Los rectores de las universidades p¨²blicas madrile?as denuncian que la ley que prepara Ayuso invade su autonom¨ªa

El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso ha redactado el borrador de su Ley de Ense?anzas superiores, Universidades y Ciencia de espaldas a la comunidad afectada (rectores, sindicatos y estudiantes) y antes de que se haga p¨²blico el documento definitivo, con 250 art¨ªculos ¨Dcircula un resumen de ocho p¨¢ginas con poca concreci¨®n¨D, los m¨¢ximos dirigentes de los campus p¨²blicos de Madrid, reunidos en la Conferencia de Rectores de las Universidades P¨²blicas de Madrid (CRUMA), hicieron llegar el pasado jueves una respuesta muy cr¨ªtica de 18 p¨¢ginas al consejero Emilio Viciana.

¡°Las propuestas se presentan en ausencia de un hilo conductor, sin que se detalle la estrategia que se persigue para el espacio madrile?o de educaci¨®n superior¡±, lamentan en su an¨¢lisis, al que ha tenido acceso EL PA?S, y le reprochan que pueda aspirar a ¡°remediar solo la LOSU [la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario, la estatal de 2023]¡± desaprovechando la oportunidad de ¡°fortalecer su espacio¡±, puede leerse en el escrito.

La respuesta de los rectores es especialmente significativa porque, en primer lugar, es muy poco habitual que los rectores de la CRUMA emprendan iniciativas como esta de forma conjunta y, adem¨¢s, varios de ellos son muy pr¨®ximos al PP.

Los rectores de las universidades Complutense, Aut¨®noma, Carlos III, Alcal¨¢, Polit¨¦cnica de Madrid y Rey Juan Carlos, que resaltan que el conocimiento que tienen de la ley es ¡°parco¡±, temen que varias propuestas de la norma puedan ¡°afectar directamente a la autonom¨ªa universitaria y a la organizaci¨®n de las universidades, generando situaciones inciertas y con car¨¢cter que puede considerarse invasivo sobre la autonom¨ªa universitaria¡±.

Los rectores consideran que la ley no aborda la mejora de la calidad de los campus, ni su internacionalizaci¨®n, porque se centra en Sudam¨¦rica descuidando Europa; y que se pierde la ocasi¨®n de definir c¨®mo ser¨¢ la financiaci¨®n plurianual ¨Dcasi todos los gobiernos auton¨®micos cierran acuerdos para una media de cuatro a?os con sus universidades, mientras en Madrid no saben de cu¨¢nto dinero van a disponer el curso siguiente¨D cuando en su opini¨®n sus campus est¨¢n ¡°seriamente en riesgo¡±.

Madrid es la autonom¨ªa que menos invierte por alumno en Espa?a y en la que las familias m¨¢s pagan de matr¨ªcula. ¡°Por cierto que, en esta l¨ªnea, no hemos sido convocados a ninguna reuni¨®n sobre el presupuesto de las universidades para el a?o 2025¡å, aprovechan los rectores para se?alar, ¡°a pesar de haber reclamado abordar este asunto¡±.

Distrito ¨²nico de pr¨¢cticas. ¡°La Comunidad de Madrid se constituye en un distrito ¨²nico a efectos de la regulaci¨®n y gesti¨®n del sistema de pr¨¢cticas curriculares y extracurriculares de los alumnos de educaci¨®n superior¡±, se afirma en el borrador. Los rectores consideran que no se puede limitar a las empresas su actividad a estar en un distrito, si acaso a las p¨²blicas.

A los responsables acad¨¦micos les inquieta que no se garantice primero las plazas de la p¨²blica cuando la norma habla de ¡°igualdad de oportunidades entre todos los alumnos¡± sin priorizar a sus matriculados. Y en especial les alarma el caso de Medicina, pues deducen que en los hospitales concertados se les va a dar el mismo trato, ¡°resultando una discriminaci¨®n para las p¨²blicas al carecer de los instrumentos econ¨®micos y contractuales¡± para competir con las privadas. Recuerdan que ellos costean los sueldos de los profesores en los hospitales y no pueden impartir clase a los de las privadas.

Expansi¨®n de los campus privados. A las seis instituciones p¨²blicas, que no crecen desde 1996, les intranquiliza sobremanera la expansi¨®n de las privadas que son ya 13 y pronto 15 y la proliferaci¨®n de centros adscritos a universidades en otros territorios, como el que va a abrir la Cat¨®lica de Murcia en Torrej¨®n de Ardoz. Remarcan, y lo confirman los rankings de calidad universitaria, que falta ¡°una estrategia de requisitos¡±, de masa cr¨ªtica (tienen un tama?o muy reducido) y solvencia docente e investigadora. A su juicio, parte de los beneficios de estas privadas deber¨ªan de revertir en la Comunidad de Madrid.

Vandalismo. El Gobierno de Ayuso quiere castigar los actos de vandalismo y los escraches y los rectores recuerdan al consejero que estos ya est¨¢n sancionados en la ley de convivencia universitaria de 2022, en el caso de los estudiantes y en el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico (1986) en el caso de la plantilla.

Elecci¨®n de rector y gerente. El Ejecutivo pretende que solo puedan ser rectores los catedr¨¢ticos (como era hasta la LOSU) o los acreditados a esta figura cuando la nueva ley estatal permite que lo sean profesores titulares que hayan demostrado solvencia docente, investigadora y experiencia en gesti¨®n; y los rectores recuerdan al consejero que ambas normas pueden colisionar.

Pero m¨¢s que la elecci¨®n a rector, les molesta que en la de gerente, el Gobierno regional pretende ¡°fijar las caracter¨ªsticas¡± de la selecci¨®n, lo que en su opini¨®n es una intromisi¨®n en su autonom¨ªa porque este forma parte del equipo rectoral. No les gusta tampoco a los rectores que haya siempre un interventor del Consejo Social, sostienen que deber¨ªa limitarse a casos en los que se ¡°detectasen problemas en sus presupuestos¡±.

Financiaci¨®n. Los rectores pretenden que se aclare qu¨¦ significa que la Comunidad va a cubrir el 70% del cap¨ªtulo de gastos, pues quieren tener la garant¨ªa de que la financiaci¨®n b¨¢sica se cubre (incluida la investigaci¨®n estructural), porque no se especifica qu¨¦ comprende. Adem¨¢s, pretenden que se tenga en cuenta el tama?o y las singularidades de cada campus.

La LOSU obliga a que en 2030 los gobiernos regionales inviertan el 1% del PIB (no est¨¢ claro si regional o nacional), pero la norma madrile?a lo pasa por alto. Y no ponen reparos a desarrollar una contabilidad anal¨ªtica que les permita, por ejemplo, saber cu¨¢nto realmente invierten.

Actividad investigadora. Los rectores reprochan a Viciana que no haya un cap¨ªtulo de innovaci¨®n y transferencia de conocimientos y que pongan condiciones especiales para lograr una plaza de profesor ayudante doctor (dos a?os de estancia en una universidad distinta), pues ¡°puede resultar contraria a derecho¡± y ¡°aboca a dejar desiertos la mayor¨ªa de los concursos¡±. Porque muchos asociados no han estado en otros centros y muchos posdoctorales tampoco.

El Ejecutivo no quiere desarrollar la figura de profesor permanente laboral (no funcionario) y eso los rectores creen que ¡°coloca a los profesores madrile?os en inferioridad de condiciones¡± respecto a otros.

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