PP y PSOE alcanzan un acuerdo 'in extremis' en torno a la Ley de Partidos
El Parlamento no podr¨¢ pedir directamente la ilegalizaci¨®n de un partido sino que tendr¨¢ que solicit¨¢rlo al Gobierno, que a su vez se lo pedir¨¢ al Ministerio Fiscal
Socialistas y populares han alcanzado un acuerdo en torno a la futura Ley de Partidos al borde de las 20.00 horas, plazo l¨ªmite fijado para la presentaci¨®n de enmiendas al proyecto.
Tal y como estaba acordado, el Gobierno y el Ministerio Fiscal podr¨¢n instar la ilegalizaci¨®n de un partido. En cuanto a la legitimaci¨®n del Parlamento, principal escollo de las negociaciones, los diputados no podr¨¢n solicitar directamente la ilegalizaci¨®n de un partido, tal y como exig¨ªa el PP. Tendr¨¢n que proponer esta medida al Gobierno para que a su vez lo solicite al Ministerio Fiscal.
El portavoz del Grupo Socialista, Jes¨²s Caldera, ha confirmado el acuerdo para la reforma de la ley de Partidos Pol¨ªticos, extensible a su juicio a CiU y Coalici¨®n Canaria. "Hemos trabajado bien, todos nuestros objetivos se cumplen y mostramos nuestra satisfacci¨®n", ha proclamado.
El secretario general del PP, Javier Arenas, ha asegurado por su parte que el acuerdo "es una mala noticia para ETA y para Batasuna".
La ley, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de abril, comenzar¨¢ a discutirse en el Parlamento el pr¨®ximo d¨ªa 23 de mayo.
Escollos superados
Las intensas negociaciones de los ¨²ltimos d¨ªa hab¨ªan permitido ya limar algunas diferencias. El PSOE, preocupado porque la actual redacci¨®n de la ley podr¨ªa permitir la ilegalizaci¨®n de un partido republicano o antisistema, solicit¨® una "poda de expresiones indeterminadas" en el art¨ªculo 9, el relativo a las causas de disoluci¨®n. Los populares aceptaron ¨¦ste cambio porque "no plantean cuestiones de fondo".
As¨ª, los motivos que llevar¨ªa a ilegalizar un partido pol¨ªtico ser¨ªan "la justificaci¨®n o exculpaci¨®n de atentados, o de persecuci¨®n por motivos de ideolog¨ªa o raza", el "fomentar, propiciar o legitimar la violencia" o el "apoyar a organizaciones terroristas".
Adem¨¢s, los socialistas hab¨ªan propuesto que la ilegalizaci¨®n se pudiera solicitar s¨®lo por conductas registradas tras la entrada en vigor de la Ley, es decir, que la medida no sea retroactiva, algo que el PP tambi¨¦n acept¨®.
Casi 200 enmiendas
El proyecto finalmente ha sido objeto de la presentaci¨®n de un total de 191 enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, pese a ser una norma de tan s¨®lo 13 art¨ªculos y media docena de disposiciones.
La mayor¨ªa de las enmiendas presentadas se centran en el art¨ªculo nueve, que establece las causas de posible ilegalizaci¨®n, y el und¨¦cimo, que preve¨ªa qui¨¦n est¨¢ legitimado para instar a la ilegalizaci¨®n de una fuerza pol¨ªtica, as¨ª como en la disposici¨®n transitoria, donde se inclu¨ªan lgunos aspectos tachados de retroactivos por la oposici¨®n.
El PNV ha sido el partido que ha presentado mayor n¨²mero de enmiendas (56), seguido de CiU, que ha propuesto 38 y de Izquierda Unida, que aporta 22. Los dos grupos mayoritarios protagonistas de la negociaci¨®n y del posterior acuerdo, han sumado 28 enmiendas (17 del PSOE y 11 del PP).
Adem¨¢s de las enmiendas parciales, siete formaciones pol¨ªticas han mostrado su rechazo global a la iniciativa. Se trata de Izquierda Unida (IU), el PNV y cinco partidos del Grupo Mixto -Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Eusko Alkartasuna (EA) y la Chunta Aragonesista (CHA)-, que suman un total de 22 diputados.
Uno de ellos, ERC, ha presentado incluso un texto alternativo.
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