Asturias y Canarias se suman al bloqueo auton¨®mico contra la energ¨ªa fotovoltaica

En lo que va de 2024, cinco comunidades aut¨®nomas (La Rioja, Arag¨®n, Pa¨ªs Vasco, Asturias y Canarias) han aprobado o proyectado regulaciones restrictivas contra la energ¨ªa fotovoltaica, lo que, seg¨²n fuentes de este sector, suponen ¡°claras barreras al desarrollo de proyectos que ponen en riesgo nuestra ventaja competitiva en la producci¨®n de energ¨ªa solar¡±.

El pasado 23 de enero, el pleno del Parlamento de La Rioja aprobaba una proposici¨®n de ley de medidas temporales y urgentes para la protecci¨®n del paisaje de esta comunidad que establece una moratoria en las autorizaciones de cualquier tipo de instalaciones de energ¨ªa el¨¦ctrica. Si bien la medida, que tuvo su origen en el rechazo a la autorizaci¨®n ambiental (DIA) que el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica hab¨ªa otorgado a la l¨ªnea de alta tensi¨®n promovida por el grupo aragon¨¦s Forestalia, que parte de Teuste (Zaragoza), atraviesa La Rioja y evacua en el Pa¨ªs Vasco (en la localidad alavesa de J¨²diz), paraliza la construcci¨®n de todo tipo de instalaciones, afecta de manera especial e inmediata a los proyectos de renovables, especialmente, fotovoltaicos, que suman 27 en la regi¨®n con una inversi¨®n de unos 100 millones de euros, seg¨²n datos de la Uni¨®n Espa?ola Fotovoltaica (UNEF).

A la moratoria de La Rioja, ¡°de muy dudosa legalidad¡±, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, pues las renovables tienen la consideraci¨®n de proyectos de inter¨¦s com¨²n por la normativa comunitaria, se sumaron posteriormente los respectivos impuestos aprobados por los gobiernos del Pa¨ªs Vasco y Arag¨®n que levantaron un gran malestar entre las compa?¨ªas y que ambas autonom¨ªas justifican por la necesidad de establecer nuevas figuras impositivas en toda actividad que pueda incidir sobre el medio ambiente.

En el primer caso, el pasado 8 de febrero, en la Ley de Transici¨®n Energ¨¦tica y Cambio Clim¨¢tico del Pa¨ªs Vasco aprobada ese d¨ªa, se incluy¨® un impuesto a los proyectos e¨®licos y fotovoltaicos que se instalen en la regi¨®n en suelo no urbanizable¡±. En el sector consideran que este tributo es retroactivo ¡°y env¨ªa un mensaje de inseguridad jur¨ªdica a empresas e inversores¡±.

Ya el 23 de mayo, otra norma aprobada por el Gobierno de Arag¨®n establec¨ªa nuevos impuestos medioambientales a los parques e¨®licos y fotovoltaicos en esta comunidad aut¨®noma que, en el caso de estos ¨²ltimos, son gravados por hect¨¢reas. Seg¨²n UNEF, esta imposici¨®n supone ¡°un doble gravamen, ya que cada proyecto conlleva de por s¨ª medidas compensatorias¡±.

Asturias y las bater¨ªas

Se trata de una sucesi¨®n de trabas contra la fotovoltaica que se van extendiendo por otras comunidades aut¨®nomas. Las dos ¨²ltimas restricciones han sido las protagonizadas por Asturias y Canarias.

As¨ª, el Gobierno del Principado acaba de aprobar una proposici¨®n de ley para limitar la implantaci¨®n de parques de bater¨ªas, que se almacenan con energ¨ªa solar. Por su parte, en la modificaci¨®n de la Ley Cambio Clim¨¢tico de Canarias, se establece la obligatoriedad de participaci¨®n social a las empresas radicadas en las islas para proyectos a partir de 2 MW de potencia, en los que hay que reservar un 20% de su generaci¨®n a los municipios en que se instalen. O, en su caso, a una compa?¨ªa energ¨¦tica p¨²blica canaria creada con ese fin.

