El PSOE y Sumar pactan que las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas p¨²blicas

El Gobierno de coalici¨®n logr¨® este martes un acuerdo de ¨²ltima hora para sacar adelante la nueva Ley de Industria y Autonom¨ªa Estrat¨¦gica, aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tras una ronda de negociaciones que cogi¨® ritmo en la tarde del lunes, el PSOE y Sumar han consensuado una medida clave que obliga a las empresas a devolver todas las ayudas p¨²blicas recibidas, incluyendo los ERTE, si deciden deslocalizar su producci¨®n fuera de la zona euro. El objetivo de esta penalizaci¨®n es sostener al m¨¢ximo posible el empleo y las inversiones realizadas en Espa?a.

La norma, explican fuentes conocedoras, pretende asegurar las inversiones realizadas en Espa?a y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial tenga que anunciarlo con nueve meses de antelaci¨®n al Gobierno. En el caso de haber recibido ayudas p¨²blicas superiores a tres millones de euros, tendr¨¢ que devolverlas si reducen en m¨¢s de un 65% su producci¨®n o en 500 personas o m¨¢s su plantilla durante el periodo pactado, que ser¨¢ de tres y cinco a?os para pymes y grandes empresas, respectivamente.

Seg¨²n fuentes de Sumar la ley pone trabas decisivas a la deslocalizaci¨®n industrial a trav¨¦s de dos medidas ¡°muy importantes¡±. Por un lado, quien se vaya fuera del espacio econ¨®mico europeo de forma abrupta, es decir, antes del periodo pactado, tendr¨¢ que devolver el 100% de las ayudas p¨²blicas recibidas. Aqu¨ª se incluyen los ERTE (los expedientes de regulaci¨®n temporal del empleo) y el mecanismo RED, adem¨¢s de otras ayudas directas, que alcancen un importe superior a los tres millones de euros ¡ªen un principio el umbral era m¨¢s suave, de seis millones¡ª.

Por el otro, una deslocalizaci¨®n no podr¨¢ en ning¨²n caso ser la justificaci¨®n para un despido, una modificaci¨®n sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio, ni individual ni colectivo. De esta manera, insisten en Sumar, ¡°los fondos de inversi¨®n especulativos que trasladan las empresas de Espa?a a ?frica o Asia, despu¨¦s de recibir importantes ayudas p¨²blicas, no podr¨¢n beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislaci¨®n¡±.

Seg¨²n la formaci¨®n capitaneada por la vicepresidenta segunda, Yolanda D¨ªaz, este principio de condicionalidad es una herramienta esencial para evitar la p¨¦rdida de puestos de trabajo y garantizar un uso responsable de los recursos p¨²blicos. Y ponen como ejemplo el caso de Saint-Gobain, que cerr¨® su divisi¨®n de fabricaci¨®n de parabrisas en Avil¨¦s (Asturias) dejando a 160 trabajadores sin empleo.

En Sumar tambi¨¦n celebran que se haya incorporado al texto el principio de condicionalidad a la pol¨ªtica industria. De esta forma, la colaboraci¨®n p¨²blico-privada en Espa?a estar¨¢ condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental. La ley tambi¨¦n sit¨²a la transici¨®n ecol¨®gica en el centro de la pol¨ªtica industrial para que Espa?a aproveche la ventaja que proporcionan las energ¨ªas renovables como palanca para la reindustrializaci¨®n, reforzando tambi¨¦n la cohesi¨®n territorial.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, cuya versi¨®n inicial fue presentada a finales de 2022 por la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Desde el departamento liderado por el actual titular del ramo, Jordi Hereu, han seguido los tr¨¢mites para la aprobaci¨®n y destacan que se trata de una normativa ¡°hist¨®rica¡± y recalcan que ha sido elaborada en colaboraci¨®n con los agentes sociales. El texto, han dicho en varias ocasiones desde Industria, marcar¨¢ un hito al convertirse en la primera ley sectorial del siglo XXI, reemplazando la legislaci¨®n vigente desde 1992.

La normativa prev¨¦ institucionalizar los proyectos industriales estrat¨¦gicos, que ser¨¢n aquellos que cumplan al menos uno de los tres requisitos siguientes: que se trate de un volumen de inversi¨®n relevante por parte de una empresa o un conjunto de empresas que formen parte de un Perte (Proyectos Estrat¨¦gicos para la Recuperaci¨®n y Transformaci¨®n Econ¨®mica); que se trate de un proyecto en una actividad que ofrezca una ventaja competitiva para el pa¨ªs o que sirva para solucionar un problema de desindustrializaci¨®n. Tambi¨¦n propone la implantaci¨®n de los Perte como un elemento estructural y no como una herramienta puntual de apoyo a la industria, como lo es ahora.

La ley incluye tambi¨¦n la creaci¨®n de la ¡°Estrategia Espa?ola de Industria y Autonom¨ªa Estrat¨¦gica¡±, unas directrices generales que se?alan hacia donde deber¨¢ de dirigirse la pol¨ªtica industrial durante seis a?os. Dentro de ella, habr¨¢ dos planes estatales de tres a?os cada uno, que ser¨ªan programas concretos con medidas, recursos y procedimientos espec¨ªficos de apoyo a la industria. Adem¨¢s, se crea un nuevo consejo estatal de pol¨ªtica industrial, un ¨®rgano consultivo y de asesoramiento para la coordinaci¨®n entre los distintos ministerios.