Lo que no sucede en las universidades p¨²blicas espa?olas

Tanto en la investigaci¨®n social como en el periodismo, se escribe, se documenta o se analiza sobre lo que sucede. Dicho as¨ª, suena hasta demasiado obvio. Ahora bien, actualmente, en los escenarios sociales de los relatos interesados como las fakenews o de los discursos de la posverdad, quiz¨¢s la tarea desde el periodismo o la investigaci¨®n sea observar hacia lo que no sucede o, al menos, hacia donde parece que nada sucede. ?Por qu¨¦?, porque, quiz¨¢s, lo que se nos presenta como existente sea una realidad construida interesada al poder, ya sea ¨¦ste econ¨®mico, pol¨ªtico o universitario.

En las universidades p¨²blicas espa?olas no sucede que se logre la estabilidad laboral y vital para el personal investigador y que se reconozca el trabajo real del profesorado asociado, ya que, fundamentalmente, lo que no pasa es que se cumplan las leyes laborales o las propias de la universidad y de la ciencia.

Durante este a?o, 2022, se ha revisado y modificado la Ley de la Ciencia de 2011, adem¨¢s se han aprobado regulaciones laborales que dejan fuera de lo legal a los contratos por obras y servicios a fin de que se extiendan los contratos indefinidos. Este cambio, realizado para mejorar la situaci¨®n de los y las trabajadoras y por mandato de las pol¨ªticas europeas, preocupa a los gobiernos universitarios pues parece que no est¨¢n dispuestos a establecer relaciones laborales indefinidas por mucho que las leyes les obliguen. En el pasado octubre, en unas jornadas sobre cultura laboral en investigaci¨®n, escuchamos bastantes casos y situaciones en los que las gerencias universitarias encontraban recovecos para realizar contratos en pr¨¢cticas a personas con m¨¢s de diez a?os de experiencia postdoctoral o para mantener a personal investigador con sucesivos contratos temporales ?durante 20 a?os!

La Ley de Universidades, a punto de aprobarse, representa tambi¨¦n una buena ocasi¨®n para revisar la figura del profesorado asociado. Por ejemplo, todav¨ªa en convocatorias de la Universitat de Val¨¨ncia, publicadas en el mismo Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para plazas de profesorado asociado aparecen las expresiones ¡°o reincorporaci¨®n de la persona titular¡± o ¡°provisi¨®n de la plaza vacante¡±. ?Se ha usado y se usa al profesorado asociado para hacer sustituciones cuando la Ley de Universidades vigente lo define como profesional de prestigio para aportar su experiencia a la universidad y justifica su relaci¨®n temporal en esa especial figura? Una definici¨®n que se mantiene en la que va ser la nueva Ley. De nuevo, lo que no sucede es que se cumpla la ley.

En la carrera de los y las investigadoras, sus inicios dependen de contratos de proyectos de investigaci¨®n o de convocatorias para la contrataci¨®n de personal investigador, como las conocidas convocatorias Ram¨®n y Cajal o Mar¨ªa Zambrano. Gracias a esos contratos o convocatorias, las universidades espa?olas se financian, mayormente de dinero p¨²blico, para producir investigaci¨®n ¨Dde la que punt¨²a alto en los rankings¨D, al mismo tiempo que niegan la relaci¨®n estable con el personal investigador. Un caso similar al del profesorado asociado que realiza sustituciones para bajas, sab¨¢ticos y disminuci¨®n de la carga docente a coste muy bajo y que sostiene m¨¢s del 50% la docencia en grados universitarios. Una oferta acad¨¦mica, la de los grados, por la que las universidades p¨²blicas reciben subvenci¨®n, nuevamente de dinero p¨²blico, pero tambi¨¦n se niegan a establecer una relaci¨®n estable con el profesorado asociado.

No punt¨²a en los ¡®rankings¡¯

No sucede que al poder universitario le interese dar estabilidad al personal laboral porque su bienestar no punt¨²a ni en los rankings ni su voto tiene peso en las todav¨ªa elecciones censitarias universitarias. Y esto no va a cambiar en la nueva ley de universidades. El poder universitario no ha cumplido las leyes hasta ahora y nada hace pensar que vaya a cambiar.

Es importante ser conscientes de que tampoco sucede que las personas implicadas en estos procesos ¨Dpersonal investigador y profesorado asociado¨D puedan permitirse denunciar la situaci¨®n sin poner en riesgo la renovaci¨®n contractual de su singular puesto de trabajo, por lo que solo podr¨¢n denunciar, con la Ley en su mano, cuando la relaci¨®n se termine.

Se?or ministro de Universidades, como investigador social, deber¨ªa plantearse analizar lo que no sucede, porque si no puede que nos encontremos con el ejercicio de que todo cambie para que todo siga como est¨¢.

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