El Gobierno revisa el examen de las pensiones para evitar una subida de cotizaciones

El Ministerio de Seguridad Social busca modificar el examen sobre la sostenibilidad de las pensiones para evitar subidas de cotizaciones. En esta evaluaci¨®n se incluir¨ªan conceptos que no estaban contemplados antes: las transferencias del Estado, las medidas que aumentan el empleo como la reforma laboral y las actualizaciones al alza del PIB. Este examen lo impuso Bruselas para asegurarse la sostenibilidad del sistema y debe elaborarlo la Autor...

El Ministerio de Seguridad Social busca modificar el examen sobre la sostenibilidad de las pensiones para evitar subidas de cotizaciones. En esta evaluaci¨®n se incluir¨ªan conceptos que no estaban contemplados antes: las transferencias del Estado, las medidas que aumentan el empleo como la reforma laboral y las actualizaciones al alza del PIB. Este examen lo impuso Bruselas para asegurarse la sostenibilidad del sistema y debe elaborarlo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) esta primavera por primera vez y, a partir de ah¨ª, cada tres a?os. Para ello, la instituci¨®n encargada de velar por las cuentas p¨²blicas debe tomar las proyecciones de gasto en prestaciones que public¨® la Comisi¨®n Europea en el llamado informe sobre envejecimiento. Y estas debe combinarlas con su valoraci¨®n propia de las medidas aprobadas por el Gobierno para aumentar la recaudaci¨®n. Una vez cruzados, si el gasto neto de medidas de ingresos supera el 13,3% del PIB en el promedio del periodo entre 2022 y 2050, entonces habr¨¢ que abordar un ajuste por valor del desfase encontrado. En el caso de que no se llegue a un acuerdo para las medidas compensatorias, habr¨¢ una subida autom¨¢tica de cotizaciones a lo largo de un lustro a raz¨®n de un quinto cada a?o.

El informe de envejecimiento ya se public¨® y la Autoridad Fiscal ya hab¨ªa hecho una valoraci¨®n previa de las medidas. Al juntar ambos sal¨ªa un ajuste del entorno de los 12.000 millones, un 0,8% del PIB teniendo en cuenta la primera de las dos ¨²ltimas actualizaciones al alza que ha hecho el INE del tama?o de la econom¨ªa.

Dado el escenario pol¨ªtico, lo m¨¢s probable es que se terminara adoptando una subida de cotizaciones. Esta se sumar¨ªa a una cadena de alzas ya en marcha por el mecanismo de solidaridad, el destope de las cotizaciones, la cuota de solidaridad en los sueldos altos y la igualaci¨®n progresiva de las cotizaciones de aut¨®nomos a las de los asalariados. El Gobierno preferir¨ªa no pasar por eso. Evitar¨ªa una alza que podr¨ªa tener alg¨²n efecto sobre el empleo y, sobre todo, evitar¨ªa dar la imagen de insuficiencia del sistema.

Para alejar esa posibilidad, el Ejecutivo prepara un Real Decreto, que ya ha pasado por audiencia p¨²blica, para modificar los criterios con los que se har¨¢ esa evaluaci¨®n. Quiere que se recojan como ingresos las transferencias que hace el Estado de impuestos a la Seguridad Social, por valor de unos 20.000 millones, y las medidas que indirectamente podr¨ªan elevar los ingresos porque aumentar¨ªan el empleo, como por ejemplo la reforma laboral, que incluso cita en el texto.

Fuentes de la Seguridad Social aseguran que con este texto legal no se est¨¢ cambiando el examen, sino que se est¨¢n clarificando determinados aspectos t¨¦cnicos en busca de una mayor seguridad jur¨ªdica: ¡°Las fuentes de ingresos ya est¨¢n por s¨ª detalladas en el art¨ªculo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que este desarrollo no introduce ninguna fuente nueva de financiaci¨®n¡±.

El Real Decreto tambi¨¦n establece que se tengan en cuenta las dos ¨²ltimas actualizaciones que ha hecho el INE del PIB. La primera ya se recogi¨® en el c¨¢lculo en el que se obtiene un 0,8% del PIB de ajuste. Si se a?ade la segunda, el ajuste podr¨ªa rebajarse en unas tres d¨¦cimas, seg¨²n diversas estimaciones.

