Las reclamaciones del cartel de los coches llama la atenci¨®n de los fondos
Un ¡®family office¡¯ del Principado capta 15 millones para poner la mayor demanda colectiva contra las marcas de veh¨ªculos que dar¨¢ a los inversores intereses del 10% anual
En 2015, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sac¨® los colores a 25 marcas de coches. Les acus¨® de formar parte de un cartel para pactar precios y perjudicar as¨ª a sus clientes. La gravedad de los hechos le llev¨® a imponerles una sanci¨®n de 171 millones de euros, confirmada despu¨¦s por el Tribunal Supremo. Pero esa multa no solventaba la trampa que pusieron a los compradores, fueran particulares o empresas, que entre febrero de 2006 y agosto de 2013 hab¨ªan adquirido veh¨ªculos por encima del precio justo si no hubiera habido concertaci¨®n entre los vendedores y se hubiera roto el principio de libre competencia. El enga?o, seg¨²n la CNMC, afect¨® al 91% de los veh¨ªculos vendidos en el pa¨ªs en esos seis a?os a trav¨¦s de una reducci¨®n de las pol¨ªticas de descuentos y un menor esfuerzo para aumentar la calidad del servicio.
Desde que se conoci¨® la sentencia han sido diferentes las demandas que han llegado a los juzgados. Los despachos de abogados consideran que podr¨ªa haber, a tenor de las matriculaciones de veh¨ªculos nuevos registradas aquellos a?os, hasta nueve millones de afectados. Cuanto m¨¢s tiempo pasa m¨¢s dif¨ªcil es encontrar y convencer a aquellas v¨ªctimas, pero los bufetes especializados en la reclamaci¨®n de da?os est¨¢n echando el resto. Ven negocio, como tambi¨¦n lo han visto los fondos de inversi¨®n.
Systema Capital, un multifamily office con sede en Andorra que ya entr¨® en 2019 en la batalla indemnizatoria del cartel de camiones, ha olido negocio, doblando la apuesta respecto al caso de los veh¨ªculos de gran tonelaje, y ha invertido 15 millones de euros a trav¨¦s de un fondo especializado para desarrollar una plataforma junto al despacho Allura & Peimondt que permita crear la mayor demanda colectiva sobre el caso. De momento, esa medalla la lleva colgada Redi Abogados a trav¨¦s de Cartel Damage Claims, que ostenta el r¨¦cord de representar a 13.000 afectados, aunque entre los que han acudido a los tribunales se encuentran tambi¨¦n la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) o BGI Law.
Objetivo: 100.000 veh¨ªculos
La alianza entre Systema Capital y Allura & Peimondt considera que con su esfuerzo econ¨®mico ¡ªuna buena parte de la inversi¨®n se dedica al marketing para buscar a posibles afectados¡ª podr¨ªa alcanzar los 100.000 veh¨ªculos. En esta batalla contra el cartel de coches es, de momento, el primero que, adem¨¢s de buscar particulares, est¨¢ enfocado en la b¨²squeda de compa?¨ªas propietarias de flotas de veh¨ªculos para reclamar la indemnizaci¨®n en los juzgados. Y es que, igual que con los turismos, se produjo un acuerdo para inflar los precios de las furgonetas.
El negocio de esta plataforma es claro. Considera que se produjo un sobrecoste medio de 3.000 euros por veh¨ªculo, lo que supone un negocio para ellos en torno a los 300 millones. Su trato con los potenciales clientes es quedarse un 30% de la indemnizaci¨®n aprobada en los tribunales (adem¨¢s del IVA correspondiente) en el caso de ganar. Si fracasan, el coste para el afectado ser¨ªa nulo. La rentabilidad estimada para el fondo de inversi¨®n es de un m¨ªnimo de un 10% anual de la inversi¨®n realizada y un m¨¢ximo del 20%, en funci¨®n del tiempo que pase en cerrarse cada una de las demandas. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea estableci¨® en 2022 que la reclamaci¨®n de da?os se podr¨ªa prolongar hasta 2026. ¡°Hemos hecho una estructuraci¨®n y creemos que todo puede pasar entre cinco y diez a?os¡±, se?ala Iv¨¢n Comerma, consejero delegado de Systema Capital.
El largo plazo se explica porque temen llegar hasta el Tribunal Supremo para acabar reclamando lo que ellos consideran la cifra justa de indemnizaci¨®n. ¡°Se est¨¢ indemnizando sobre el 7% del valor del veh¨ªculo, pero nosotros creemos que deber¨ªa estar entre el 10,5% y el 13%¡±, explica Manel Espinosa, socio fundador de Allura & Peimondt, cuya plataforma se conoce comercialmente como recuperatudinero. El bufete cree que esa infravaloraci¨®n se explica por la presentaci¨®n de informes periciales que no acaban de ser cre¨ªbles en los juzgados. Para fortalecer esa v¨ªa, hay una tercera pata en la alianza: la consultora PQAXIS est¨¢ elaborando las bases del informe pericial que seguir¨¢ las pautas de la Gu¨ªa de Cuantificaci¨®n de Da?os fijada por la CNMC. Una vez que el regulador dio por demostrada la trampa, reconocida por las marcas, el paso ahora para reclamar es la cuantificaci¨®n del da?o provocado. Seg¨²n Espinosa, fallar en el informe pericial puede suponer perder dos terceras partes de la indemnizaci¨®n: ¡°Los juzgados de lo mercantil reconocen que todav¨ªa esperan un informe pericial que marque un est¨¢ndar de calidad¡±.
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citro?n, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo son las marcas que participaron en el cartel y que ahora podr¨ªan tener que asumir sus responsabilidades ante sus clientes en los tribunales. Incluso Seat y las otras marcas de Grupo Volkswagen, que se libraron de m¨¢s de 30 millones de la multa de la CNMC por participar en el desmontaje de la asociaci¨®n para pactar precios, tienen que afrontar esas responsabilidades. Para conocer si un veh¨ªculo estuvo afectado por el fraude solo es necesario acreditar la adquisici¨®n y la matr¨ªcula.
Espinosa espera empezar a tener resultados en forma de las primeras sentencias a finales de este a?o. Pero admite que hay dificultades respecto a la interposici¨®n de demandas. ¡°Conseguir un 1% del total ser¨ªa todo un ¨¦xito¡±, dice el socio Allura & Peimondt. Uno de los obst¨¢culos es la falta de cultura en este tipo de casos, que s¨ª existe en otros pa¨ªses anglosajones. Otro es la edad de los afectados, con un m¨ªnimo de 40 a?os pero con un grueso que se va hasta los 60 y 70 a?os, lo que complica todav¨ªa m¨¢s la presentaci¨®n de demandas sobre todo por la barrera que supone confiar en internet, la principal v¨ªa de entrada de las reclamaciones para particulares.
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