Historia de una cooperativa desahuciada

Alarma social y querellas

El fiasco de las 175 promociones en toda Espa?a y m¨¢s de 22.000 viviendas sociales proyectadas era raz¨®n m¨¢s que suficiente para que a finales de 1993 la alarma social cundiera entre el colectivo de socios, y que se manifest¨® en airadas protestas, principalmente por las calles de Madrid. A pesar de la intervenci¨®n administrativa, la maquinaria judicial se puso en marcha y las querellas de los cooperativistas comenzaron a llover sobre IGS, gestora de la promoci¨®n, PSV y la propia UGT. ?sta se vio obligada a comprometer todo su patrimonio para respaldar p¨²blicamente el proyecto y tranquilizar a los miles de perjudicados. El hist¨®rico dirigente ugetista Nicol¨¢s Redondo abandonar¨ªa su responsabilidad poco tiempo despu¨¦s.

Teresa Palacios, la juez encargada del caso, impuso una de las fianzas m¨¢s altas de la historia judicial espa?ola -65.000 millones, luego rebajados a 18.587-. Como imputados se sentaron en el banquillo, entre otros, Carlos Sotos, antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid reconvertido en gestor inmobiliario; Sebasti¨¢n Reyna, responsable de finanzas del sindicato UGT en la ¨¦poca; y su antecesor, Paulino Barrab¨¦s, nombre hist¨®rico del PSOE. Cuando se abri¨® el juicio oral en 1998, tambi¨¦n aparec¨ªan en la lista de imputados, junto a los anteriores nombres, Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Jes¨²s A¨ªna y Primitivo ?lvaro. Posteriormente se retirar¨ªan las acusaciones contra estos dos ¨²ltimos.

IGS y UGT

La Promoci¨®n Social de Viviendas se organiz¨® en torno a una gestora, IGS, que administraba el dinero de los asociados. Precisamente, las acusaciones de apropiaci¨®n indebida planteadas tienen su origen en un contrato firmado entre IGS y UGT por el que la primera entregaba a la segunda 80.000 pesetas por cada piso gestionado -en total, 1.000 millones-, a cambio de que PSV utilizara la infraestructura y el aparato de publicidad del sindicato. La operaci¨®n era legal, seg¨²n los antiguos administradores de PSV, porque los sindicatos pod¨ªan "establecer contratos legalmente", a diferencia de los partidos pol¨ªticos, cuya dudosa financiaci¨®n era examinada con lupa en aquellos tiempos.

En cualquier caso, el informe del fiscal en el proceso se?al¨® que los intercambios comerciales ascendieron a 4.000 millones de pesetas. Parte de ese dinero se destin¨® a la adquisici¨®n, por parte de IGS, de empresas deficitarias que pertenec¨ªan a UGT (la aseguradora Unial, Viajes Libertur, Tipograf¨ªa Torreblanca).

Los gestores, en el intento por mantener limpio su honor, han declarado que, despu¨¦s de a?os de investigaciones, se ha demostrado que nadie meti¨® la mano en la caja de PSV y "distrajo" dinero de las aportaciones de los cooperativistas en su propio beneficio.

El problema se alivia

De los m¨¢s de 22.000 socios afectados, 6.517 se adhirieron a las querellas contra los responsables de la cooperativa y el sindicato. De ese total, alrededor de 3.600 formalizaron los mandatos de acusaci¨®n contra los querellados, seg¨²n datos del sumario. No obstante, con el paso de los a?os, la situaci¨®n se ha ido aliviando, en gran medida porque muchos agraviados han conseguido el bien por el que iniciaron la lucha judicial.

Del total de viviendas proyectadas se han finalizado y entregado alrededor de 12.000. De los 6.000 reclamantes, casi la mitad han recibido finalmente su piso, y pr¨¢cticamente la mitad restante el dinero comprometido en la operaci¨®n. El perjuicio m¨¢s com¨²n, entre aquellos que recuperaron la casa, fue el 7% de derrama que tuvieron que abonar para culminar las obras. Quienes se dieron de baja -alrededor de 7.000 personas- s¨®lo lograron recuperar el 75% de su dinero tras una quita del 25%.

Por otra parte, algunos agraviados por la debacle de PSV han obtenido, a la larga, beneficios por la arriesgada inversi¨®n inicial en la vivienda. Gracias a la reventa del piso hasta un 30 o 40% por encima del valor escriturado, estos afectados se han resarcido de las penurias de otros tiempos. Y ello a pesar de que la ley prescribe un plazo de diez a?os -todav¨ªa no cumplido- para poner a la venta un piso de protecci¨®n oficial subvencionado.