Respecto a las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el anterior gobernador del Banco de Espa?a, Pablo Hern¨¢ndez de Cos, se?al¨® en varias ocasiones que supon¨ªa cambiar el agujero de sitio, endos¨¢ndolo al Estado. ¡°Hay que dejar claras las consecuencias para las generaciones j¨®venes¡±, dijo.

Como explica Miguel ?ngel Garc¨ªa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, cuando se establecieron los criterios del examen ya estaba contemplada esa transferencia del Estado y, por lo tanto, ya se ha incorporado para la previsi¨®n de gasto neto del 13,3% del PIB exigido por Bruselas. Esta transferencia ya se hab¨ªa aprobado en diciembre de 2021 y el examen se fij¨® en 2023. ¡°Ser¨ªa contarlos dos veces y, en consecuencia, se generar¨ªa respecto a la previsi¨®n un d¨¦ficit adicional por valor de la transferencia¡±, afirma.

De hecho, el anterior ministro de Seguridad Social, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, no la us¨® en el estudio que hizo sobre la sostenibilidad. S¨ª que tuvo en cuenta los mayores ingresos que en su opini¨®n podr¨ªa reportar la reforma laboral, el afloramiento de econom¨ªa sumergida y la subida del salario m¨ªnimo. Pero no imput¨® las transferencias del Estado. Tampoco las consider¨® la Autoridad Fiscal como nuevos ingresos cuando hizo su estudio.

En cuanto a las medidas que indirectamente aumentan las cotizaciones como la reforma laboral, el Real Decreto Ley en el que se aprob¨® el examen de las pensiones dice que solo se han de tener en cuenta aquellas medidas ¡°para fortalecer los ingresos del sistema p¨²blico de pensiones¡±.

No obstante, el Gobierno tratar¨¢ de defender que no importa el d¨¦ficit de las pensiones si ¨¦ste se asume con impuestos. En estos momentos, el d¨¦ficit contributivo supera los 50.000 millones, mientras que el d¨¦ficit del conjunto de las Administraciones se sit¨²a alrededor de los 45.000 millones. Ser¨¢ clave la opini¨®n de la Comisi¨®n Europea. A mediados de este mes tendr¨¢ lugar una reuni¨®n en Madrid. Y esta iniciativa ser¨¢ un punto candente, aunque en el contexto actual las preocupaciones son otras.

El Ejecutivo europeo ya modific¨® la reforma de Escriv¨¢ para obligarle a incluir este examen porque no consideraba que se fuera a mejorar la sostenibilidad con una reforma de pensiones que volv¨ªa a actualizar las prestaciones con el IPC y que no ofrec¨ªa nada sustantivo a cambio para compensar este aumento de gasto. Solo se afirmaba que con los incentivos para la jubilaci¨®n demorada la mitad de los trabajadores se van a jubilar voluntariamente tres a?os m¨¢s tarde de la edad legal. Y eso proporcionaba un ahorro para el sistema del 1,5% del PIB anual. Se alegaba adem¨¢s que el porcentaje de jubilados que retrasan su jubilaci¨®n ha subido del 5% al 9%. Pero dista mucho del 50% y parece dif¨ªcil que tanta gente quiera prolongar su vida laboral. Aun as¨ª, la Comisi¨®n lo compr¨®. M¨¢s tarde, el Banco de Espa?a ha calculado que har¨ªa falta, al menos, que todos los trabajadores demorasen tres a?os su jubilaci¨®n para lograr tales ahorros, ya que luego se pagan mayores pensiones.

El Tribunal de Cuentas Europeo (European Court of Auditors) presiona a la Comisi¨®n para que los fondos comunitarios, que han sido desembolsados por esta reforma, cumplan con los objetivos mandatados: si se ha aprobado una reforma que en realidad ha aumentado los n¨²meros rojos de las pensiones, el tribunal podr¨ªa dictaminar que se ha incumplido.

La Autoridad Fiscal tendr¨¢ por delante una labor dif¨ªcil. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, podr¨ªa argumentar que ese Real Decreto es una norma inferior que estar¨ªa alterando el esp¨ªritu de una superior, adulterando el prop¨®sito del examen de las pensiones. En el fondo, no se estar¨ªa evaluando el impacto en la sostenibilidad porque el agujero se estar¨ªa trasladando al Estado y seguir¨ªa existiendo. Por el contrario, fuentes de la Seguridad Social afirman que en ning¨²n caso pueden contradecir ni modificar la ley que desarrollan con el Real Decreto.