El d¨¦ficit del sistema de pensiones sin contar con la ayuda del Gobierno superar¨ªa al del conjunto de las administraciones p¨²blicas

El sistema p¨²blico de pensiones espa?ol tiene dos fuentes de financiaci¨®n. La principal son los ingresos por cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y los empresarios y que sirven para costear las pensiones actuales. Por eso es un sistema ¡°contributivo¡±, porque se costea fundamentalmente con las aportaciones de los ocupados en activo y ¡°de reparto¡±, porque los jubilados actuales reciben sus pensiones en funci¨®n de lo que han contribuido en el pasado y son pagadas por las aportaciones de los trabajadores en activo. Sin embargo, estas contribuciones no son suficientes para pagar la n¨®mina de las pensiones y por eso el sistema necesita de la segunda de otras fuentes de financiaci¨®n, que son los impuestos generales. Y en este punto llega el debate sobre el hecho de que el creciente abono de pensiones con impuestos detrae que estos se destinen a otros usos.

Partiendo del dise?o del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel ?ngel Garc¨ªa, llama la atenci¨®n sobre los n¨²meros rojos que representa la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos pagos por pensiones contributivas), sin contar la parte que se paga con los impuestos. Dicho saldo negativo habr¨ªa escalado en 2023 a 55.919 millones de euros, lo que equivale a 3,8 puntos de PIB, algo superior al d¨¦ficit con el que cerraron las administraciones p¨²blicas (3,7%).

Para llegar a esta cifra Garc¨ªa parte de los resultados oficiales del Sistema de Seguridad Social, que finaliz¨® 2023 con un d¨¦ficit equivalente al 0,6% del PIB, una cifra muy similar a la del a?o anterior. Si bien precisa este porcentaje aumentar¨ªa en dos d¨¦cimas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluye de los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ¡°porque estas son un ingreso no disponible para pagar las pensiones actuales puesto que se ingresa en el fondo de reserva que s¨®lo estar¨¢ disponible a partir de 2032¡å.

Dicho esto, este economista explica que para pagar toda la factura de las pensiones la Seguridad Social ha dispuesto, adem¨¢s de los ingresos netos ordinarios de las cotizaciones sociales, de otras dos transferencias espec¨ªficas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB): una para el pago de los complementos por m¨ªnimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuant¨ªa, destinada al pago de los que Garc¨ªa considera ¡°mal denominados¡± gastos impropios (19.886 millones de euros). De esta forma, si no se contabilizan estas transferencias de impuestos, lo que este investigador denomina ¡°saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social¡±, se situar¨ªa casi en el 2,7% del PIB. Y a esto a?ade otros 1,2 puntos de PIB en transferencias del Estado (tambi¨¦n de impuestos) para el pago de las pensiones de clases pasivas de los funcionarios jubilados. Con todo se llega al citado d¨¦ficit contributivo de 3,8 puntos de PIB que se tiene que financiar con deuda y con impuestos generales.

El Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Seguridad Social, rechaza esta contabilidad, argumentando que el recurso de pagar parte del sistema de pensiones con impuestos es leg¨ªtimo y muy com¨²n en otros pa¨ªses del entorno comunitario. Si bien, Garc¨ªa y otros muchos investigadores en materia de pensiones defienden que es precisamente esta radiograf¨ªa financiera del sistema la que permite analizar m¨¢s correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad.

Por tanto, para los defensores de esta contabilidad, es importante que la situaci¨®n financiera de solo la parte contributiva del sistema de pensiones ¡ªcuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y casi 30% del gasto p¨²blico total¡ª sea objeto de debate en la sociedad porque cuantos m¨¢s recursos de impuestos requiera la financiaci¨®n de las pensiones, menos financiaci¨®n habr¨¢ para otros posibles usos del gasto p¨²blico, alerta Garc¨ªa.

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