Aumenta la espera para los juicios laborales: siete meses para un despido y 18 para un accidente de trabajo

Los conflictos en materia laboral no terminan el d¨ªa que un trabajador es despedido, no recibe su salario o tiene un accidente de trabajo, sino todo lo contrario. Esos sucesos suelen ser, en el mejor de los casos, el primer d¨ªa de un largo periodo en los tribunales si el empleado decide reivindicar sus derechos ante la jurisdicci¨®n de lo Social, que es la encargada de estos temas. Este tipo de conflictos judiciales tiene unos tiempos de espera solo para la celebraci¨®n del primer juicio, sin contar su resoluci¨®n ni posibles recursos, de alrededor de siete meses en los casos urgentes y casi un a?o de media en el resto.

As¨ª, la ¨²ltima estad¨ªstica disponible de un a?o completo, que es la que elabora anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y corresponde a 2023, refleja un claro retraso en los procesos de los conflictos sociolaborales que llegan a los juzgados. Esto se observa fundamentalmente en los tiempos que tardan en se?alizarse los juicios en materia laboral y que muestran que, tras un 2022 en el que mejoraron los tiempos de espera para estos procedimientos tras los colapsos generados por la pandemia en 2020 y 2021, el pasado a?o la situaci¨®n volvi¨® a empeorar en los juzgados de lo Social.

En concreto, el periodo medio para que se celebren los primeros juicios en el conjunto de los asuntos sociales judiciales sumando tanto los procedimientos urgentes como los ordinarios, fue 11,1 meses en 2023 frente a los 10,5 meses de 2022 y el m¨¢ximo alcanzado un a?o antes, con una espera de 11,2 meses.

No obstante, hay muchas diferencias seg¨²n el tipo de asunto laboral que llegue a los tribunales. Los casos m¨¢s r¨¢pidos en se?alizarse son los de los despidos y aquellos relacionados con los derechos fundamentales, ya que son procedimientos urgentes por definici¨®n. Estos tuvieron el pasado a?o un tiempo medio de espera para el se?alamiento de los juicios de 7,2 meses en comparaci¨®n con los 6,5 meses del a?o previo y el m¨¢ximo de 7,6 meses que se registr¨® en este caso en 2014, como efecto de los procesos acumulados en 2013, peor a?o para estos procesos tras la crisis financiera de 2008.

Por el contrario, los procedimientos que tardan m¨¢s en activarse en los tribunales son, con diferencia, los relacionados con accidentes laborales, cuya espera se alarga de media a m¨¢s de a?o y medio (18,2 meses). ¡°Estos casos son especialmente complejos, ya que, adem¨¢s de la empresa y el trabajador, est¨¢n implicados otros actores como las mutuas, la aseguradora, los peritos o el ministerio Fiscal, entre otros¡±, explica Fabi¨¢n Valero, del bufete de abogados Zeres.

Este laboralista opina, al igual que otras fuentes del sector consultadas, que una de las principales causas del incremento de los plazos para se?alizar estos juicios se encuentra en el aumento de la litigiosidad. En concreto, Valero destaca que est¨¢n aumentando especialmente los casos relacionados con la Seguridad Social (cotizaciones impagadas, reconocimiento de incapacidades, etc¨¦tera.), la reclamaci¨®n de los complementos de maternidad para las pensiones, los asuntos de conciliaci¨®n o las demandas en el empleo p¨²blico. Adem¨¢s, argumenta que los procesos de lo social ¡°son cada vez m¨¢s complicados¡± porque afectan a menudo a cuestiones de derechos fundamentales, como es el caso de los conflictos de conciliaci¨®n; o se requiere la actuaci¨®n de expertos en la evaluaci¨®n de despidos econ¨®micos, por ejemplo.

Las cifras estad¨ªsticas del CGPJ respaldan la tesis de que una de las causas de los retrasos en los juzgados de lo social es el aumento de la judicializaci¨®n de las relaciones laborales. As¨ª, el pasado a?o ingresaron 463.294 nuevos asuntos en la jurisdicci¨®n Social, lo que supuso un incremento del 5,4% respecto a 2022. Sin embargo, se resolvieron 340.837 un 8,7% menos que el a?o anterior (una posterior actualizaci¨®n eleva esta cifra a 397.692 casos resueltos). En cualquier caso, el n¨²mero de asuntos en tr¨¢mite pendientes de resoluci¨®n se situ¨® en 426.075, un 16,1 % m¨¢s, lo que incrementa el atasco en los juzgados.

Plantilla escasa

No obstante, hay otros motivos detr¨¢s de este aumento de los tiempos de espera. El coordinador de los servicios jur¨ªdicos de UGT, F¨¦lix Pinilla, no atribuye los atascos en los juzgados tanto al aumento de la litigiosidad como a la falta de plantilla suficiente. Este sindicalista se queja de que los plazos tan dilatados para resolver los conflictos laborales en los tribunales contravienen gravemente todo tipo de normas internacionales que exigen una tutela judicial efectiva y eso exige resoluciones en un tiempo razonable, ¡°algo que en Espa?a no se cumple en ning¨²n caso¡±, apunta Pinilla.

