El PP cree que la v¨ªa de Garz¨®n para ilegalizar Batasuna es m¨¢s lenta que su ley de partidos

El Gobierno cree totalmente compatible la 'v¨ªa penal' contra Batasuna abierta por el juez Baltasar Garz¨®n en la Audiencia Nacional en su ¨²ltimo auto judicial, que considera a esa formaci¨®n una 'empresa de ETA', y el camino 'democr¨¢tico constitucional' previsto en la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos, en fase de negociaci¨®n con el PSOE y otras formaciones parlamentarias. Dirigentes del PP apuntaron ayer que el proceso penal iniciado por Garz¨®n es 'paralelo', pero podr¨ªa resultar m¨¢s 'complicado y lento' que el se?alado en la Ley de Partidos para esa ilegalizaci¨®n.

La investigaci¨®n judicial dirigida por el juez Baltasar Garz¨®n contra ETA y cualquiera de sus tramas parece claramente encarrilada hacia el pr¨®ximo objetivo de la ilegalizaci¨®n de Batasuna, a la que califica en su ¨²ltimo auto como una 'empresa de ETA'.

Las investigaciones que llevaron a la detenci¨®n, la semana pasada, de 11 miembros y dirigentes de Batasuna arrancaron del sumario 18/98-W, de Garz¨®n. El auto de procesamiento de varios dirigentes de KAS sobre financiaci¨®n de ETA, dictado en noviembre de 1998, apuntaba la necesidad de investigar las empresas utilizadas para aportar fondos a la banda (Banaka y las herriko tabernas) o el aparato de relaciones externas de la izquierda radical abertzale, entre otros aspectos. La investigaci¨®n sobre esas organizaciones llevaron a la detenci¨®n de sus supuestos responsables y, m¨¢s tarde, a la ilegalizaci¨®n o clausura de las entidades tras se?alarlas como parte integrante de ETA.

Las pesquisas condujeron a la detenci¨®n, en septiembre de 1999, de 20 miembros de Ekin, sucesora de KAS, a los que Garz¨®n acus¨® de estar integrados en ETA. Tras enviar a prisi¨®n a 18 de ellos, el 20 de marzo de 2001 el juez declar¨® la ilicitud de las actividades de dicha formaci¨®n. Simult¨¢neamente, Garz¨®n arremeti¨® contra Xaki, el supuesto ministerio de exteriores de ETA, al que finalmente no ilegaliz¨® pero s¨ª clausur¨®, en marzo del mismo a?o.

Por las mismas fechas fueron detenidos 15 cabecillas de Haika (organizaci¨®n juvenil fruto de la fusi¨®n de Jarrai y la francesa Gazteriak), una operaci¨®n que acab¨® con la ilegalizaci¨®n de dicha entidad y sus ep¨ªgonos (Segi), en mayo de 2001.

Las investigaciones se dirigieron luego contra Gestoras pro Amnist¨ªa, grupo de apoyo a los presos y deportados etarras. El auto de encarcelamiento de 11 de ellos supuso la posterior ilegalizaci¨®n de Gestoras, el 19 de diciembre de 2001, y la de Askatasuna, su prolongaci¨®n.

KAS, Xaki, Haika, Gestoras

El mismo proceso se est¨¢ repitiendo ahora con Batasuna, ya que tras la detenci¨®n el lunes pasado de 11 de sus dirigentes, Garz¨®n ha acusado a la formaci¨®n radical de formar 'parte org¨¢nica' de la estructura de ETA'.

Distintos dirigentes del PP y del PSOE indicaron ayer que aguardan un inminente requerimiento de Garz¨®n procediendo a la suspensi¨®n de Batasuna y proclamando de nuevo la ilicitud de sus actividades. Ese paso no afectar¨¢, seg¨²n el Gobierno, a los planes del PP y del PSOE para lograr la ilegalizaci¨®n de Batasuna a trav¨¦s de la nueva ley de Partidos Pol¨ªticos, todav¨ªa en fase de negociaci¨®n parlamentaria.

