El Congreso da luz verde a la reforma de la Universidad para modernizarla

La redacci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU) nunca ha despertado un gran inter¨¦s en la opini¨®n p¨²blica y la clase pol¨ªtica durante los tres a?os de intensas negociaciones, pero la crisis institucional sin precedentes que se vive en Espa?a ha terminado de desplazar la atenci¨®n sobre una reforma esencial para el devenir econ¨®mico y social del pa¨ªs, y no solo para los 1,6 millones de estudiantes y 210.000 profesionales (de ellos 128.000 profesores investigadores) directamente implicados. La norma ha sido aprobada este jueves en el Congreso con los 179 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, M¨¢s Pa¨ªs y PDeCAT, Comprom¨ªs y Teruel Existe.

La LOSU, que ahora pasar¨¢ por el Senado y volver¨¢ al Congreso para ser votada de nuevo a finales de febrero ¨Dsi se cumple el calendario previsto por el Gobierno¨D, ha tenido que salir adelante con mayor¨ªa absoluta (no simple), porque se trata de una norma org¨¢nica (requerida constitucionalmente para regular ciertas materias). Todos los grupos coincid¨ªan en la necesidad de elaborar una nueva norma con la vista puesta en los retos venideros ¨Daunque no con el resultado final¨D, pues la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU, 2001) lleva vigente dos d¨¦cadas, desde tiempos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Luego fue modificada parcialmente por los socialistas en 2007 para adaptar el texto al Plan Bolonia promovido desde Bruselas.

El Gobierno central incluy¨® a principios de 2021 en el paquete de compromisos con la Uni¨®n Europea para recibir 70.000 millones de euros de los fondos de recuperaci¨®n la reforma de las universidades p¨²blicas, la digitalizaci¨®n de los campus y la recualificaci¨®n de la plantilla, aunque la ley ya se estaba negociando. El entonces ministro Manuel Castells parti¨® de cero, quiso hacer un texto de consenso, de forma casi asamblearia, escuchando a los distintos colectivos (sindicatos, rectores y estudiantes), pero pronto se dio cuenta de la enorme complejidad de su prop¨®sito, pues los intereses son en muchas ocasiones divergentes.

Esa diversidad de opiniones llev¨® a Castells a dar enormes bandazos al documento para intentar contentar a todos y al final provoc¨® en noviembre de 2021 el plante de los rectores, que se negaron a emitir un informe preceptivo para que la ley siguiese su tramitaci¨®n y el rechazo frontal de los estudiantes. Pese a ello, Castells asegur¨® en EL PA?S contar con los votos ¨D¡±Podr¨ªamos aprobar la ley del Sistema Universitario ma?ana, pero quiero que sea consensuada¡±, dijo¨D, aunque a?adi¨®, consciente de la inviabilidad de poner en marcha una reforma con los actores afectados en contra: ¡°No podemos salir en un a?o y a la fuerza de 20 a?os ca¨®ticos de escasez, desorganizaci¨®n y semilegalidad [en la universidad]¡±.

En diciembre de 2021, el catedr¨¢tico en Ciencias Pol¨ªticas Joan Subirats sustituy¨® al soci¨®logo Castells, aquejado de problemas de salud, y pidi¨® unos meses para hacer suya la ley. Tanto la ha cambiado que poco se parece al proyecto inicial. Subirats, con fama de buen negociador, ha escuchado, pero no ha actuado de forma asamblearia. Esta argumentaci¨®n de Subirats resume muy bien su prop¨®sito: ¡°Al final, con esa ley cada universidad tiene que decidir qu¨¦ quiere ser de mayor y tomar decisiones de acuerdo a sus expectativas. Las hay con aspiraciones internacionales y otras que, sin renunciar a ello, son muy fuertes en su ¨¢mbito territorial¡±.