As¨ª lo puso de manifiesto un extenso trabajo de campo sobre los tiempos de respuesta de los juzgados de lo Social de las comunidades aut¨®nomas elaborado por los servicios jur¨ªdicos de UGT y que mostraba un panorama que no ha hecho m¨¢s que empeorar, seg¨²n las ¨²ltimas cifras mencionadas del CGPJ. Este estudio mostr¨® que ya en 2022 ¡°buena parte de los juzgados estaban se?alando los juicios para 2023 y 2024 y una parte significativa en 2025; existiendo casos l¨ªmite, que est¨¢n se?alando en 2026¡å, alertaba este trabajo sindical. Es m¨¢s, las asesor¨ªas jur¨ªdicas de esta central advert¨ªan que incluso las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional est¨¢n dando mejores respuestas en tiempo, aunque tampoco suelen respetar los plazos establecidos legalmente. Y si el caso llega al Tribunal Supremo, este tarda en resolver los recursos de casaci¨®n unos 24 meses. Seg¨²n todos estos plazos, se puede calcular que no ser¨¢ hasta aproximadamente 2028 cuando lleguen al Alto Tribunal las unificaciones de doctrina de las materias reguladas en la ¨²ltima reforma laboral de finales de 2022.

¡°Luego hay que tener suerte ¡ªasegura un abogado laboralista que prefiere no identificarse¡ª y que no te toque alguno de los casos extremos que se dan en no pocos juzgados¡±. Uno de ellos, el n¨²mero 2 de lo Social de Sevilla, donde seg¨²n la estad¨ªstica del CGPJ los casos urgentes tardan en resolverse 36 meses y los no urgentes, 54 meses; o el n¨²mero 3 de La Coru?a, donde los procedimientos ordinarios se resuelven en una media de 36-40 meses.

Al aumento de la litigiosidad y a la escasez de plantilla, la presidenta de la Asociaci¨®n Nacional de Laboralistas (Asnala), Ana G¨®mez, suma la falta de recursos materiales de los profesionales de la judicatura. ¡°Por ejemplo, en muchos juzgados no se dispone de pantallas digitales de visualizaci¨®n, por lo que nos exigen las pruebas en papel y revisarlas convierte un juicio de 15 minutos en uno de cuatro horas, lo que lleva a muchos jueces a suspenderlo o a pedir directamente las conclusiones por escrito, lo que supone un retraso en ambos casos.

Adem¨¢s, G¨®mez destaca el elevado coste para las arcas p¨²blicas en forma de pago de salarios de tramitaci¨®n que las empresas reclaman al Estado, algo que se produce en aquellos despidos improcedentes en los que la empresa readmite al trabajador y han transcurrido m¨¢s de noventa d¨ªas h¨¢biles desde la interposici¨®n de la demanda hasta el dictado de la sentencia, la empresa puede solicitar la parte de los salarios de tramitaci¨®n que excedan de ese periodo de tiempo y las correspondientes cotizaciones. As¨ª, estos salarios de tramitaci¨®n reclamados a la Administraci¨®n estatal ascendieron a m¨¢s de seis millones de euros el pasado a?o, casi cuatro de ellos se generaron en Catalu?a y otro mill¨®n en Andaluc¨ªa, dos de los territorios con tasas de litigiosidad m¨¢s elevadas y mayores tiempos de espera para la resoluci¨®n de los procedimientos.

Ante este panorama, que se repite en otras jurisdicciones, el 20 de marzo del a?o pasado entr¨® en vigor el Real Decreto-Ley 6/2023 cuyo contenido tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales para aliviar la saturaci¨®n de los tribunales espa?oles. Ese texto recoge, entre otras medidas, la implantaci¨®n del pleito testigo (en los procedimientos de lo social y lo civil), que permite la resoluci¨®n de casos m¨²ltiples con un mismo objeto, evitando duplicidades en los juicios. La norma ampli¨® tambi¨¦n el l¨ªmite de reclamaciones laborales de 6.000 a 15.000 euros a trav¨¦s de juicio monitorio, lo que reduce la burocracia en los juzgados. Si bien, G¨®mez llamaba la atenci¨®n recientemente durante una jornada formativa organizada por Asnala y el Colegio de Abogados de Zaragoza, sobre la importancia de que ¡°no solo se comprendan las novedades introducidas por las normativas, como el Real Decreto 6/2023, sino tambi¨¦n de ponerlas en pr¨¢ctica de manera efectiva para mejorar la calidad de la justicia Social¡±.