El ministro de Justicia, ?ngel Acebes, explic¨® ayer a EL PA?S que 'ambos procedimientos est¨¢n previstos en la nueva ley, son perfectamente compatibles y llevan v¨ªas paralelas'. Acebes detall¨®: 'Tanto la ley de partidos todav¨ªa vigente, de 1978, como la nueva, que acaba de entrar en el registro del Congreso para su discusi¨®n parlamentaria, contemplan las dos v¨ªas y sus propios cauces para la posible ilegalizaci¨®n de un partido: la penal y la democr¨¢tico-constitucional'.

En la nueva Ley de Partidos, dentro del art¨ªculo 10 sobre Disoluci¨®n o suspensi¨®n judicial, en el punto dos se detallan los dos casos. En el apartado A se prev¨¦ la disoluci¨®n o suspensi¨®n de un partido 'cuando incurra en supuestos tipificados como asociaci¨®n il¨ªcita en el C¨®digo Penal'. Y en los apartados B y C para 'cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democr¨¢ticos' o 'cuando no respete en sus actividades los principios democr¨¢ticos y los valores constitucionales'. En esos dos ¨²ltimos supuestos, seg¨²n lo establecido al respecto en los art¨ªculos 7, 8 y 9 de la Ley Org¨¢nica de Partidos Pol¨ªticos.

El ministro de Justicia corrobora, por tanto, que las actuaciones judiciales de Garz¨®n estar¨ªan claramente determinadas por el primer escenario de vulneraci¨®n del C¨®digo Penal mientras que la v¨ªa m¨¢s pol¨ªtica seguir¨ªa su curso y ser¨ªa 'igualmente necesaria' ante otras actuaciones de Batasuna a lo mejor no tan bien tipificadas desde un punto de vista criminal pero claramente inconstitucionales.

De hecho, el Gobierno no renunciar¨¢ a continuar por la v¨ªa 'democr¨¢tico constitucional' para ilegalizar Batasuna si Garz¨®n acaba reclamando por su parte primero su suspensi¨®n y su posterior ilegalizaci¨®n.

La citada ley de Partidos, en el punto 5 del art¨ªculo 10, ya establece esa 'eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos' en los supuestos anteriores respecto a la ilegalizaci¨®n de un mismo partido. Y se?ala expresamente que esa coincidencia 'no interferir¨¢ la continuaci¨®n de ambos' procedimientos 'hasta su finalizaci¨®n, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos'.

Fuentes de la direcci¨®n nacional del PP argumentaron incluso que aunque el juez Garz¨®n reclame en breve la ilegalizaci¨®n de Batasuna, ¨¦sta no ser¨ªa efectiva hasta disponer de una sentencia firme de la Audiencia, algo que podr¨ªa tardar meses en producirse porque 'un procedimiento penal es mucho m¨¢s complicado y complejo, incluso para recabar las pruebas'. Sin embargo, el art¨ªculo 11 de la nueva ley de Partidos establece un plazo de s¨®lo dos meses para instruir todo el procedimiento que lleva a la disoluci¨®n de una formaci¨®n pol¨ªtica.

Lo que s¨ª reconocen fuentes del Gobierno, del PP y del PSOE es que ya no tendr¨ªa sentido la v¨ªa pol¨ªtica para la ilegalizaci¨®n de Batasuna si existiese una sentencia firme anterior buscada por Garz¨®n por la v¨ªa penal.

Qu¨¦ sala del Supremo

Los interlocutores del Gobierno y del PSOE han quedado emplazados esta pr¨®xima semana para discutir de ¨¦ste y otros puntos pol¨¦micos de la nueva ley de partidos. Como por ejemplo la capacidad de los parlamentarios de instar la ilegalizaci¨®n, que el Ejecutivo del PP considera innegociable y que el PSOE cree innecesaria si el proceso se deja en manos de la Fiscal¨ªa del Estado.

Otro de los puntos oscuros a resolver es el del ¨®rgano judicial que proceder¨ªa en cualquier caso a la citada ilegalizaci¨®n. El Gobierno propone la de la sala especial del Tribunal Supremo. Fuentes judiciales y del PSOE observan algunos reparos y constatan que podr¨ªan producirse problemas para actuar contra la posible presencia de aforados de Batasuna (diputados auton¨®micos) y de comunidades aut¨®nomas diferentes, como el Pa¨ªs Vasco y Navarra.