran resueltos por un jurado en un tribunal federal, en lugar de por los jueces de derecho administrativo internos de la propia SEC, en virtud de la S¨¦ptima Enmienda de la Constituci¨®n de Estados Unidos.

Los jueces han rechazado el recurso del Gobierno de Joe Biden contra una sentencia de primera instancia que anul¨® las sanciones econ¨®micas impuestas al gestor de fondos de alto riesgo George R. Jarkesy por la SEC, que regula los mercados de valores. ¡°Cuando la SEC solicita sanciones civiles contra un acusado de fraude de valores, la S¨¦ptima Enmienda da derecho al acusado a un juicio con jurado¡±, dice la decisi¨®n de los jueces.

Hay m¨¢s de una veintena de agencias reguladoras y supervisoras estadounidenses que tienen procedimientos de derecho administrativo similares, con lo que la sentencia del caso de la SEC contra Jarkesy deja en el aire la validez de esos mecanismos de persecuci¨®n y sanci¨®n del fraude.

¡°Un acusado que se enfrenta a una demanda por fraude tiene derecho a ser juzgado por un jurado de sus iguales ante un ¨¢rbitro neutral¡±, dice la sentencia, firmado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Lo contrario, asegura, permitir¨ªa ¡°concentrar las funciones de fiscal, juez y jurado en manos del Poder Ejecutivo¡± y es inconstitucional aunque haya sido aprobado por el Congreso.

La decisi¨®n se ha tomado por seis votos a tres, con el respaldo de los magistrados de la mayor¨ªa conservadora y el rechazo de las tres juezas progresistas. El voto paricular discordante ha sido redactado por la jueza Sonia Sotomayor: ¡°Este Tribunal ha sostenido, sin excepci¨®n, que el Congreso tiene una amplia latitud para crear obligaciones legales que dan derecho al Gobierno a sanciones civiles, y luego asignar su aplicaci¨®n fuera de los tribunales ordinarios de justicia donde no hay jurados¡±, indica.

¡°Al conceder a los demandados un juicio con jurado, incluso uno que la Constituci¨®n no exige, la mayor¨ªa puede pensar que est¨¢ protegiendo la libertad. Esa creencia, tambi¨¦n, est¨¢ profundamente equivocada. El pueblo estadounidense no debe confundir la arrogancia judicial con la protecci¨®n de los derechos individuales¡±, a?ade.

Hace 50 a?os, el Supremo dictamin¨® que los procedimientos internos no violaban el derecho constitucional a un juicio con jurado en las demandas civiles, pero en la vista de argumentos orales el presidente del Tribunal, el conservador John Roberts, se?al¨® su preocupaci¨®n por el poder de los reguladores federales y subray¨® que ¡°el impacto de las agencias gubernamentales en la vida cotidiana es hoy enormemente m¨¢s significativo que hace 50 a?os¡±. ¡°Parece problem¨¢tico decir que el Gobierno puede privarte de tus bienes, de tu dinero, de sumas sustanciales en un tribunal que, al menos, se percibe como no imparcial¡±, dijo el juez Brett Kavanaugh.

En 2022, el Tribunal de Apelaciones del 5? Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, fall¨® a favor de Jarkesy y su grupo de asesores de inversi¨®n Patriot28. Consider¨® que el caso de la SEC contra ¨¦l, que dio lugar a una multa civil de 300.000 d¨®lares y a la devoluci¨®n de 680.000 d¨®lares en ganancias supuestamente irregulares, deber¨ªa haberse visto en un tribunal federal en lugar de ante uno de los jueces de derecho administrativo del supervisor.

Los abogados de Jarkesy se?alaron que la SEC gana casi todos los casos que lleva ante los jueces de derecho administrativo, pero solo alrededor del 60% de los casos juzgados en tribunales federales.

El Supremo respalda la decisi¨®n del Tribunal de Apelaciones y pide que se ejecute. Este es uno de los m¨²ltiples casos en que los jueces est¨¢n erosionando el poder de las agencias reguladoras y supervisoras, que consideran que tienen prerrogativas excesivas.

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