La pol¨ªtica educativa y la escuela concertada: salir del letargo

El informe que hemos publicado sobre las cuotas de la ense?anza concertada en Espa?a (con Lucas Gort¨¢zar y ?ngel Mart¨ªnez) es un an¨¢lisis sin precedentes de la situaci¨®n financiera del sector, de las aportaciones de las familias y de las l¨®gicas que hay detr¨¢s del cobro de cuotas. Por primera vez abrimos la caja negra de qui¨¦n paga o cobra cuotas y qu¨¦ cantidades se pagan en un sector extremamente diverso, a pesar de que se lo trate como si no lo fuese.

La relaci¨®n entre el sector p¨²blico y el sector concertado est¨¢, desde hace demasiado tiempo, en estado de letargo. Un letargo voluntario y aceptado por las partes interesadas: las administraciones proveen plazas escolares a menor coste, los centros legitiman sus cobros a las familias en la infrafinanciaci¨®n, y las familias se quejan poco o nada porque al pagar buscan obtener mejores prestaciones y distinci¨®n social. Se trata, pues, de una situaci¨®n de equilibrio que invita al inmovilismo y a la que se suman tambi¨¦n las voces que reclaman la supresi¨®n del sector concertado, una posici¨®n maximalista ¨Dalejada de la posibilidad del sistema de prescindir de toda la red concertada¨D y simplista ¨Dpues plantea este punto como soluci¨®n ¨²nica a todos los males de la educaci¨®n¨D. La suma, por tanto, es perfecta para que nadie mueva ficha en el tablero. Las voces resurgen para enconarse en sus posiciones, entre el lamento de la infrafinanciaci¨®n, la cr¨ªtica a la discriminaci¨®n del sector y el mejor no meneallo de los gobiernos.

Nuestro estudio confirma intuiciones compartidas sobre los distintos tipos de escuela concertada: infrafinanciada o sobrefinanciada, que presta servicios b¨¢sicos o servicios premium, que cobra m¨¢s o menos. Pero aporta por primera vez datos que no pueden ignorarse y constituyen una invitaci¨®n a actuar. Veamos los m¨¢s destacados. Primero, no es cierto que toda la escuela concertada est¨¦ infrafinanciada. La hay con problemas de financiaci¨®n y la hay con saldo positivo antes de cobrar cuotas e incurrir en gastos no concertados. La diversidad de efectos de la pol¨ªtica de conciertos existe entre comunidades aut¨®nomas y dentro de las mismas. El tama?o del centro o los m¨®dulos de c¨¢lculo son factores que generan esta desigualdad dentro del sector y, por tanto, las comunidades aut¨®nomas deber¨ªan revisar lo poco equitativo internamente que es el sistema de reparto. Seg¨²n datos de la propia contabilidad de los centros, solamente un 38% est¨¢n infrafinanciados antes de contar las cuotas. Evidentemente, es leg¨ªtimo debatir sobre qu¨¦ costes no cubre el concierto y deber¨ªa cubrir, pero no todos los centros est¨¢n en situaci¨®n precaria antes de solicitar aportaciones a las familias. Segundo, las diferencias en las cuotas del sector concertado son alarmantes. Entre los 300 euros de cuota anual que pagan las familias con menor poder adquisitivo a los m¨¢s de 1.000 euros de las m¨¢s pudientes. Hay por lo tanto un tipo de escuela concertada para cada segmento de renta familiar, pero todas pueden acceder en las mismas condiciones al concierto con la administraci¨®n p¨²blica. Tercero, hay una parte del sector que est¨¢ muy lejos del inter¨¦s p¨²blico que motiva su concierto y que se lucra con su actividad. Son centros bien financiados, pero que adem¨¢s cobran cuotas por encima de sus gastos no concertados. Los cuantificamos entre un 15% y un 17%. Y cuarto, hay un volumen importante de centros que no est¨¢ en situaci¨®n econ¨®mica precaria, pero cuyas cuotas se sit¨²an por debajo de sus gastos no concertados. Este grupo (casi un 30% del sector) puede reunir desde centros cuyos gastos no concertados son b¨¢sicos, hasta centros al que las cuotas no les alcanzan porque ofrecen muchos servicios extra, servicios que ser¨ªa necesario conocer y auditar.

Este ejercicio de cuantificaci¨®n de la diversidad interna de la escuela concertada aporta una evidencia que desacredita el reduccionismo de determinadas posiciones e interpela a las partes ¨Dy sobre todo a las administraciones educativas¨D a cambiar las reglas del juego del sector. El inter¨¦s p¨²blico en educaci¨®n es incompatible con el cobro de cuotas ¨Daunque se planteen formalmente como voluntarias¨D en tanto que act¨²an como barreras de acceso y exclusi¨®n y, por consiguiente, acaban siendo un mecanismo de segregaci¨®n. Del mismo modo, es razonable entender que no se puede exigir corresponsabilidad en la escolarizaci¨®n de alumnado vulnerable si no se compensan situaciones de infrafinanciaci¨®n o el alumnado no puede acceder a determinadas ayudas por el hecho de escolarizarse en centros concertados.

Despertar del letargo exige valent¨ªa pol¨ªtica, pr¨¢cticamente ausente desde la aprobaci¨®n de la LODE en 1985, y requiere de menos recursos econ¨®micos de los que pudiera parecer. Es necesario ordenar el volumen, caracter¨ªsticas y precios que ofrece el sector concertado, condicionando el concierto a lo que sea efectivamente un servicio de inter¨¦s p¨²blico. Conviene, por ejemplo, regular los precios del comedor escolar (a menudo una fuente de financiaci¨®n indirecta de los centros concertados) y equipararlos con el sistema p¨²blico. Es necesario asimismo auditar la contabilidad de los centros para poder distinguir qu¨¦ gastos son susceptibles de ser concertados con la administraci¨®n y qu¨¦ cuotas no pueden cobrarse porque rompen con el principio de gratuidad del servicio y son generadoras de exclusi¨®n. Debe recurrirse al contrato-programa como instrumento de financiaci¨®n de los centros concertados, dando recursos suplementarios a los que efectivamente sean corresponsables con la escolarizaci¨®n de alumnado vulnerable. Finalmente, el d¨¦ficit de financiaci¨®n del sector puede resolverse con redistribuci¨®n interna. No es justo ni razonable mantener conciertos por valor de 1.250 millones de euros con centros que obtienen beneficio econ¨®mico. Destinar esos recursos a cubrir las necesidades de los centros infrafinanciados no s¨®lo es viable, sino que seg¨²n nuestras estimaciones generar¨ªa incluso ahorro p¨²blico.

En definitiva, una pol¨ªtica de talla ¨²nica no puede resolver el problema de un sector tan diverso y desigual. Es necesario establecer costes te¨®ricos por plaza escolar en todas las comunidad aut¨®noma y solo mejorar la financiaci¨®n si se cumplen unas nuevas reglas de juego para acceder a la misma, que pasan inevitablemente por asegurar que los centros concertados cumplen con la funci¨®n y los principios de un servicio p¨²blico educativo. Solo as¨ª conseguiremos que la diversidad del sistema educativo no se traduzca en desigualdad.

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