La propuesta legal del Gobierno de Asturias, tras las movilizaciones de una plataforma ciudadana, limita la instalaci¨®n de dichos parques a una distancia de un kil¨®metro respecto a n¨²cleos de poblaci¨®n y de 500 metros de instalaciones ganaderas o masas forestales aut¨®ctonas. Seg¨²n una nota de prensa publicada por UNEF a finales de julio, la medida ¡°carece de fundamentos cient¨ªficos o t¨¦cnicos y representa una sobrerreacci¨®n pol¨ªtica a bulos interesados¡±.

Seg¨²n dicho comunicado, en ning¨²n otro pa¨ªs existen restricciones similares, ya que no hay raz¨®n para que existan, solo en lugares como el Reino Unido, pero que se basan en c¨®digos t¨¦cnicos de incendios y ruido, resultando en distancias de entre 5 y 30 metros de una vivienda, ¡°muy lejos de las restricciones que se plantean aqu¨ª¡±, a?ade.

En una rueda de prensa el pasado junio, consejero de Ordenaci¨®n de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se?al¨® que se trata de una actividad ¡°industrial¡±, sobre la que hay que ¡°asegurar la distancia¡± que debe mantener respecto a casas, n¨²cleos y masas forestales, la cual, ¡°a¨²n est¨¢ por definir¡±, en el seno del Gobierno, si bien le parece ¡°insuficiente¡± que se establezca en 100 metros. Y defendi¨® la separaci¨®n, que ¡°debe de ser proporcional¡± a la potencia del parque de bater¨ªas de litio y ¡°contemplar medidas correctoras¡±.

Se da la circunstancia de que Asturias, una comunidad sin apenas e¨®lica por su impacto en el paisaje y con poco sol respecto a otras regiones, cuenta con m¨¢s puntos de conexi¨®n a las redes el¨¦ctricas que en otros puntos de Espa?a, lo que la hace propicia para el almacenamiento con energ¨ªa renovable. En el sector consideran que ¡°las bater¨ªas son seguras y totalmente compatibles con el patrimonio¡±.

Asturias ha recibido 170 solicitudes para este tipo de proyectos, 35 de los cuales est¨¢n ya en informaci¨®n p¨²blica. El Gobierno del Principado, que rechaz¨® la moratoria total que exig¨ªa el Partido Popular, tiene previsto publicar a finales de a?o el decreto que regular¨¢ la implantaci¨®n de parques de bater¨ªas, con lo cual, por el momento, este tipo de proyectos est¨¢n paralizados. Aunque la moratoria que reclam¨® el PP no prosper¨®, lo que se plantea ¡°es una moratoria de factor, que impedir¨¢ la construcci¨®n de ning¨²n almac¨¦n¡±, aseguran en el sector fotovoltaico.

La batalla canaria

La batalla en el caso de Canarias se plantea en torno a la obligaci¨®n de que proyectos renovables a partir de 2 MW destinen un 20% de la producci¨®n a la participaci¨®n local en el accionariado, ya sea p¨²blica o privada. El Gobierno canario se ampara en la Directiva de Renovables 2023/2413 para fijar esta participaci¨®n ciudadana en los ingresos de las plantas. Sin embargo, en sus alegaciones al decreto ley canario, UNEF recuerda que la directiva no especifica que deban ser proyectos de 2 MW ni que el porcentaje tenga que ser de un 20%, lo que implica una barrera a la inversi¨®n.

Asimismo, reclama que se congele la medida en tanto no haya una regulaci¨®n ¡°ad-hoc y espec¨ªfica de los criterios y requisitos para la participaci¨®n local en los proyectos de energ¨ªas renovables¡±. La asociaci¨®n sugiere, asimismo, que el l¨ªmite se ampl¨ªe a proyectos de 5 MW de potencia, en consonancia con otras regulaciones similares como la balear o la catalana.

Como recoge la exposici¨®n de motivos de la modificaci¨®n de la ley, el Gobierno canario ¡°ha escuchado las demandas sociales, cient¨ªficas y t¨¦cnicas de nuestra emergencia clim¨¢tica y energ¨¦tica¡± para lo que ha mantenido m¨¢s de 50 reuniones sectoriales de trabajo¡±

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