Las playas privadas de Italia van a la huelga contra la revisi¨®n de concesiones

Las sombrillas y las tumbonas han permanecido cerradas, a primera hora de la ma?ana del viernes, en buena parte de las playas privadas de Italia en se?al de protesta contra la decisi¨®n del Gobierno de sacar a concurso p¨²blico la explotaci¨®n de estos espacios, en aplicaci¨®n de la normativa europea.

La huelga de los gestores de las playas privadas, que ha durado dos horas, desde las 7.30 de la ma?ana a las 9.30, la franja menos concurrida del d¨ªa, ha sido m¨¢s un gesto simb¨®lico que efectivo y ha tenido un seguimiento desigual en las distintas regiones del litoral italiano.

Los denominados ¡°establecimientos playeros¡± en Italia representan una parte importante del litoral del pa¨ªs. Seg¨²n un estudio del Ejecutivo del a?o pasado, ocupan el 33% de las playas y tramos de costa rocosa que forman parte del dominio p¨²blico. Estos espacios no se pueden vender, sino solamente dar en concesi¨®n, y en ellos los encargados colocan tumbonas, sombrillas, chiringuitos, ba?os y otros servicios.

La concesi¨®n de las playas es una cuesti¨®n tradicionalmente ardua en el pa¨ªs transalpino y no existe una normativa nacional que regule la cuesti¨®n. Las licencias se otorgaron hace d¨¦cadas sin concurso p¨²blico y desde entonces se han ido renovando de forma autom¨¢tica, casi siempre a los mismos propietarios y familias, que pagan unos alquileres muy bajos, m¨¢s a¨²n si se comparan con las elevadas ganancias que obtienen. Este sistema ha favorecido en numerosas ocasiones las infiltraciones de las mafias en la gesti¨®n de las playas. La ¨²ltima pr¨®rroga la autoriz¨® el Gobierno de Giorgia Meloni en 2022 y contemplaba una extensi¨®n de las licencias hasta finales de 2024. En ese momento o principios de 2025 deber¨ªan realizarse los concursos p¨²blicos, de acuerdo con la directiva Bolkestein de 2006 de la Uni¨®n Europea que obliga a licitar estos espacios. Italia nunca lo ha hecho. El asunto es tan enmara?ado que ning¨²n Gobierno en las ¨²ltimas d¨¦cadas se ha atrevido a dar el paso, posiblemente por la gran influencia y fuerza que tienen los gestores ¡ªque ocupan a un elevado n¨²mero de empleados¡ª en t¨¦rminos electorales tanto a nivel local como nacional.

La mayor¨ªa de los gestores de los establecimientos playeros se opone a las licitaciones y tambi¨¦n buena parte de los l¨ªderes pol¨ªticos. La propia Meloni se ha declarado siempre contraria a esta pr¨¢ctica, pero ahora no ha podido evitar alargar m¨¢s la fecha para sacar a concurso las concesiones para aplicar la normativa Europea. Italia ha sido sancionada por esta cuesti¨®n en numerosas ocasiones y en 2020 la Comisi¨®n Europea abri¨® un procedimiento de infracci¨®n contra el pa¨ªs transalpino, aunque en la pr¨¢ctica, no ha habido consecuencias.

En Italia, cada vez son m¨¢s las instituciones que presionan para que se convoquen concursos p¨²blicos. En 2023, el Consejo de Estado, el m¨¢ximo organismo de la justicia administrativa en Italia, que ya se hab¨ªa pronunciado con anterioridad en la misma l¨ªnea, reafirm¨® que las concesiones deber¨ªan expirar en diciembre de 2023 y que prolongarlas un a?o m¨¢s es ileg¨ªtimo. A inicios del a?o pasado y en enero de este a?o el presidente de la Rep¨²blica, Sergio Mattarella, envi¨® una carta a los presidentes de las C¨¢maras y a la primera ministra en la que subrayaba que las pr¨®rrogas de las concesiones son incompatibles con el derecho europeo y con las sentencias del Consejo de Estado.

Los propietarios de los establecimientos playeros que han participado en la huelga denuncian, en particular, la falta de criterios nacionales en materia de licitaciones, por lo que cada autoridad local puede fijar las normas de forma independiente, lo que ocasionar¨ªa un trato desigual entre unas localidades y otras. Adem¨¢s, las asociaciones de comerciantes piden compensaciones econ¨®micas para los concesionarios salientes que perder¨¢n sus concesiones debido a los concursos p¨²blicos.

La cuesti¨®n es tan divisiva que ni siquiera en los datos del seguimiento de la huelga las diferentes facciones se ponen de acuerdo. Los sindicatos organizadores hablan de un seguimiento del paro del 80%, mientras que las asociaciones de consumidores hablan de un ¡°fracaso¡± y de ¡°adhesiones por debajo de las expectativas¡±.

El Gobierno recaud¨® en 2019 unos 115 millones de euros con la venta de licencias de explotaciones de las playas, mientras que se estima que los establecimientos playeros facturan unos 15.000 millones de euros anuales. Los precios de las sombrillas y tumbonas rondan los 30 euros diarios por persona y se han encarecido notablemente en los ¨²ltimos a?os. El l¨ªder del partido Azione, Carlo Calenda, ha denunciado que algunos gestores pagan unos 4.000 euros al a?o por la concesi¨®n de una playa, un importe similar al que cuesta un pase de los meses de verano para una familia.

Algunos activistas y ciudadanos, reunidos en la asociaci¨®n Mare Libero, han comenzado a organizar protestas en las playas reclamando el derecho a utilizar un bien p¨²blico libremente y sin pagar. Lo que est¨¢n haciendo es colocar sus sombrillas y toallas en las playas gestionadas por los comerciantes privados y divulgando la sentencia del Consejo de Estado en la que declara il¨ªcito prorrogar las concesiones.

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