Doble v¨ªa laboral

Este marco general que deja hacer a cada campus gusta en general a los rectores y sobre todo a los partidos nacionalistas, que criticaban el intervencionismo de la propuesta de Castells, que legislaba mucho m¨¢s. Por ejemplo, marcaba un m¨¢ximo de representantes en el claustro. A PNV, Esquerra y PDCAT (Junts, en cambio, present¨® una enmienda a la totalidad aunque este jueves se ha abstenido) les convence tambi¨¦n la doble v¨ªa laboral, reclamada por sus universidades, que permite contratar a profesores titulares y catedr¨¢ticos que no son funcionarios (como en el resto de Europa). Esta duplicidad, como era previsible, no les gusta nada a los sindicatos y a los rectores.

La conferencia de rectores mejor¨® sus relaciones con el ministerio con su cambio de presidente ¨Dde Jos¨¦ Carlos G¨®mez-Villamandos, hoy consejero del PP en Andaluc¨ªa, al progresista Juan Romo, de la Carlos III¨D y finalmente han dado su brazo a torcer. En ello ha jugado un papel clave que los rectores van a poder elegir a un tercio de los miembros del consejo de gobierno ¨Dhasta ahora designan solo a los vicerrectores y el equipo de gesti¨®n¨D, el brazo ejecutor de la universidad, lo que les proporcionar¨¢ una mayor libertad de acci¨®n. Hoy los decanos pueden bloquear cualquier reforma del rectorado.

A los sindicatos, los ¨²nicos que no terminaron enfrentados a Castells ¨Daunque s¨ª con el proyecto inicial¨D, les disgusta esta composici¨®n del consejo de gobierno, pero han sacado, en cambio, un serio recorte de la precariedad laboral. Hasta 25.000 falsos profesores asociados ¨Dsin otro trabajo principal, como exige esa figura laboral¨D firmar¨¢n contratos indefinidos con dedicaci¨®n parcial, con lo que logran derechos de antig¨¹edad o de optar a complementos salariales como premio a su labor docente. Adem¨¢s, en 10 a?os los doctorandos lograr¨¢n un puesto fijo no funcionario (contratado doctor). Si no fuera por la nueva ley, lo que sucede ahora es que en pocas ocasiones logran esa plaza antes de cumplir 40 a?os de edad.

PP, Vox y Ciudadanos, como los consejos sociales ¨Del puente entre la sociedad y la empresa y la universidad¨D, creen que la ley es ¡°una oportunidad perdida¡± para hacer unos campus m¨¢s ¨¢giles de gesti¨®n, con menos ¨®rganos de decisi¨®n, con un modelo m¨¢s parecido al de las grandes compa?¨ªas. Contar con el apoyo del PP era inviable. Vot¨® solo hace un a?o incluso en contra de la ley de Formaci¨®n Profesional, pactada con los agentes sociales (CEOE y sindicatos) y que cont¨® con la abstenci¨®n de Vox.

La CUP (en contra) y Bildu (abstenci¨®n) no han apoyado la ley, entre otras cosas, pues consideran que se est¨¢ produciendo una mercantilizaci¨®n de la universidad, dotando a las privadas de los mismos derechos pero no deberes que las p¨²blicas.

La norma introduce tambi¨¦n medidas financieras para frenar el cambio clim¨¢tico, de igualdad (se contratar¨¢ al candidato del sexo menos representado en igualdad de condiciones de idoneidad) o contra los colegios mayores que sigan segregando (no podr¨¢n estar vinculados a una universidad p¨²blica) que convencen a M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs o Teruel Existe.

Subirats insiste tambi¨¦n en la universidad para todos ¨Duna persona con conocimientos en un campo podr¨¢ cursar una carrera relacionada o un curso de especializaci¨®n aunque no cuente con el t¨ªtulo de bachiller¨D, la ciencia abierta ¨Dlos art¨ªculos de los campus p¨²blicos tienen que ser de acceso libre, con independencia de qui¨¦n los ha financiado¨D o la ciencia ciudadana, en la que participe toda la sociedad.

En el texto final se afirma que ¡°el objetivo¡± es que las comunidades inviertan un 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2030 en universidades, pero ya no aparece como una obligaci¨®n como en el proyecto de Subirats. De no hacerlo, dif¨ªcilmente se podr¨¢ aplicar la LOSU, que tiene que ir acompa?ada de un fuerte desembolso econ¨®mico para ser viable.

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