La Fiscal¨ªa se querella contra Atutxa por su negativa a disolver al grupo sucesor de Batasuna

La Fiscal¨ªa General del Estado ha presentado una querella por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco contra el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, y contra los miembros de la Mesa de la C¨¢mara de Vitoria Gorka Kn?rr, de EA, y Kontxi Bilbao, de IU, por su negativa a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), que orden¨® el Supremo.

Seg¨²n el texto presentado por la Fiscal¨ªa, los tres querellados han podido incurrir en un delito de desobediencia, "previsto y penado en el art¨ªculo 410.1 del C¨®digo Penal" al existir "una abierta negativa, concluyente, aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la h¨¢bil direcci¨®n del se?or Atutxa, a cumplir una resoluci¨®n judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento hab¨ªa sido reiterado y emanada de un ¨®rgano judicial competente". Seg¨²n la fiscal¨ªa, los querellados han "recurrido a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposici¨®n a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala".

El art¨ªculo 410.1 del C¨®digo Penal define como desobediencia la de "las autoridades o funcionarios p¨²blicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales". Por este delito, se establece una multa econ¨®mica a fijar por el juez competente y a la inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os.

Negativa voluntaria

Seg¨²n la querella, "la negativa abierta, voluntaria e intencional" se hace patente, a juicio de la Fiscal¨ªa, desde el oficio del 8 de mayo de 2003, en el que el Parlamento Vasco afirma su intenci¨®n de defender la dignidad democr¨¢tica e institucional de la C¨¢mara,"y en la ulterior conducta de los querellados". Adem¨¢s, considera que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados en cuanto resulta inveros¨ªmil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado". Es m¨¢s, "no es imaginable que los acusados desconociesen las normas que imponen el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales".

En ese sentido, recuerda los preceptos de la Constituci¨®n "suficientes claros y expresivos que consagran lo que es al mismo tiempo la m¨¢xima adquisici¨®n y el fundamento del Estado Constitucional de Derecho: la sumisi¨®n de todos -incluidos los poderes p¨²blicos directamente vinculados con el principio mayoritario -al imperio de la Ley y la posici¨®n prevalente de los derechos fundamentales".

En su escrito, la fiscal¨ªa solicita, adem¨¢s, que declaren en concepto de imputados las tres personas querelladas y como testigos los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco Carmelo Barrio y el secretario primero (Manuel Huertas).